Diario de cuyo
Desde que el Gobierno de Mendoza aprobara, el 7 de febrero último, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, un yacimiento de cobre y oro ubicado en Uspallata, con una serie de condicionamientos sobre con la protección del recurso hídrico, las organizaciones ambientalistas han atacado el emprendimiento con amparos judiciales. Sin embargo, el ecologismo ideológico no aportó ninguna prueba que hiciera dudar a la Justicia.
El último capítulo de la puja entre San Jorge y la red ambientalista Oikos, tuvo un nuevo rechazo judicial al pedido de amparo presentado por los defensores del agua y el suelo mendocino, quienes solicitaban que se declare inconstitucional la Resolución conjunta N¦ 19/2011 de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental de la vecina provincia. Oikos ya había presentado un amparo en febrero último, aduciendo que la norma tiene numerosos errores en el procedimiento y que por lo tanto no sería aplicable. Sin embargo, Raúl Rodríguez, abogado y titular de las cátedras de Derecho Minero de las Universidades Champagnat y Aconcagua, afirmó que la Justicia ha evaluado todos los argumentos que se dicen públicamente en contra del proyecto, bajo la lupa de la objetividad de un poder independiente. Oikos tuvo un amplísimo margen para probar y presentar pruebas y testigos, y la jueza, una vez que tomó conocimiento de todo, terminó resolviendo que no hay ninguna ilegalidad. Es decir, el procedimiento se ajustó a la ley, sin que medie ninguna interpretación subjetiva ni tampoco la ONG pudo demostrar con pruebas palpables lo que ventila en su inconsistente campaña mediática, igual como en su momento lo hicieron los frustrados ambientalistas sanjuaninos.
