Los Andes

Eddy Lavandaio

Asociación Geológica de Mendoza

Solía decirse que en Mendoza había tres partidos políticos: los “gansos”, los “perogansos” y los “radigansos”, dando a entender que, a pesar de las diferencias doctrinarias de cada partido, los tres eran bastante conservadores. Y esta particularidad era coherente con la historia de una provincia que progresó con cierta independencia respecto de lo que ocurría en el resto del país.

Después se inventó la transversalidad, eso que permite que dos políticos de distinto partido coincidan totalmente o que dos de un mismo partido expresen opiniones diametralmente opuestas sobre el mismo tema. La identidad partidaria se fue diluyendo y también se hizo más difícil saber en qué se diferencia un partido del otro. Paralelamente, se fue perdiendo la idea de la planificación, del largo plazo, y ganó terreno el oportunismo y el uso de las encuestas para ver con qué discurso posicionarse mejor y ganar votos a corto plazo.

En ese contexto, en el 2005, llegó a Mendoza el conjunto de slogans, informes e ideas que una conocida internacional ecologista había introducido al país un par de años antes con el objeto de desacreditar a la actividad minera y formar activistas para esa causa. Los activistas que arribaron a nuestra provincia comenzaron difundiendo sus datos y sus ideas (concientización para unos, adoctrinamiento para otros, según se vea) en el departamento San Carlos y después se fueron desplazando hacia otros lugares (San Rafael, Alvear, Malargüe y Uspallata) donde se preveían posibles emprendimientos mineros.

La mayoría de los políticos (no todos) juzgó interesante ese arribo de activistas que con gran rapidez y facilidad fueron desplegando sus discursos en medios de difusión y ante cámaras empresarias y pobladores en general, también a docentes y niños en las escuelas, explicándoles que cualquier eventual proyecto minero sería altamente perjudicial para las actividades económicas, para el medio ambiente y para el futuro, sin encontrar ninguna contraparte ni voces disonantes con la prédica.

En el Poder Ejecutivo, la Dirección General de Escuelas permitió la entrada del activismo a las escuelas, el Ministerio de Economía eligió desentenderse del tema y mirar para otro lado, y el Ministerio de Ambiente llegó a auspiciar algunas de las publicaciones de los activistas antimineros. Por su parte, varios legisladores, concejales y funcionarios políticos se sumaron a ese movimiento y se dedicaron a visitar a los pobladores (acompañados de periodistas preferentemente) para interesarse por sus preocupaciones y por el perjuicio que les podían causar los mineros,

De esa manera se creó un clima favorable para sancionar leyes únicamente destinadas a impedir proyectos mineros específicos. Así se detuvo la exploración de los prospectos de cobre Papagayos, Anchoris y Paramillos Sur (las empresas se fueron) y los proyectos de producción Don Sixto (oro y plata), Sierra Pintada (uranio) y San Jorge (cobre).

La última ley sancionada a mediados de 2007, la Nº 7.722, pareció darle el tiro de gracia a cualquier proyecto metalífero ya que prohibió exclusivamente a los mineros el uso de insumos básicos de la metalurgia como el ácido sulfúrico, el cianuro y el mercurio. Y por si eso fuera poco también dispuso que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cualquier proyecto minero metalífero sea obligatoriamente ratificada por ley.

El argumento político fundamental de la campaña antiminera se basó en el uso del agua. Las empresas mineras iban a dejar sin agua a la agricultura y si algo les sobraba, seguramente sería agua contaminada. Con esa simpleza de planteo, hábilmente sumada a

otros cuestionamientos de dudoso origen y veracidad, consiguieron todos los apoyos y aplausos, incluso las ayudas económicas para los “gastos operativos” de los activistas.

En una provincia donde toda la agricultura es intensiva y depende del agua de riego, el planteo “agricultura o minería” fue suficiente para provocar la lógica reacción de todos los sectores relacionados, directa o indirectamente, con la actividad agrícola y ponerlos en franca oposición a la minería. Nadie aceptaría que un proyecto minero amenace con dejar sin agua a los cultivos.

Muchos políticos también fueron convencidos de esa posibilidad. Las dos actividades se presentaron como incompatibles y había que elegir entre conservar la agricultura tradicional o desarrollar la minería perjudicando a la agricultura. Ante esta alternativa se eligió defender la agricultura. Aparentemente, el capítulo de la minería metalífera estaba definitivamente cerrado para Mendoza.

Poco después del cambio de gobierno de fines del 2007 apareció en escena una nueva empresa que se hizo cargo del proyecto San Jorge (mina de cobre en Uspallata). Esta empresa cambió la idea original de lixiviar el mineral oxidado con soluciones ácidas y presentó un nuevo proyecto en el que planteaba aprovechar solo una parte del yacimiento (el mineral de sulfuros) y producir un concentrado mediante el método de flotación.

La autoridad ambiental minera recibió la presentación de un nuevo Informe de Impacto Ambiental y tramitó el expediente cumpliendo con los pasos y las instancias que exige la legislación vigente. Así se llegó a la aprobación del Informe de Impacto Ambiental mediante el dictado de la DIA.

Tal como exige la ley Nº 7.722, en los primeros días de febrero de 2011, el Poder Ejecutivo envió la DIA a la Legislatura para su ratificación. Pocos días después, el 22 de febrero, el activismo antiminero organizó una manifestación, tomaron la Legislatura por la fuerza y protagonizaron un bochornoso acto de vandalismo únicamente destinado a amedrentar a los legisladores para que no ratifiquen la DIA. El expediente continúa en la Legislatura y se supone que será analizado durante un tiempo.

Vale la pena retroceder unos meses, hasta el 29 de diciembre de 2010, porque en esa fecha el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) informó sobre el pronóstico de cosecha de uva para la presente temporada. Resulta muy llamativo e importante que los datos entregados por el INV señalan que la cosecha de uva de San Juan tendrá un incremento de 17,7 % respecto de la temporada anterior, mientras que la de Mendoza solo aumentará un 1,7%.

Qué raro, no? Porque en San Juan hay minas trabajando aguas arriba de los cultivos tanto en la cuenca del río San Juan como en la del río Jáchal. A la luz de estos datos la incompatibilidad entre agricultura y minería aparece como una falacia.

La verdadera conclusión es que mientras la minería progresa, la agricultura también progresa.

Esta sencilla pero elocuente información del INV nos demuestra que en economía, cuando se hacen las cosas bien, todo puede sumar. Que si hay inversiones y nuevos emprendimientos hay mas dinero en movimiento y eso beneficia a todas las actividades. Que si hay más fuentes de producción hay más familias trabajando y aumentan sus necesidades, entre las que se cuenta, por ejemplo, una mayor demanda de alimentos. Y para satisfacer la mayor demanda de alimentos están la agricultura y la ganadería, no es así?.

En definitiva, con racionalidad y con una planificación adecuada se puede lograr un desarrollo armónico sustentable, compatibilizando las diferentes actividades económicas. La descalificación a priori de una actividad económica, en este caso la minería, parece que solamente perjudica a los mineros pero en realidad perjudica a todos.

Fotografía adjunta:

Perforación minera al lado de un viejo viñedo chileno. Las dos actividades funcionan.