Clarín
Existe un preocupante embate, a espaldas de la sociedad, para imponer en nuestro país a la figura extrema del extractivismo: la megaminería.
En Río Negro se acaba de derogar la ley que prohibía la minería metalífera con usos de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. El Secretario de Minería de la Nación anunció un emprendimiento minero en Chubut donde existe una ley provincial que expresamente lo impide. La ley de glaciares sigue “secuestrada” en la provincia de San Juan y en el resto del país sólo hay tibios esbozos de ponerla en marcha. La lista sigue en toda la cordillera.
En la provincia de La Rioja, el intento de imponer por la fuerza -y sin licencia social- la megaminería en el Famatina está quebrando la paz social y sembrando un clima de violencia, instalado por el propio Estado, en complicidad con las empresas mineras. Debe comprenderse que la megaminería no es sólo sinónimo de degradación ambiental y saqueo económico sino que también lo es de devastación institucional, social y cultural.
Sucesos como la aparición de “listas negras” , con descripción de datos personales y sensibles de diversos referentes de la lucha socioambiental de Famatina y Chilecito (en manos de directivos de la empresa minera canadiense Osisko Mining), sumado a la conformación de patotas para perseguir asambleístas y el envío de fuerzas policiales “especiales” nos rememoran a lo más triste de la historia argentina y latinoamericana.
Llama la atención la coincidencia entre los asambleístas señalados en dichas listas con los recientemente imputados por la justicia local por el delito tipificado en el artículo 194 del Código Penal (corte de ruta), artículo estrella de la criminalización de la protesta social.
Debe comprenderse que en Famatina no hay un corte, hay una pueblada.
La rápida actuación de la justicia para imputar a los asambleístas se contrapone abruptamente con la total ausencia de investigación judicial de los trabajos de inteligencia y espionaje volcados en dichas listas y el consecuente amedrentamiento que dichas actos provocaron en la población. Tampoco puede entenderse por qué la justicia sólo imputó a 8 personas y no a las miles de personas que diariamente concurren a la protesta.
La lucha del pueblo riojano es heroica y ejemplar.
Están defendiendo su territorio de la amenaza de daños ambientales, sociales y culturales irreversibles . Debe comprenderse que las circunstanciales mayorías electorales no son sinónimo de licencia social, menos en La Rioja, donde cada vez más ciudadanos se suman a la resistencia del avance minero.
No están solos. En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por miles de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad.
Las constantes provocaciones del gobierno provincial, en cabeza de su gobernador Luis Beder Herrera, y la cómplice mirada ausente del Poder Ejecutivo nacional, son inaceptables y merecen una sería reflexión de toda la sociedad. La problemática de la megaminería no es una “asignatura pendiente” del gobierno nacional sino que encuentra en él a su mayor promotor.
