El Ancasti
La situación de la empresa SOMICA DEM es un ejemplo claro de las oportunidades que Catamarca dejó pasar con la minería, que cobran ominosa actualidad en el marco del recrudecimiento en torno a la actividad a partir de la suspensión del proyecto Famatina en La Rioja y sus coletazos políticos en Catamarca, donde los cortes de ruta "selectivos" que impiden el paso de insumos al yacimiento Bajo La Alumbrera ya llevan dos semanas. El interventor de la firma, David "Davicho" de la Barrera, señaló: "En todos los años de vida, SOMICA jamás tributó o participó a la Provincia ni un centavo de ganancia. Eso, por si solo, dice lo que dejó de significar esta empresa para la Provincia. Se la creó con gran expectativa, esperanzados de que podía ser una herramienta para el Estado". Lejos de eso, SOMICA fue piedra de discordia. El extinto ex gobernador Arnoldo Castillo decidió disolverla en 1996 porque la provincia aportó como capital el área minera Cerro Atajo durante la gestión gubernamental de Ramón Saadi sin autorización legislativa. Esta decisión abrió un litigio en el que la Corte de Justicia anuló la constitución de la empresa y ordenó el retorno del área minera al patrimonio provincial. Pero en 2004, el entonces gobernador Eduardo Brizuela del Moral la reactivó en una controvertida decisión que desencadenó la renuncia de Stella Maris Buenader de Walther, que no compartía la idea, a la Asesoría General de Gobierno.
De la Barrera se pregunta "quién se benefició con la decisión de reactivar SOMICA". No tiene la respuesta, pero sí un dato incontrovertible: "Con certeza no fue el Estado". Las manifestaciones que el interventor hizo a El Ancasti contienen la posibilidad de un escándalo. La intervención de SOMICA tiene un plazo de seis meses. En los primeros tres se definirá la situación real de la firma, a través de auditorías contables y jurídicas, de las cuales deberían surgir responsabilidades por el hecho de que nunca la Provincia haya percibido utilidad alguna de una empresa en la que participa con el 51% de las acciones, pese a la explotación de rodocrosita que hacía. Según De la Barrera, SOMICA "nunca presentó un balance positivo". ¿Cómo es que esto nunca llamó la atención de las autoridades que decidieron reflotarla pese a una sentencia judicial que la había disuelto? ¿Para qué se tomó la anterior gestión las molestias de ponerla nuevamente en marcha? Si es una certeza que el Estado catamarqueño no se benefició con la reactivación, hay una historia oculta que es preciso desentrañar.
Lo más probable es que el aporte de capital que Catamarca hizo a SOMICA se pase a la nueva empresa minera, Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima, recientemente creada. Más allá de eso, y de los resultados que arroje la investigación del interventor De la Barrera, es oportuno señalar desde el punto de vista estrictamente político cómo se desaprovechó un instrumento que el Estado tenía para fomentar el desarrollo minero. El fracaso de SOMICA forma parte de un fracaso más general, sobre el que cabalga el cerril discurso contrario a la minería: la incapacidad para traducir los ingresos de la minería en progreso para la sociedad. La prédica antiminera tendría un eco mucho menor si la comunidad catamarqueña hubiera mejorado su calidad de vida; ni hablar si la empresa minera mixta que explotó la rodocrosita, piedra única, pudiera exhibir resultados positivos. Estas frustraciones configuraron el conflictivo escenario que hoy se proyecta a nivel nacional, en una polémica de desenlace incierto.
