El Ancasti
Que la minería represente una “política de Estado” en un sentido amplio es algo que va mucho más allá de los enunciados políticos y de las expresiones voluntaristas. No alcanza solamente con abrir la puerta de la provincia a las empresas, ni con trabajar enfáticamente sobre el flujo de ingresos y posterior reparto e inversión. Además resulta necesario adecuar el sistema normativo a las exigencias de un mayor desarrollo. Es también una forma de crear condiciones para el crecimiento del sector. Por caso, una de las normas que ya han quedado vetustas es el Código de Minería argentino, el cual permite que un particular pueda hacer pedimentos mineros y obtener la concesión de zonas determinadas hasta un máximo de “200.000 hectáreas”. En teoría, deben respetar un cronograma de actividades -muy rudimentarias, básicas- que demuestren un interés verdadero por la zona en cuestión. Pero existen actualmente en la provincia más de 2.160 yacimientos registrados en total y la autoridad de aplicación, la Secretaría de Minería, apenas cuenta con los recursos -humanos y materiales- para ocuparse de las minas con actividad concreta y verificada. Así, quedan fuera de todo control cientos de miles de hectáreas ubicadas en zonas con probable riqueza minera y que están a nombre de particulares, la mayoría de ellos sin capacidad de explotación. Si alguna empresa minera quiere hacer exploraciones en esas zonas, debe negociar antes con los “dueños”. La ley ha dejado el resquicio suficiente para el nefasto oficio de la especulación.
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De acuerdo con el informe publicado ayer por EL ANCASTI, sobre un total de 1.171 minas concesionadas en Catamarca, apenas dos pagan regalías al fisco. Del resto, unas quince se encuentran en etapa de cateos y aún no iniciaron el proceso decisorio para explotar. Y todas las demás son apenas áreas muertas, sin actividad comprobable; eso sí, están perfectamente delimitadas como propiedad de pequeñas sociedades y de particulares. Lo que no se publicó es la cantidad de minas en posesión de éstos últimos. De acuerdo con información oficial, sobre una superficie total de la provincia de 106.602 kilómetros cuadrados, hay 21.024 que representan al total de minas concedidas. Si se mide en cantidad de hectáreas, existen personas que cuentan con más superficie a su nombre que la mayor parte de las empresas mineras propiamente dichas. Un ejemplo paradigmático es el de Luis Manuel Álvarez, ex presidente de YMAD, quien posee 82.374 hectáreas inscriptas a su nombre en la Secretaría de Minería. Para tener una dimensión de lo que ello representa, alcanza con precisar que Minera Agua Rica LLC, la segunda empresa más grande de la provincia después de Alumbrera, posee 86.870 hectáreas. Sólo entre 2010 y 2011, Álvarez registró para sí más de 54 mil hectáreas entre Antofagasta de la Sierra y Belén. No se conoce fehacientemente si existe algún tipo de actividad minera en esas zonas.
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Pero hay más “terratenientes” mineros. Según datos oficiales, Raúl Leoncio Peralta y otros posee 72.725 hectáreas; Patricia Cura y otros, 69.696; Marcelo López Acuña, 62.859 y Pedro Rodolfo Lucero, 53.526. Teniendo en cuenta solamente aquellos que registran más de 50.000 hectáreas concedidas, aparecen a la cabeza apenas tres empresas de envergadura: BHP Billiton, Bolland Minera SA y Agua Rica. Detrás de éstas figuran Luis M. Álvarez, Raúl Peralta, Patricia Cura, Marcelo López Acuña y Pedro Lucero. ¿Tienen posibilidades reales de explotación minera estos titulares de minas? ¿Han registrado estas zonas para producir? Todo indica que el objetivo final es, en realidad, la venta de las concesiones a las grandes empresas mineras. Con esta legislación y ante la ausencia de controles efectivos y permanentes por parte de la autoridad de aplicación de la Provincia, lo que esta situación genera es un verdadero obstáculo al desarrollo de la actividad. El Gobierno saliente hizo poco y nada para frenar estas maniobras especulativas con las áreas mineras. Habrá que esperar entonces que sean las autoridades electas las que asuman el compromiso de optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales creando condiciones para facilitar la radicación de inversiones genuinas en minería, y acotando al máximo el margen para el oportunismo.
