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Debate
CLARÍN: CRISTINA CAMBIA DE DISCURSO MINERO. PÁGINA/12: LOS PROYECTOS EN LA JUSTICIA. OPINAN OSAY Y CRABBE
01/02/2012
Por Nicolás Wiñazki

El Gobierno cambia el discurso sobre los proyectos mineros

Clarín

La reacción popular en contra de la explotación minera en el cerro Famatina preocupó a la presidenta Cristina Kirchner . Fue por eso que varios de sus funcionarios presionaron en los últimos días al gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, para que intentara consensuar una posición con los ambientalistas, y también para que despegara a la Casa Rosada de ese proyecto , admitieron a este diario fuentes oficiales que pidieron no ser nombradas.

Es un cambio en una estrategia que hasta ahora había sido la contraria. En su último discurso, había sido la propia mandataria la que había criticado a las agrupaciones que protegen el medio ambiente , en obvia alusión a quienes encabezan las manifestaciones contra las mineras, una tendencia que crece en todo el país. Una encuesta de Julio Aurelio, hecha hace pocos meses en seis provincias, dice que solo el 17 % de la población de esos distritos está a favor de la minería. En La Rioja, donde se encuentra el cerro Famatina, siete de cada diez habitantes rechazaban ya en aquel momento la megaexplotación de los minerales de su tierra.

“La minería no es un demonio. La ciudadanía no debe decirle que no a la minería”, había dicho hace diez días el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, ratificando una posición oficial respecto a un tema que inquieta tanto a intelectuales de Carta Abierta como a algunos de los artistas y celebridades que apoyaban sin matices, hasta ahora, a las políticas K.

El Gobierno intenta ahora despegarse del caso Famatina, al menos desde lo discursivo : a la vez, la familia Kirchner profundiza sus lazos con la megaminería.

El ex marido de Alicia Kirchner, es decir, el histórico cuñado de la Presidenta, Armando “Bombón” Mercado, fue designado como director en Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), una empresa del estado de Catamarca, la Universidad de Tucumán y la Nación que está asociada con privados en la explotación minera en Bajo de la Alumbrera, una de las más polémicas (ver recuadro).

La designación de Mercado en esa compañía mixta oficializa en los hechos algo que ya ocurría en la práctica.

Mercado era el nexo entre el Gobierno Nacional y el de Catamarca con esa minera privada , contaron fuentes del peronismo que están involucradas en esos hechos.

Mercado, además de ser el ex cuñado de Cristina Kirchner (tenía con Néstor una relación muy buena), es además el tío político de la actual gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, ya que ella está casada con Ángel Mercado, sobrino de “Bombón”, y a la vez ministro de la Producción de su esposa.

Esos lazos de familia en la política nacional y catamarqueña entremezclan además a la minería con una instancia en la que esa actividad podría encontrar un freno, el Poder Judicial.

Ocurre que “Bombón” Mercado es además tío de Nélida Mercado, pareja del juez federal de Catamarca, Ricardo Moreno, quien tiene en su juzgado un expediente que investiga si la minera La Alumbrera contamina el medio ambiente . Mercado (Nélida), sobrina de Mercado (Armando), era secretaria de ese mismo juzgado antes de que su esposo fuera designado allí. Fue una de las objeciones que Moreno recibió en su momento en el Consejo de la Magistratura. Pasó.

Por Darío Aranda

Los casos que están en la Justicia

Página/12
Asambleas socioambientales, organizaciones sociales, campesinos y pueblos originarios están unidos contra la megaminería. Son bien conocidas las acciones directas: cortes de ruta, asambleas, movilizaciones. Pero también existe la herramienta judicial. El avance del modelo extractivo (minería, petróleo, agronegocios) suele chocar con el derecho indígena. En Argentina está vigente legislación nacional e internacional que obliga a consultar y obtener el “consentimiento libre, previo e informado” de los pueblos originarios en cualquiera actividad que pudiera afectar sus territorios. Otra herramienta es el derecho ambiental.

En la minería actual toma relevancia el avance en la exploración de litio. El epicentro de esa conflicto está en las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy y Salta, donde viven 33 comunidades kolla-atacama. El caso ya mereció la atención de dos áreas de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y del Relator Especial de Derechos de Pueblos Indígenas. “El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advirtió la ONU en diciembre pasado y llamó a respetar el Convenio 169 de la OIT.

Comunidades tehuelches de Chubut enfrentan desde hace cinco años a la empresa de plata más importante del mundo (Panamerican Silver), que pretende instalar un yacimiento de plata y plomo en la meseta patagónica. Denuncian la violación del Convenio 169 y de la Constitucional Nacional (artículo 75). La comunidad Mellao Morales, junto a las asambleas de vecinos de Neuquén, lograron frenar la instalación de una minera china en la localidad de Campana Mahuida que pretendía extraer cobre. Tuvieron un fallo favorable en 2009 y otro, del Superior Tribunal de Justicia, en marzo de 2011. El máximo tribunal provincial marcó la vigencia del derecho indígena.

La unión de comunidades indígenas y asambleas socioambientales también hizo posible la prohibición de la megaminería en la Quebrada de Humahuaca (pretendían extraer uranio). El Superior Tribunal de Justicia se basó en la Ley General del Ambiente y dispuso aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Por Darío Aranda

El contramapa de la megagaminería

Página/12

“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 por ciento. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración. “El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.

En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el de-sarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento Bajo la Alumbrera, de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13 proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.

La Secretaría de Minería de la Nación informó en un comunicado el 13 de enero: “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos emprendimientos productivos”, destacó la Secretaría (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).

El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.

La Red de Asistencia Jurídica presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, en el que focalizó en la megaminería. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.

Argentina cuenta con 5000 kilómetros de cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut).

Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria, luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de alerta y movilización.

En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada, momentáneamente, por un fallo judicial.

Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.

En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.

“Registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que, donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la “vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque tras la sanción de la ley antiterrorista”.

En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados, decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’”.

 


 

Hablar de licencia social era utópico

Clarín

Por Sonia Osay - Especialista en derecho minero. Fundacion cordon del plata

Hoy se lee y se escucha en los medios hablar de licencia social. Esto me llena de alegría, entusiasmo y expectación, porque parece que está llegando el momento del cambio. Parece que esta frase que hace 10 años atrás se empezaba a conocer dentro del sector minero argentino, hoy ha tomado estado público y ¡de qué manera!

A principio de la década, hablar de licencia social para el sector minero resultaba extraño, incomprensible y hasta utópico. Los años ‘90 se caracterizaron por ser los años del sueño minero, se decía que la Argentina se iba a convertir en un gran país minero. Fueron los años de reformas legales que a poco de andar resultaron cortas, pobres e insuficientes para lograr ese sueño grande de convertir a la Argentina en ese soñado país. Ese país que pudiera dar trabajo y desarrollo a muchos argentinos en los rincones más ocultos de la Argentina.

Y cuando digo a poco de andar es a muy poco. En el año 2003 surge el primer problema, que se llamó Esquel. La gente dijo que no a la minería y desde ese día hasta hoy, la cosa se fue poniendo peor, mucho peor. Ya son 9 las provincias que lisa y llanamente prohíben la minería a cielo abierto y con cianuro. Y cuando digo lisa y llanamente me refiero a eso, a prohibir la minería porque es minería, sin antes ver otros temas, como por ejemplo si las características que tienen los ecosistemas donde las empresas desean trabajar puede ocasionar un impacto tolerable o no, como saber si la actividad va a generar desarrollo sustentable adecuado para esa comunidad, si los recursos que se sacan son equivalentes a los beneficios que se dejan y un largo etcétera que no alcanzamos a enumerar en esta columna, pero por sobre todo si se respeta y se informa a sus habitantes sobre qué tipo de minería se va a desarrollar.

Cuando hablo de sus habitantes hablo de la gente del lugar, del pueblo más cercano en primer lugar. Porque la licencia social es eso, la autorización, el visto bueno, de la gente del lugar, quien ha entrado en contacto con el proyecto, y se ha enterado hasta el último detalle qué se va hacer en ese territorio que está próximo a su casa, y que beneficios les va a traer, porque el impacto está claro que existirá. Eso sí tendrá que ser tolerable y controlado.

 


 

Licencia al turismo y la producción

Clarín

Por Marcela Crabbe - Asambleista En Chilecito Y Famatina

Los pueblos de Famatina y Chilecito no somos activistas ni pertenecemos a ninguna ONG ni a ninguna institución, facción, partido, sector. Somos ciudadanos que defendemos el agua, la tierra y nuestras convicciones. Que apostamos a la producción y al turismo , que trabajamos de sol a sol para el progreso de nuestros lugares y a pesar del empeño de los gobiernos en convertirnos en rehenes del Estado destruyendo lo más genuino que tenemos, que es nuestra tierra, seguimos de pie defendiendo nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y resistiendo tantas traiciones.

Vamos a seguir aquí, en Alto Carrizal, al pie del majestuoso y eterno Famatina, para evitar el paso de la empresa minera extranjera Osisko y también vamos a seguir trabajando hasta que nos escuchen: que lo único que va a traer progreso a nuestros pueblos es la producción y el turismo. Eso es lo único que tendrá el permiso social, el consentimiento, la licencia social que es el consenso del pueblo todo. El corte, las movilizaciones y todo lo que sea necesario, vamos a seguirlos sosteniendo hasta que se anuncie la anulación del convenio . Y hasta que recuperemos nuestra ley provincial que prohibía la minería a cielo abierto y hasta que en la Argentina tengamos una ley como ésta.

No es justo todo lo que estamos viviendo a esta altura de la democracia en nuestro país sólo por la ambición desmedida de poder y de plata . Ya sometieron a la provincia de La Rioja hace más de cien años a esta actividad minera y se robaron todo el mineral y no a La Rioja sino al país y no hubo nada de progreso en este lugar. Sólo provocaron desertificación y pérdidas de vidas humanas por la pésimas condiciones en las cuales trabajaban nuestra gente. Teniendo esta experiencia ahora nos quieren hacer creer que con este tipo de minería, con una metodología extractiva tan perjudicial, tan agresiva, tan criminal, utilizando en forma abusiva y desmedida, el elemento vital como es el AGUA, nos van a traer progreso.

Señores gobernantes: no van a poder sostener más tiempo tanta mentira, escuchen a los pueblos y no pongan en riesgos al país; no entreguen nuestros recursos naturales ni la vida de los argentinos y, si lo siguen haciendo, que Dios, la Patria y el pueblo se lo demanden.


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