AIMSA
Por Roberto Mendoza
Por estos días, las dos principales provincias mineras del país –Santa Cruz y San Juan– están discutiendo la reforma al sistema de regalías mineras que perciben de los yacimientos en actividad.
Algunos medios, analistas y funcionarios que han opinado sobre el tema, han demostrado no manejar la información completa, o soslayar detalles importantes del tema.
Una regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes o marcas, a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, ubicados en su ámbito geográfico, habitualmente no renovables.
La regalía, entonces, no es un impuesto, sino un resarcimiento al titular originario de un derecho o un recurso, por su explotación comercial y obtención de renta, y se supone que su utilización por parte, en este caso, del estado, debe estar orientada a inversiones que aseguren la generación de nuevas fuentes de ingresos y de trabajo, cuando el recurso se agote.
La regalía es una herencia directa de los tiempos de la dominación española. Quienes hacían negocios en Europa con los bienes y recursos extraídos del continente americano, pagaban su tributo a la corona de España o Portugal –antecedente de los impuestos– y a su vez dejaban un porcentaje de lo obtenido para el gobierno colonial, ya que éste no recaudaba impuestos ni tributos.
El paralelo se mantiene hasta nuestros días. Las empresas mineras pagan sus impuestos a la Nación –IVA, ganancias, impuesto al cheque, etc–, y a las provincias, como titulares originarios del recurso, una regalía calculada sobre el valor de boca de mina, menos costos de extracción.
En la actualidad, la alícuota que se aplica para calcular regalías, no puede superar el 3% del valor del mineral extraído, y es competencia de las provincias definir si toman ese total o aplican valores menores.
Inicialmente, Santa Cruz decidió aplicar valores menores (entre 1 y 2% de acuerdo al nivel de procesamiento que se hiciera en Santa Cruz del mineral extraído), como una forma de proponer una especie de medidas promocionales –que se acompañaron con quitas en ingresos brutos y sellos–, pero el tiempo demostró lo lógico: una minera no se instala en Santa Cruz porque pague menos impuestos, sino porque el mineral está aquí, y aumentará el nivel de proceso en el lugar de acuerdo a proyecciones económicas, geológicas y técnicas en las que uno o dos puntos más o menos de tributo no influyen demasiado.
Por ello –y por su necesidad de aumentar la recaudación para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas– se decidió eliminar los incentivos y llevar las regalías al máximo posible (3%) para todos los yacimientos en producción y los que se instalen en el futuro. Las empresas mineras han manifestado públicamente que aceptarán ese aumento, aún cuando, de acuerdo a la ley de inversiones mineras, algunas podrían aducir que no les correspondería, porque la estructura impositiva tiene determinada una estabilidad de 30 años a partir de la entrada en producción, pero ya han comunicado, al menos informalmente, que no harían uso de ese derecho.
Al mismo tiempo, el estado provincial ha tratado de acordar un fondo fiduciario para financiar obras de infraestructura y desarrollo, y aquí el acuerdo no es tan preciso, ya que las mineras que están en producción –Cerro Vanguardia, Mina Martha, Manantial Espejo y San José– proponen que justamente la diferencia entre las regalías que pagan actualmente y las que abonarían a partir de 2011, sea lo que integre ese fondo, a lo que se sumarían los acuerdos particulares que tiene cada operador con los municipios, como el caso de San Julián, cuya agencia de desarrollo recibe un porcentual de las utilidades de Cerro Vanguardia para financiar proyectos de desarrollo.
Argentina navega en la franja media de aportes que exige por regalías, en el panorama mundial, y es una de las que más percibe por impuestos nacionales.
De 75 países mineros en el mundo, solamente 12 cobran regalías, y nuestro país se ubica en el sexto lugar.
Por su parte, de acuerdo a la ganancia, Latinoamérica percibe en promedio un 39%, Australia el 34,4%, Sudáfrica el 40%, Chile el 43,9% y Argentina el 52%.
El cúmulo de exenciones o beneficios fiscales que se aplican sobre la actividad, apuntan a la etapa de exploración (inversión de riesgo) y recupero de inversión en maquinaria y equipos, y no difieren de exenciones similares de las que gozan la gran mayoría de las actividades productivas (petróleo, energía, agro).
De cualquier manera, en el reparto y aprovechamiento de la renta minera, el tema central sigue siendo cómo se aprovecha lo que queda de la inversión minera, y cómo se reparte.
En el promedio nacional, de cada 100 pesos que genera un yacimiento, 46 son tomados por la masa tributaria (2,73 van a regalías, es decir, las provincias), 29 a insumos nacionales y 25 a insumos importados. Es decir que el 75% se vuelca en el país.
Cabe destacar que, en valores reales, lo que recibe Santa Cruz en materia de regalías es inferior a lo que ingresa por coparticipación de lo que tributan las mismas mineras al estado nacional, que se incrementa si se le suman los impuestos que abonarán los proveedores locales por los negocios hechos con las mineras.
En resumen, de acuerdo al corte de datos que se haga, el análisis del impacto de la actividad minera en la economía provincial será auspicioso o descartable. Si se toma la participación directa en el presupuesto provincial, dicho impacto es exiguo, y así lo han señalado algunos diputados al analizar los números del déficit. Pero si se le agrega lo que vuelve por coparticipación, esa participación crece considerablemente, y si se le suman los impuestos que abonan proveedores en forma directa y trabajadores de manera indirecta, aumenta mucho más.
El desafío, entonces, no es que las mineras aporten para abonar salarios estatales, sino que funcionen como una actividad sustentable que permita que cada vez más santacruceños no solamente no necesiten del estado para vivir, sino que con su trabajo o su comercio, también aporten al crecimiento y desarrollo de Santa Cruz.
Una Santa Cruz que, al igual que en los inicios del período democrático, en 1983, sigue discutiendo cómo crecer, cómo industrializarse y, fundamentalmente, cómo lograr el crecimiento que permita reducir drásticamente la participación del estado en la economía provincial sin reducirlo, sino ampliando el volumen de las actividades productivas, la mano de obra que ocupan y la cantidad de bienes y servicios que contratan al sur del paralelo 46º.
