El Ancasti
El 11 de enero, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, desembarcó en Andalgalá y reactivó la polémica con el oficialismo provincial en torno a la política minera. Llegó, dijo lo que tenía que decir, el Gobierno respondió lo que tenía que responder, y la controversia dejó en un segundo plano el motivo formal de la visita del funcionario, que era la inauguración de un lavadero industrial, un taller de oficios y una bloquera, cuyas instalaciones fueron financiadas por las empresas Minera Alumbrera y Agua Rica. Es decir que Mayoral vino a prestar marco político a la acción de beneficencia de las firmas mineras, que se arrogan el crédito exclusivo por su generosa actitud. La puesta en escena omite un dato central: el dinero para los emprendimientos pertenece también al Gobierno, ya que, como se sabe. el Estado provincial forma parte como socio de Minera Alumbrera a través de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Todo bien con la promoción de emprendimientos y la generación de puestos de trabajo, pero de ningún modo esto obedece a un acto de desprendimiento exclusivo de los holdings mineros.
El dinero invertido en el lavadero industrial, el taller de oficios y la bloquera de Andalgalá sale de las utilidades que Minera Alumbrera obtiene por la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, de las cuales un 20% le corresponden a YMAD. Y de lo que YMAD embolsa, un 60% es para la provincia de Catamarca. La ecuación es sencilla: lo que haya puesto Minera Alumbrera para las instalaciones inauguradas en Andalgalá también es de la provincia de Catamarca, ya que si Alumbrera gasta, la provincia recibe menos dinero por las utilidades de YMAD. A menos que los recursos invertidos pertenezcan a los accionistas de Minera Alumbrera, cuestión que sería bueno se aclarara, para saber a quién deben agradecerles los andalgalenses y los catamarqueños. También es para destacar que lo que se deriva a este tipo de acciones, muy promocionadas, significan enormes sumas de dinero que la empresa deja de pagar en concepto de impuestos a las Ganancias. Con lo cual la generosidad corporativa que se proclama se reduce bastante.
Lo dicho no significa que tales inversiones sean innecesarias, pero sí poner las cosas en su justo punto. Porque si es por el discurso empresario, que omite aludir a la participación del Estado provincial, los desembolsos vendrían a constituirse en una especie de magnánimo acto de desprendimiento. La historia completa es que los millones que sales por un lado, implican el recorte de millones que dejan de entrar por el otro en la medida de la participación del Estado provincial en las utilidades. Como es lógico, tampoco el secretario Mayoral hizo mención alguna a esta circunstancia. En cambio disparó sobre la política minera provincial, con razonables, aunque no novedosos, argumentos, aprovechando que no había funcionarios provinciales presentes, lo que no dejó de ser curioso si se tiene en cuenta que la Provincia forma parte de una de las empresas mineras que aportaron para las instalaciones inauguradas. Menos comprensible es la ausencia de representantes institucionales de la Provincia cuando la otra empresa, Agua Rica, está a la espera de que el Gobierno local la habilite para iniciar la explotación de un yacimiento que, se estima, es de envergadura mayor aún que el de Bajo La Alumbrera. No parece muy conveniente para mejorar las relaciones con la Provincia que se haya hecho un acto promocional sin la presencia de las autoridades provinciales, y menos cuando un funcionario nacional lo utilizó como tribuna política.
