BAE
POR ARTURO H. TRINELLI
Politólogo UBA-CLICeT
Hace unas semanas, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo de paz social con representantes de la actividad minera, a fin de evitar conflictos que alteren la productividad del sector y entorpecer el humor social de cara a las elecciones del año que viene. El acto fue encabezado por la propia Presidenta Cristina Fernández, quien resaltó la importancia de la minería como un sector estratégico para diversificar la matriz energética, pero al mismo tiempo destacó que sólo es viable aquella compatible con el medio ambiente. Expuso, así, uno de los aspectos más polémicos que envuelve a la minería extractiva a gran escala, y en particular la de oro a cielo abierto cuya explotación requiere de químicos altamente tóxicos que ponen en riesgo reservas acuíferas naturales.
Más allá que hoy cualquier deterioro ambiental producido genere enormes consecuencias económicas, el problema es muy complejo como para encararlo sólo desde una perspectiva ecológica.
El compendio legal que envuelve a la actividad lo encabeza la ley 24.196 de Inversiones Mineras de 1993, a partir del cual los estados provinciales (con capacidad para administrar y usufructuar los recursos naturales de sus territorios) sólo pueden participar como prestadores de servicios, otorgan estabilidad fiscal por treinta años y definen un exiguo porcentaje en regalías, de sólo el 3% del valor neto del producto final (es decir, el monto resultante luego de descontar los gastos realizados para la explotación de la mina).
Si bien la última Encuesta Nacional Minera del 2007 publicada por Indec habla de poco más de 19.000 empleos directos, en la actualidad estimaciones oficiales indican que, fruto de la construcción de al menos 15 proyectos mineros de envergadura internacional e inversiones por arriba de los 130 mil millones de pesos, el nivel de ocupación del sector rondará los 450.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. De todas maneras, más allá de la compra local de insumos corrientes, la mayoría de los bienes de capital que requieren para su actividad son importados, con lo cual la generación de empleo indirecto es bastante más relativo.
BAJO LA ALUMBRERA. Bajo La Alumbrera puede servir de ejemplo para estimar el impacto económico de la minería extractiva, principalmente de oro. Se encuentra radicada en la provincia de Catamarca desde el año 1997 y es uno de los emprendimientos más antiguos en el sector.
En sentido amplio, la región del Noroeste Argentino (NOA) presentó en el primer semestre de 2010 un aumento del 23% en sus exportaciones a igual período del año anterior, según se observa en el informe del Ministerio de Economía que da cuenta de cómo han evolucionado los Complejos Exportadores Provinciales durante ese período.
El sector minero ocupó el primer lugar en el ranking, con un incremento del 30% en las exportaciones como consecuencia del alza del concentrado de cobre. Las exportaciones de minería, a su vez, constituyen el 96,1% de las exportaciones totales de la provincia, es decir, casi toda su economía se estructura en torno a la producción minera. Para Catamarca supone, además, liderar las exportaciones de la región, que constituyen un 38,1% de las exportaciones totales del NOA. Sin embargo, la participación provincial en el volumen total exportable del país apenas representa un 2,4%. Al mismo tiempo, la EPH del Indec difundida recientemente muestra que Catamarca posee la tercera mayor tasa de desempleo de la Argentina, de 9%, superior incluso a la media actual, detrás de Salta (11,6%) y del Gran Buenos Aires (9,1%). Además, ese informe también señala que el NOA continúa siendo la región del país que registra el índice más elevado de pobreza, de casi un 15%.
La realidad de Catamarca, por lo tanto, no ha cambiado demasiado en el escenario nacional y aún hoy, pese al sostenimiento de una política económica en el país que intenta atenuar las diferencias regionales, continúa presentando los mismos índices de marginalidad y pobreza de siempre, aún con la minería aurífera funcionando en plenitud desde hace años.
CONCLUSIONES. Los grandes optimistas en cuanto a la potencialidad de la megaminería como actividad impulsora de desarrollo local deberían considerar el caso Catamarca para tener mejor perspectiva de las reales potencialidades de esta industria. Ningún país del mundo ha superado la pobreza gracias a la minería aurífera. Tal vez tenga incidencia en el crecimiento económico y en la mejora del PBI, pero su "derrame" en la generación de encadenamiento de valor (inversiones, empleo, etc) es marginal.
En ese sentido, las políticas macroeconómicas pueden contribuir a la diversificación productiva, pero no deben perder de vista la naturaleza dinámica y compleja del desarrollo.
El mismo estará dado sólo por industrias que permitan un encadenamiento de valor local capaces de reducir las históricas desigualdades regionales del país. Para ello, es necesario evaluar el rendimiento de todos los sectores de la economía, apoyar a los que generen mayor desarrollo local genuino y volcar los recursos de los menos eficaces en pos de aquellos que garanticen mejores índices de empleo, inversión y sean compatibles con el medioambiente.
Por lo tanto, entre las posiciones que debaten sobre esta actividad, una alternativa podría ser aumentar la participación del Estado en las ganancias de las empresas instaladas en el país. Para ello, es necesario modificar la legislación, que hoy es sumamente favorable a las transnacionales mineras. Como sostiene Andrés Asiain, economista del CEMOP, "la actividad minera casi no paga impuestos, excepto un 3% de regalías y entre el 5 y 10% de retenciones sobre el valor exportado según declaración jurada de las empresas, además de recibir en muchos casos energía subsidiada,".
En segundo lugar, una mayor participación del Estado en esta industria también sería estratégica en el contexto de crisis internacional actual, donde se acaba de enunciar la posibilidad a futuro de un reemplazo del dólar como moneda de reserva y un eventual retorno al patrón oro. En ese sentido, frente a la "guerra de divisas" que tiene en vilo al sistema monetario mundial, la dirigencia política Argentina debería interrogarse las razones por las cuales grandes empresas transnacionales realizan enormes inversiones para la explotación de oro en el país. Así, probablemente se pueda concluir lo fundamental que sería la creación de una empresa pública nacional que intervenga en la actividad aurífera, en sintonía con la mayor participación del Estado registrada en los últimos años en sectores claves de la economía donde, hasta el 2003, tenía una posición secundaria. En un capitalismo que en el nuevo siglo parece avanzar en el usufructo privado de recursos naturales, los nuevos términos de soberanía imponen una participación más activa del Estado como garante en el cuidado de sus recursos y socio fundamental en su explotación.
