MDZ
¿Qué pasa debajo del suelo mendocino además de petróleo?
Por qué tiene más prensa la presunta contaminación minera que el daño ambiental concreto que produce la actividad petrolera. Un intento de explicar un fenómeno que mueve millonadas de dólares. Además una novedad judicial que sentará antecedente para futuros casos.
La minería contaminante no está dentro del top five de las preocupaciones de los mendocinos. Sin embargo, es uno de los temas que más preocupa a los candidatos por el nivel de exposición pública que tiene hoy el caso de la minera San Jorge, en particular, y el poder de movilización que ostentan los ambientalistas. Y en particular concita la atención de los partidos políticos porque los asambleístas ganan espacio entre los nuevos electores que adhieren a la impronta antiminera.
De todos modos se nota que todo lo que tenga que ver con lo que ocurra en la superficie siempre se nota más. Y esto no lo digo de manera figurativa sino literalmente. Si una si las consecuencias de una actividad contaminante son evidentes a los ojos de las víctimas entonces cobra fuerza y produce rechazo. Esta repulsión que en muchos casos es colectiva -como el de la minería metalífera a cielo abierto que es fuerte consumidora de agua dulce-.
En cambio, las tareas de extracción de un recurso natural como son los hidrocarburos como se realizan en grandes extensiones, alejadas de los centros urbanos y son ocultas bajo tierra no tienen tanta prensa como la minería.
Esta es una observación producto de poner bajo la lupa las quejas añosas, muchas en solitario, de pobladores de sectores agrarios contra la actividad petrolera que a la vez maneja grandes sumas de recursos que logran disimular estas actividades irregulares y muchas veces terminan siendo apuntadas como delictivas, como el caso que se detallará en esta nota.
Como se trata de una actividad económica con mucho poder que le confiere ese mismo caudal de fondos sus actores se convierten en un gran factor de poder de influencia en el ámbito público-estatal y privado.
Se notó en el último periodo desde que el Gobierno anunció que cerraría los acuerdos para prorrogar las concesiones de las áreas productivas. Esto trascendió en octubre de 2009 lo que quiere decir que no fue una medida apresurada sino más bien un pedido de las concesionarias en consonancia con lo que pasó en todas las provincias petroleras, todo insuflado desde el gobierno nacional kirchnerista. Además cada uno de los convenios firmados fueron anunciados con fuerte tono de festejo por parte de los gobiernos provinciales, incluido el mendocino.
La última noticia
Este diario últimamente puso el freno de mano en la carrera noticiosa diaria a la que nos enfrentamos y miró por el retrovisor sobre las consecuencias de los distintos actos de convenios que el Gobierno de Celso Jaque fue celebrando con las petroleras. El primer paso fue con la principal prestataria que es YPF. El 3 de junio bajo el título Por falta de un decreto, U$S151 millones de YPF frenados para Mendoza.
"El 6 de abril el Gobierno firmó la extensión de los plazos de concesión para la explotación de 16 áreas que la petrolera argentina tiene en Mendoza. A cambio la empresa ofreció pagar tres puntos más de regalías, poner en marcha un plan de inversiones por U$S4.100 millones y pagar en 18 cuotas un canon extraordinario de U$S151 millones. Hasta ahora nada de esto está vigente por falta de un decreto de Jaque", señala el informe de ese día firmado por Federico Manrique el editor de la sección Dinero de este diario.
Tres días después desde este mismo espacio dimos cuenta de los "vicios ocultos" de las recontrataciones petroleras. Allí detallábamos lo que pasaba detrás de estas gestiones, y señalamos los "detalles" críticos sobre este proceso y revelamos quiénes manejan la petrolera Chañares Herrados que esa semana había firmado su convenio de recontratación de concesiones y por qué pesaba una denuncia sobre Celso Jaque.
Todos estos antecedentes puntualizados hace un mes ahora tienen su final al advertir hoy mismo que finalmente el decreto ausente fue publicado en el Boletín Oficial y entonces sí el Gobierno y los municipios podrán contar con estos dineros en este año de votaciones. Este último detalle político-electoral fue puntualizado en un informe publicado el 13 de mayo pasado, titulado: La provincia y los municipios tendrán más de 100 millones de YPF para gastar antes de las elecciones.
La novedad del día: se mueve el "subsuelo" de la justicia federal
El 23 de junio se produjo una resolución judicial trascendental que sienta antecedente para los casos de contaminación ambiental por acciones extractivas del suelo y el subsuelo mendocino. Se trata del rechazo del fiscal general de la justicia federal a la suspensión de juicio a prueba solicitada por los empleados de la empresa Vintage Oil Argentina (hoy OXY) que se encuentran procesados por contaminación con residuos peligrosos de acuerdo al artículo 55 de la Ley 24.051 en función del artículo 200 del Código Penal Argentino.
Los procesados son: Miguel Calvi, Lisandro Tortone y Laluf. Nunca se presentó a la justicia el presidente de la empresa Mark Francis Sheen.
La causa comenzó el año 2003 cuando se detectó contaminación manifiesta con aguas de purga en las inmediaciones del pozo PC 15 y a través del pozo sumidero PC 67 (Yacimiento Piedras Coloradas). La denuncia la hizo la Inspecciòn de Arroyo Carrizal tanto en Medio Ambiente como en Irrigaciòn y en la misma Justicia. Por esto la empresa fue fuertemente sancionada con multa por los dos organismos mendocinos y los dos pozos fueron clausurados.
El entonces juez Alfredo Rodríguez procesó a altos ejecutivos. Por supuesto que los acusados apelaron la decisión del magistrado de primera instancia. La recurrencia fue rechazada y así la fiscal Gloria André elevó la causa a juicio.
Luego de muchas vueltas (porque Tortone y Laluf no vive en Mendoza) se fijó la fecha de debate para el pasado 23 de junio pero, dos días antes los defensores solicitaron la "suspensión de juicio a prueba" según el artículo 76 bis del Código Penal y 193 del Código Procesal Penal.
La querella advirtió a MDZ que la Corte Nacional ha establecido que en caso de recaer condena y ésta pueda ser de "ejecución condicional", si se reúnen los otros requisitos corresponde hacer lugar a la probations. Los requerimientos aludidos son: ausencia de antecedentes anteriores y ofrecimiento de reparación del daño causado.
En la suspensión de juicio a prueba el dictamen del fiscal es vinculante, ya sea por sí o por no.
En este caso, al ventilarse la audiencia para decidir si se otorgaba o no el beneficio solicitado la parte querellante se opuso porque no ofrecían reparar los daños causados por el delito e igual criterio adoptó la Fiscalía ya que consideró que la reparación ofrecida era absolutamente insuficiente. Uno de los acusados ofreció 5 mil pesos, otro ofreció 1000 o 2000 pesos, o unas cajas de leche por ese valor. Y en el caso Tortone ofreció dar clases relacionadas con el tema ambiental.
La resolución de la fiscal Cubillos está ahora para ser ratificada por del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 que es donde está el expediente bajo el número 2141-T.
El caso es todo un ejemplo para las situaciones que pueden sobrevenir. En caso que se hubiese hecho lugar al ofrecimiento de los procesados sería una muy mala señal para la minería porque, si se otorga la probations en este tipo de delito (donde los daños son colectivos) se instala una absoluta impunidad para los infractores ya que, en última instancia, en caso de contaminar masivamente esto se podría compensar con dos cajas de leche o pagos mínimos de dinero y de este modo, zafan de la causa penal.
Después de repasar esta secuencia de situaciones se entiende entonces por qué los casos de presunta contaminación minera tienen más prensa que las concretas causas de contaminación petrolera. Unas advierten de lo que puede suceder con el agua dulce, las otras relatan lo que ya sucedió, es decir acuíferos como los del Carrizal ya tienen fecha de defunción y los vecinos de esas localidades de Luján y de Tupungato ya lo saben, aunque muy pocos los escuchan.
