La Nación
Por Sergio Berensztein
El cortoplacismo , la ausencia de una mirada estratégica y la obsesión por la acumulación del poder personal han sido características fundamentales de la cultura política argentina. Por ello, el país ha fracasado en construir un sistema político-institucional estable, previsible y transparente, con capacidad para procesar las demandas de la ciudadanía, aprovechar el potencial de nuestros recursos humanos y naturales, y amortiguar los potenciales efectos negativos de un entorno global siempre desafiante y complejo.
Aun con un aparato estatal que representa casi el 40 por ciento del PBI la Argentina es incapaz de proveer los bienes públicos indispensables (seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura básica, cuidado del medio ambiente) para generar mecanismos efectivos de integración y movilidad social ascendente. Gastar mucho no implica gastar bien, en particular cuando se ignoran los estándares internacionales de administración pública. Los desafíos que el país tiene e ignora hoy son los mismos que tuvo e ignoró en el pasado. Contradiciendo la retórica estatista del Gobierno, el sector público sigue siendo parte del problema y no de la solución. Los pacientes usuarios del SUBE son los últimos testigos de este flagelo.
En este sentido, el kirchnerismo primero y el cristinismo en la actualidad reconocen genuinos y evidentes lazos de continuidad con múltiples experiencias políticas previas: peronistas y no peronistas, democráticas y autoritarias. Los frecuentes esfuerzos por autodefinirse como expresiones de ruptura con el pasado no alcanzan para borrar los rasgos en común. Ya demostró Eric Hobsbawn que las tradiciones y las identidades se inventan en general desde el poder, fundamentalmente cuando se exacerban valores patrióticos y nacionalistas ( http://www.nationalismproject.org/what/hobsbawm.htm ).
Tampoco se trata de un fenómeno estrictamente argentino. En un importante libro reciente, los profesores Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith, de la New York University, identifican un conjunto de reglas básicas que han caracterizado históricamente el comportamiento de múltiples líderes políticos: limitar al extremo los círculos de confianza, asegurarse de que ningún aliado sea irreemplazable, controlar el flujo de recursos públicos acumulando mucha fortuna personal, dividir la riqueza para favorecer a los aliados y evitar tener que depender de sus aportes. Es cierto, la hipótesis de los autores es sumamente cínica: sostienen que el principal, si no el único objetivo de los líderes, es permanecer en el poder. El título del libro es provocador: El manual de los dictadores: por qué es casi siempre políticamente beneficioso hacer las cosas mal ( The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics , New York, Public Affairs, 2011).
Los autores también afirman que las sociedades que pretenden ser democráticas deben construir anticuerpos contundentes para minimizar los efectos depredadores de los liderazgos hegemónicos puesto que, de lo contrario, la libertad y los derechos individuales estarían amenazados. En particular, se debe evitar la perpetuación de los líderes y la instalación de partidos únicos con reglas de competencia que aseguren la alternancia en el poder. Es lo contrario de lo que insinúa el Gobierno con la reforma constitucional.
Como consecuencia de sus graves disfunciones político-institucionales, la Argentina tiene hoy una pésima reputación en el mundo de los negocios por los cambios permanentes en las reglas del juego, la discrecionalidad de los funcionarios, la falta de transparencia y de políticas anticorrupción, la mala calidad de la regulación y la escasísima credibilidad de la Justicia. Es esta la causa central de los problemas de competitividad, junto con el atraso cambiario. Incluso antes de las últimas medidas proteccionistas y de la modificación en los requisitos de capitalización de los bancos, una de las principales instituciones financieras del mundo recomendaba a sus clientes deshacerse de todas las acciones de empresas argentinas, dada la incertidumbre que caracterizaba el entorno de negocios.
En este contexto, es una pena que el Gobierno no se anime a defender públicamente la importancia estratégica de la minería. Esta actividad está intrínsecamente ligada a la historia de América latina y del capitalismo. Se puede aprender de los errores y de los éxitos de esa dilatada experiencia y asegurar los mejores estándares medioambientales existentes en países desarrollados con auditorías independientes y controles efectivos. Asimismo, las comunidades locales deben asegurarse de que existan programas público-privados que permitan que los habitantes se beneficien en forma directa y sustentable de la riqueza generada. Sería lamentable que la desinformación, el oportunismo, la demagogia y un falso fervor participacionista, patriotero y xenófobo opaquen los efectos positivos de la actividad e impidan que el corredor cordillerano se convierta en un motor de desarrollo similar a la pampa húmeda. Nótese que Chile tiene 17 millones de habitantes, una población casi similar a la de las áreas pobres de los principales manchones urbanos del país. En otras palabras, la minería puede contribuir a mejorar la distribución poblacional y a resolver el problema de la pobreza en la Argentina.
La renuencia al debate expone con mayor contundencia el anacronismo que caracteriza la visión y los instrumentos que promueve el Gobierno. Un importante diplomático advertía esta semana, no sin sorpresa, que "todos sabemos que la inflación, el proteccionismo y el intervencionismo exacerbado tienen efectos negativos. ¿Cómo puede ser que una persona informada e inteligente como Cristina crea lo contrario?"
En efecto, en el "mundo del derecho" en el que cree vivir la Presidenta no existe la inflación, y el proteccionismo es la mejor forma de cuidar el empleo y el superávit comercial. Si el aumento generalizado de precios fuera sólo el 9 por ciento que reporta el Indec, deberíamos estar debatiendo un programa de estabilización. Es lo que sucede en Brasil o Uruguay, donde están preocupados con un índice de 6%. O en China, donde se implementó recientemente un serio ajuste cuando la inflación alcanzó ese umbral.
Sin embargo, el aislamiento cultural y la notable falta de interés frente a lo que opina la comunidad internacional de las decisiones del Gobierno se expresan más claramente en la profundización de las medidas proteccionistas. Aun cuando no haya que ser ingenuo en materia comercial y suponer que los países cumplirán a rajatabla con las normas definidas en los tratados internacionales, ¿pueden violarse acaso la letra y el espíritu del Mercosur y las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sin contemplar consecuencias negativas para el país? Aun si este fuera el caso, ¿supone la Presidenta que se pueden sustituir y financiar rápida y localmente con precios y estándares de calidad comparables los productos que hasta ahora se venían importando, sin crear cuellos de botella y problemas de logística? Tal vez se trate de una táctica transitoria: "En abril veremos qué pasa", reflexionaba esta semana un funcionario del Gobierno. Pero las consecuencias en términos de imagen y los costos que deberán asumir los agentes económicos afectados tendrán repercusiones mucho más duraderas.
En este sentido, tal vez el papel de Alicia Castro no deba circunscribirse a la normalización de las relaciones con Gran Bretaña en medio del fuego cruzado, por suerte sólo retórico, del conflicto de Malvinas. Tal vez, luego de la extravagante sugerencia de Guillermo Moreno a las aerolíneas internacionales para que incrementaran sus compras de productos argentinos, incluyendo la lencería que utiliza el personal de a bordo, la ex embajadora en Venezuela esté particularmente capacitada para explicarle al mundo el Frente para la Victoria's Secret, o la peculiar economía política del cristinismo..
