Agencia Fe
Ricardo Mascheroni, docente e investigador de la UNL, se refirió al debate que se generó sobre el tema. Además habló de la necesidad de discutir las relaciones de la universidad con las empresas.
La semana pasada, la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral (Adul) organizó el panel debate “¿Cómo afectan los fondos de la Minera La Alumbrera a la universidad pública?”. Entre los disertantes se encontró Ricardo Mascheroni, quien también dialogó con Diario UNO sobre los fondos mineros y el impacto social y ambiental de esa actividad económica.
El docente e investigador de la UNL hizo hincapié en la necesidad de que el debate sobre esos fondos abra la discusión sobre el modelo económico que necesita el país y la necesidad de cuidar los recursos y el medio ambiente en general.
Además se refirió a la vinculación que tienen muchas empresas privadas con las universidades nacionales y cómo muchas veces se ven condicionadas las investigaciones por el financiamiento privado o los sistemas de padrinazgo.
—¿En qué situación está la minería?
—Nos encontramos frente a un problema de actualidad que es la gran minería a cielo abierto en toda la Cordillera de los Andes. Hay un potencial tremendo desde el punto de vista económico y productivo y eso se da de patadas con la continuidad, la sanidad y vida de los pueblos radicados en esa región. La minería, como otros problemas típicos de la producción, tiene aristas que son ambientales, donde indudablemente hay un temor generalizado, justificado y racional por el sistema productivo. Se moviliza gran cantidad de áridos, se utilizan químicos altamente tóxicos como cianuro y mercurio, y se destina al proceso gran cantidad de agua en zonas donde no abunda. Además hay cuestiones polícitas y económicas que deben analizarse. La minería tiene hoy una serie de exenciones impositivas, de modo que todo el país, de alguna manera, subsidia esta actividad, aunque los réditos para la Argentina son muy chicos. En Santa Fe se puede comparar con lo que fue La Forestal, un polo económico y de desarrollo limitado en el tiempo y cuando se acabó la materia prima abandonaron la producción, los pueblos, los caminos, las escuelas y el agua potable. A más de 100 años de haber empezado la producción, los santafesinos seguimos pagando las consecuencias ambientales y económicas de ese modelo.
—¿Cómo y cuándo comienza la vinculación de la actividad con las universidades nacionales?
—Hay que entender que la discusión por los fondos mineros es ambiental, política, económica y moral. Casi todos los emprendimientos mineros que hay en el país están, de una forma u otra, asociados a los gobiernos provinciales. La ley Nº 14.771, de 1958, que creó Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD) tenía un objetivo loable, establecía la distribución de fondos entre el Estado nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán. Además establecía un fondo para todas las universidades nacionales con el objetivo de que puedan dedicarlo a la investigación. Eso se está cumpliendo. En 2008 se entregaron 50 millones de pesos a las 40 universidades nacionales que componen el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); y en 2009 fueron 36 millones de pesos. Frente a eso empieza otra discusión que es la moral. Tiene que ver con dar señales por parte del Estado al resto de la sociedad. Desde ese punto de vista, si bien tenemos que entender que esos pagos son absolutamente legales, creo que no es ético recibir los fondos. Pero eso ya queda a criterio de las universidades y la discusión interna que den sobre el tema. Así hubo casas de estudio que rechazaron la recepción de los fondos y otras que no. Pero eso se da dentro de una discusión mayor que es cuál es el modelo de país que queremos para nosotros y las futuras generaciones. Eso no está definido por ninguna de las propuestas electorales. ¿Qué van a plantear en la próxima campaña electoral? ¿Prohibición de la minería? ¿Cambio de los roles?
—¿Cómo comienza el cambio social respecto a los problemas ambientales?
—Los problemas ambientales y sociales no son exclusivos de los pocos malos, sino que también tiene que ver la responsabilidad de los muchos buenos. Creo que esto se revierte con educación, la docencia es una herramienta de cambio. Pero debe haber una reflexión madura de todos los actores involucrados. Hay quienes dicen que los recursos naturales deben estar en manos del Estado y yo coincido pero decir eso no significa que los procesos productivos cambien porque a veces no hay otros. O si los hay, no son económicamente rentables. Creo que lo de los fondos mineros es secundario, aunque es saludable la discusión. Las universidades reciben muchos más fondos de cientos de actividades y empresas degradantes y contaminantes de una magnitud mayor todos los días pero no se produce el mismo debate. Las petroleras y multinaciones del agronegocio financian laboratorios e investigaciones, entre otras cosas. Eso debe servir como disparador de una discusión más amplia, ¿la universidad debe ser únicamente financiada por el Estado?
—Sobre esa relación que menciona entre las universidades y las empresas privadas, ya hubo reclamos por parte de Adul (Asociación Docentes de la Universidad del Litoral). ¿Qué opinión le merece lo que pasa en esa casa de altos estudios?
—La UNL no es una isla en la Argentina. En los últimos años, las universidades, producto de sus déficits presupuestarios, salieron a seguir investigando como podían. Esa es la realidad. En un momento de crisis nacional hicieron acuerdo con empresas cuya actividad no afecta o mejora el ambiente, pero también lo hicieron con empresas nefastas. Los servicios a terceros son un ejemplo, una cosa es cuando se realizan para el Estado y otra cuando son para determinadas empresas. Muchas veces las evaluaciones de impacto ambiental son condicionadas por los que ponen la plata. Eso hay que decirlo y rediscutirlo. La universidad no puede estar al servicio de la empresa privada que ponga el dinero. Sino que tiene que estar al servicio del crecimiento de la República Argentina y eso significa que valen más los habitantes que los intereses financieros y económicos de determinadas empresas. Hay que entender que la investigación asociada no puede estar condicionada a la necesidad de la empresa. Y esa discusión no se está dando. Pero no sólo hay falta de transparencia en las universidades sino también en los docentes que salen a buscar esas investigaciones. Porque frente a los bajos sueldos, los trabajos a tercero le permiten el pleno rol para el que se habían especializado y también un plus económico. Entonces las empresas terminan definiendo cuáles son las investigaciones que se tienen que hacer, financian aquellas que tienen que ver con sus actividades y no las que hacen al desarrollo de la Argentina. La plata siempre condiciona.
