El Ancasti
Con fecha del 18 de agosto pasado, el Gobierno provincial otorgó a la empresa Loma Negra, principal cementera del país y ahora propiedad del grupo brasileño Camargo Correa, un beneficio espectacular: no pagará el impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Catamarca durante 10 años. No sólo eso, tampoco pagará el Impuesto a los Sellos a partir del 30 de octubre de 2009, fecha en que se le aprobó un proyecto de remodelación y ampliación de la planta que tiene en la localidad de La Calera, departamento El Alto, donde produce cemento del tipo portland. Más aún, durante el mismo lapso, gozará de una garantía plena de “estabilidad fiscal en materia de impuestos provinciales”, según reza la resolución firmada por el ministro de Producción y Desarrollo, Juan José Santiago Bellón. En la práctica, se calcula que la Provincia dejará de percibir alrededor de 1.000.000 de pesos anuales solamente en concepto de Ingresos Brutos que tributaba la empresa que hasta un par de años pertenecía a la millonaria Amalita Fortabat. ¿Qué hará Loma Negra a cambio? Se compromete a mantener por una década la misma “dotación de 223 personas” que trabajan en la planta catamarqueña, “en relación de dependencia y con carácter permanente”. En otras palabras, la firma ampliará su planta productiva, extraerá más recursos no renovables de esta tierra y aumentará sus ventas, pero ahorrará impuestos y no ocupará un solo trabajador más. ¿En qué se beneficia la Provincia entonces?
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Las extraordinarias gangas del fisco catamarqueño a Loma Negra se dan en momentos en que el negocio cementero en Argentina presenta nuevos actores. En efecto, a la compra de Loma Negra por parte de Camargo Correa le sucedió otra con el mismo signo brasileño: el gigante Votorantim adquirió el 50% (por unos 200 millones de dólares) de la empresa argentina Cementos Avellaneda, que ocupa el tercer lugar en el negocio. De este modo, entre los tres primeros grandes del cemento argentino y uruguayo se anotan Loma Negra, con un 46% del total de las ventas, le sigue Minetti (del grupo suizo Holcim) con cerca del 30%, y luego aparece Avellaneda, que posee entre el 10% y el 19% del mercado cementicio. Sin embargo, la que emprendió la retirada de la competencia fue la española Uniland, subsidiaria del grupo FCC. Unos días antes de la fabulosa eximición impositiva dispuesta por el Ejecutivo provincial, se conoció que Loma Negra invertirá US$ 400 millones en los próximos tres años. El anuncio llegó tras un encuentro con la Presidenta en el que manifestaron que US$ 250 millones se utilizarán para la construcción de una nueva planta de producción de cemento en la región cuyana, aunque no especificaron en qué provincia se ubicará. Se comenzará a construir a principios de 2012 y tomará 30 meses. “Este año será récord de venta de cemento, con 11,5 millones de toneladas (o un promedio de 275 kilos per cápita”, detalló Juan Roza, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, tras el acto oficial. Y añadió que el “noroeste (NOA) y noreste (NEA) son las regiones que más crecen y una planta en Cuyo es conveniente por cuestiones logísticas”.
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En otros términos, la Provincia está favoreciendo en forma descomunal a una empresa en franco crecimiento en todo el país y en el MERCOSUR, que este año espera romper el récord de ventas, mientras que por otro lado hace la vista gorda a las pequeñas y medianas y algunas pocas grandes empresas que están radicadas hace años en Catamarca y que hoy atraviesan una situación terminal. Algunas aún sueñan con una extensión del cupo de promoción industrial un año más, mientras que otras se han achicado a extremos imprevistos, redujeron producción, personal y ajustaron los gastos al mínimo. Eso sí, todas siguen pagando impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos. Por otra parte, como la eximición a la cementera será por una década, impactará en primer lugar sobre los ingresos tributarios provinciales del gobierno de Lucía Corpacci. Es decir, otra medida fiscal que, al igual que los miles de contratos nuevos en la Administración Pública y los compromisos de obras públicas que comenzaron a ejecutarse o comenzarían el año próximo, inciden sobre el margen de maniobra económica y política de la gestión entrante. Para salud de la transición, el Gobierno debería inhibirse de adoptar decisiones que excedan su tiempo de vida: hasta el 10 de diciembre.
