Los Andes
Cansado de esperar que le autorizaran en el Departamento General de Irrigación (DGI) la instalación de un pozo, un regante perdía la paciencia porque percibía que nadie lograba comprender sus problemas. “Es delicado lo que ocurre, para algunos hay agua y para otros no, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo hacen? ¿Qué pasa en Irrigación?”
El hombre trataba de entender y no podía, buscaba una explicación que cuadrara con su cultura del trabajo, con su cuidado del agua y con el respeto que siempre se le ha tenido en la provincia a la administración de ese recurso.
La historia cuenta que algunos gobiernos conservadores fueron duramente criticados por manejar arbitrariamente los derechos de agua y así transformar un terreno improductivo en otro con gran valor en el mercado al tener la posibilidad de regar sus plantaciones. Además se les endilga haber utilizado el “torniquete del agua” cuando era necesario zanjar una diferencia política.
Con su sabiduría a cuestas y luego de participar en diferentes reuniones con productores, el hombre contaba: “Si el problema fuera, por ejemplo, que es dudoso el proceso de licitación del bufet del hospital Carrillo, no está bien que eso suceda pero sus perjuicios serían controlables. Ahora, que no esté claro el manejo del agua y que se decida arbitrariamente quién tiene agua y quién no, es otra cosa”, con claridad y bronca sentenció: “Con el agua en Mendoza no se jode”.
Pero él no era el único sorprendido. También le contaron que alguna gente que intentó pedir documentación en esa institución tuvo problemas serios: “Hay una escribana que todavía está corriendo por las cosas que le dijeron cuando fue varias veces a buscar una resolución” que nunca logró ver.
Mendoza está atravesando un enorme desafío institucional que comenzó la semana pasada cuando dieron lugar al Jury de Enjuiciamiento contra el titular del Departamento General de Irrigación, Rogelio Frigerio. Son siete los cargos en su contra.
Hay tres causas especiales: una es la de haber autorizado perforaciones para emprendimientos inmobiliarios en una zona que estaba restringida y la liberaron para algunos, la otra apela a “las irregularidades en el uso del agua del Río Tunuyán por Jorge Andrés Villalón”, quien es hijo de Jorge Villalón asesor del Departamento General de Irrigación y responde políticamente a Juan Carlos Mazzón, el operador político número uno de la Casa Rosada. También se denuncia que existen informes contradictorios sobre la minera San Jorge.
Pero hay un acuerdo para “no politizar” los problemas que se denuncian en el Jury, dejando así sin respuesta a la gente que las necesita y vaciando a la política de sentido. El domingo pasado el editorial de Los Andes criticó que los políticos no se refirieran a este tema en sus campañas, así como a la minería y a otras urgencias que tenemos.
Sabemos todos que es sano escuchar las propuestas de las diferentes fuerzas políticas sobre algún problema y de eso se trata, entre otras cosas, la democracia y el fin de las campañas políticas. ¿Qué pasa entonces cuando los que deberían decir qué hacer, esconden la cabeza y no dan respuestas? A quién no le hubiera gustado escuchar las posturas de los candidatos a diputados nacionales sobre estos temas, ya que estuvieron de campaña hasta hace pocos días.
Ahora también sería valioso saber qué harían sobre esos puntos los candidatos a gobernador y qué postura tendrán sus partidos en el Jury. Mientras tanto los regantes esperan, sin demasiadas esperanzas, que sus problemas se solucionen, que haya agua y que el Jury de Enjuiciamiento actúe a la altura de las circunstancias.
La famosa calidad institucional que enorgullece a los mendocinos, está en la mira con este proceso. “No queda otra que esperar, pero ahora parece que la política es más importante que el agua en Mendoza”, decía el regante parado en su tierra seca.
