El Esquiú
Por Pedro Molas - Diputado nacional por Catamarca (FCyS)
Catamarca es actualmente la provincia minera más importante de la Argentina. Bajo este perfil minero que comenzó a desarrollarse en la década del noventa, y al que nuestra provincia adhirió con la intención de fomentar una economía de progreso, es necesario rediseñar el esquema trazado.
Meses atrás presenté en el Congreso de la Nación un proyecto mediante el cual propongo una modificación del porcentaje de regalías mineras destinado a las provincias, a través de un aumento de entre el tres y el diez por ciento del valor boca de mina de lo extraído.
La intención es lograr una reparación para las provincias mineras, que aceptamos en los noventa la adhesión a la Ley 24196 de Inversiones Mineras. Esta norma arroja beneficios desproporcionados a la Nación, ya que establece un tope máximo en el cobro de regalías para las provincia, con un magro porcentaje del 3% que hoy, con todas las deducciones otorgadas a las empresas, implica un poco menos del 2%.
En 2010 causó malestar en la Universidad Nacional de Tucumán un proyecto mediante el cual propuse beneficiar a la Universidad Nacional de Catamarca, reencauzando los fondos de las utilidades mineras surgidos de la explotación de Minera La Alumbrera y percibidos por YMAD que fueron rechazados por otras universidades del país.
El proyecto propone que las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuyan en un 75% para la provincia de Catamarca, un 20% para la formación de un fondo nacional que sea distribuido entre las universidades del Estado, y que destine el 5% restante a la creación del Instituto Interdisciplinario Puneño de nuestra Universidad.
Por la ley de creación de YMAD, las utilidades líquidas de la empresa se destinan actualmente en un 60% a Catamarca, un 20% a la Universidad de Tucumán y un 20% para el resto e las universidades nacionales.
En 2008 se distribuyeron 50 millones de pesos entre las casas de altos estudios; y, en 2009, la cifra que se repartió fue de a 36,8 millones de pesos. Sin embargo, tres universidades y 26 facultades decidieron rechazar los fondos provenientes de la minería. Reencauzar esos fondos rechazados -cuyo destino se desconoce- para destinarlos a financiar las investigaciones de nuestra universidad, sería parte de una justa reparación histórica.
Es momento de revisar la política minera en nuestro país, ya que es necesaria para el desarrollo económico y social de los ciudadanos. La política minera es un primer paso que debemos aprovechar para generar modos genuinos de producción. Un primer escalón en el que, sin duda, la educación es la mejor inversión a futuro.
Debemos reconocer que la minería ha sido uno de los motores económicos más relevantes de la última década. Es un desafío proponernos como provincia minera o seguir siendo “un estado en el que se desarrollan emprendimientos mineros”, sin reconocer nuestro perfil geográfico natural.
