El Sol
Hace tiempo, cuando los primeros trabajos de exploración comenzaron a tomar forma cerca de Uspallata, un geólogo extranjero se acercó a los pueblerinos preocupados y les dijo: "Ustedes no deben tenerles miedo a las empresas mineras. Deberían preocuparse más por los gobernantes, que son quienes controlarán".
La historia tiene que ver con las sensaciones que genera cada anuncio de un emprendimiento vinculado con industrias extractivas, ya sea minería o la explotación de hidrocarburos.
La afirmación, que puso el foco sobre la clase dirigencial, tiene una alta dosis de certeza en vistas a la acción del Estado cuando debe controlar y a la desconfianza que genera en buena parte de la ciudadanía.
El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, se manifestó hace años en contra de la minería a cielo abierto con un discurso de defensa a ultranza del agua y hoy aparece como el impulsor de un proyecto que busca extraer oro del cerro Famatina bajo la modalidad que él mismo había cuestionado. Los gobiernos, en general, deberían preguntarse por qué la minería a cielo abierto genera desconfianza y luego dar a quienes se oponen garantías de que el medio ambiente no será afectado.
El rol del Estado como órgano de contralor es clave. El nivel de corrupción tanto en la clase política como en la clase empresarial abre la puerta a las sospechas sobre cómo se llevarán adelante las tareas relacionadas con el poder de policía que debe ejercerse. Las dudas son lógicas y naturales. Un funcionario de primera línea no puede declararse prominero o antiminero y entrar en la lógica del negro o blanco. No corresponde.
Lo que debe hacer es ser claro, avanzar con convicción en lo que la olítica de su gobierno ha decidido y controlar, desde ya. El progreso de una provincia no debesujetarse a una sola actividad. El futuro de todo un Estado no puede sostenerse sólo por un camino, lo más conveniente es diversificar, más cuando se puede, como podría ocurrir con Mendoza.
Una de las frases más repetidas por estas horas en Famatina es "licencia social", lo que significa el aval popular a un proyecto determinado cuando lo más preciado, el agua, está en juego. Sin ese aval, al gobierno de La Rioja le resultará cuesta arriba avanzar. El pueblo entiende que no están dadas las condiciones, como ocurrió meses atrás con Uspallata.
Por lo que si se quiere insistir con tal desarrollo económico, el gobierno, y esto va para el de Paco Pérez, deberá barajar y dar de nuevo. Empezar otra vez no debe entenderse como un fracaso, sino como la posibilidad de hacer las cosas bien.
