El Esquiú
Por Alfredo Marchioli - Presidente de AEMCa (Asociación de Empresas Mineras de Catamarca)
La minería de Catamarca vive un momento crucial. Es necesario, a través del gobierno provincial, municipios y partidos políticos, consensuar pautas de trabajo en un acuerdo multisectorial. No puede seguir ocurriendo que los opositores sean antimineros y los oficialistas promineros, porque es altamente dañino para la producción y el desarrollo de Catamarca.
Debemos acordar ciertos temas, construir y articular todo aquello que permita el desarrollo de nuevos proyectos mineros y darle valor agregado a nuestra producción, insertando a la provincia en una estrategia de crecimiento regional para el aprovechamiento de recursos común, como la infraestructura energética.
El pueblo de Catamarca ha apoyado un proyecto político que propone la generación de puestos de trabajo genuinos a partir de actividades productivas, como la minería. Para nuestro sector (obreros, técnicos, profesionales, empresarios y proveedores) es significativamente positivo, porque entendemos que la generación de puestos de trabajo es una consecuencia del desarrollo minero.
Desde la AEMCA estamos convencidos de que podemos aportar para la construcción de esa política, que no tan solo considera el desarrollo de proyectos mineros sino también acciones destinadas a un mayor impacto socioeconómico.
Catamarca es una provincia que no tiene muchas alternativas en materia productiva y la minería es una gran oportunidad, principalmente por el potencial y atractivo de sus yacimientos.
Luego de una experiencia de una década y media de explotación de la gran minería en Catamarca hemos aprendido algunas lecciones. Es hora, entonces, de implementar acciones que sean parte del acuerdo multisectorial mencionado, entre ellas: mayor información sobre los recursos económicos que genera cada proyecto minero, plan comunicacional sobre el impacto ambiental y marco legal de la actividad minera destinado a todas las partes interesadas, información sobre las medidas ambientales preventivas implementadas por las empresas y los controles del Estado, modernización del marco legal provincial, adecuada articulación institucional y política con el sector, promoción de los recursos geológicos de la provincia para nuevas inversiones en exploración, reconstrucción de las pautas de trabajo entre sociedad y minería (licencia social), y, sobre todo, mayor desarrollo y fortalecimiento de proveedores mineros e inclusión de mayor mano de obra directa catamarqueña.
Esta estrategia debe ir acompañada por una eficiente y eficaz administración municipal y provincial de los fondos mineros, porque lo bueno y lo malo realizado con estos recursos repercuten directamente sobre la imagen y percepción social de la actividad.
