Río Negro
Por HÉCTOR CIAPUSCIO - Doctor en Filosofía
En las crónicas periodísticas a las que dieron lugar en estos días manifestaciones ocurridas en la provincia de La Rioja contra la explotación minera de Famatina, echamos de menos útiles referencias históricas como las que ocupaban lugar en los textos de enseñanza escolar de otros tiempos –tales el manual de Grosso en la primaria y el no menos clásico de Levene en la secundaria– que ilustraron a generaciones sobre ese ícono histórico de la minería argentina.
Es sensible que por ejemplo no se haya aludido al peso que tuvo la idealización de la riqueza del majestuoso cerro en la mente y las acciones de los próceres de la primera hora de nuestra patria. Cuando en 1810 el gobierno de la Primera Junta planeó acciones al ritmo de la energía política de Mariano Moreno, comenzó un proceso que continuaron los hombres del Triunvirato y el Directorio en el que muchos gobernantes imaginaron superar los parvos recursos de la administración pública con la esperanza del oro vetiforme de Famatina. Y está el caso más conocido, la empresa de Bernardino Rivadavia a quien Ricardo Piccirilli, su biógrafo, vio como "un arquetipo de la nacionalidad que desde el sepulcro sigue promoviendo la negación y el aplauso, el vituperio y la alabanza". Rivadavia se empeñó en la iniciativa para la explotación –son sus palabras en 1825– de "la abundancia de minas de oro y plata en San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, entre las que se distinguen las celebradas minas de Famatina". Los historiadores han difundido detalles de las gestiones que emprendió en Londres en procura de capitales y técnicas para estas últimas. En medio de las peleas intestinas ocurrió el fracaso de una obra ("bien inspirada pero deficientemente concebida" según cita de "Rivadavia y su tiempo"), que debía superar limitaciones propias de la época y la oposición de factores de afuera y de adentro, entre estos últimos la competencia de una empresa con los mismos fines organizada por latifundistas bonaerenses y banqueros porteños apoyados por el gobernador Facundo Quiroga, finalmente también frustrada.
A fines del siglo XIX y principios del XX, un riojano nacido en Chilecito, precisamente al pie del Famatina, un hombre de Estado y pensador que celebró sus éxtasis estéticos y espirituales ante el paisaje natal en "Mis montañas", fue un vigoroso propulsor de la minería en Argentina. Joaquín V. González, profesor de Legislación de Minas en Buenos Aires y La Plata, universidad de vocación científica fundada por él en 1905, estructuró elementos conceptuales de una doctrina para la explotación del recurso mineral en beneficio sobre todo de las regiones postergadas del país. Enseñó que "las minas no son una fuente directa de renta fiscal sino una fuente que beneficia más extensamente a la riqueza social". Dijo que la minería es una industria que necesita más que ninguna un ambiente de libertad. Y en un libro de 1906 sobre el desarrollo histórico del derecho minero escribió: "Ninguna otra industria como ésta, cuando está bien regida, vincula mejor y más íntimamente a las naciones con los progresos de las ciencias y la civilización en general, porque necesita el concurso de todos los perfeccionamientos y concurre, a su vez, a desarrollarlos".
Éstos son antecedentes que sirven para enmarcar históricamente el tema de la minería en nuestro país. Pero la realidad actual y la política minera concreta representan otra cosa y de ello son testimonio las polémicas públicas a que venimos asistiendo, actualizadas por las movilizaciones en Famatina.
Veamos sintéticamente los hechos. El gobierno de La Rioja autorizó a una empresa canadiense a comenzar operaciones de exploración en el cerro pero, sin iniciarse los trabajos, surgieron multitudinarias reacciones de protesta ante peligros de destrucción del cerro, contaminación, cáncer, envenenamiento de fuentes hídricas, etcétera. Los sectores favorables al emprendimiento señalaron errores de apreciación: que no se trata de explotación sino de exploración, algo distinto, un proceso aleatorio que insume muchos años; que lo del peligro de trabajos a cielo abierto por mineral diseminado y el riesgo del cianuro son apreciaciones erróneas en un caso y exageradas en el otro; que, prueba de ello, existen en Chile, un país que con los productos mineros capitaliza el 50% de su PBI, decenas de minas trabajando con esos procedimientos, etcétera. Finalmente, temeroso por la movilización, el gobernador ha detenido el proceso "hasta que la gente esté de acuerdo" y la empresa minera hizo lo mismo con parecido argumento. Entretanto, la casi totalidad de los intendentes de la provincia declararon, considerándola vital para los intereses de sus poblaciones, una enérgica campaña en pro de la explotación de los minerales del cerro.
Un panorama general muestra que a partir de la sanción en los años noventa de una legislación ampliamente favorable para los negocios de la gran minería en nuestro país comenzaron anuncios indicativos del despegue de esa actividad industrial históricamente relegada. Circulan en la prensa especializada nombres de emprendimientos con inversiones de miles de millones de dólares. Proyectos y obras de gran magnitud en San Juan, Catamarca, La Rioja y Mendoza, además de algunos menores que están en estudio o ya comenzaron en provincias patagónicas, dan ocasión para expectativas de transformaciones profundas. El secretario de Minería ha venido insistiendo con un argumento trascendente: la necesidad de complementar, con el minero, el modelo agroexportador que ha generado una histórica y penosa exclusión social en las regiones interiores.
El hecho de que a partir de la legislación en vigor sean las provincias las propietarias de los recursos del subsuelo ha determinado diferentes decisiones públicas respecto a su explotación, aunque en su mayoría favorables. Pero subsisten las indefiniciones y polémicas aun dentro del gobierno y del partido gobernante, como quedó claro con la derogación presidencial de la ley sobre glaciares promovida por legisladores del mismo palo. Hace unos días Sergio Berensztein, profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Di Tella, comentó esta situación de ambigüedad ideológica. Es una pena, dijo, que el gobierno nacional no se anime a defender públicamente la importancia de la minería, una actividad intrínsecamente ligada a la historia de América Latina. Existen garantías para que sea un quehacer seguro desde lo medioambiental. Se puede aprender de los errores y los éxitos de esa dilatada experiencia y asegurar estándares como los de los países desarrollados, con auditorias independientes y controles efectivos. Las comunidades locales pueden establecer programas que permitan beneficios directos para los pobladores y así la minería puede convertirse en una digna y dinámica solución del problema de la pobreza. Y refiriéndose específicamente a lo que se plantea con Famatina, escribió: "Sería lamentable que la desinformación, el oportunismo, la demagogia y un falso fervor participacionista, patriotero y xenófobo opaquen los efectos positivos de la actividad e impidan que el corredor cordillerano se convierta en un motor de desarrollo similar a la pampa húmeda".
