Miradas al Sur
En la década del ’90, nuestro país se anticipó en la región sancionando una moderna legislación minera. Invariabilidad tributaria, regalías y un riguroso abordaje del impacto ambiental fueron el resultado de un importante consenso entre los diferentes actores políticos. Nuestro país, acostumbrado a construir políticas desde visiones maniqueas, intentaba revertir, en un marco de amplio consenso, el centenario atraso en que inexplicablemente se encontraba la industria minera. En tiempos en que la expresión “política de Estado” se usa a diario y en cualquier ocasión, convirtiéndose en un simple eslogan, vale tomarnos un par de renglones para expresar qué debe entenderse cuando se invoca el concepto.
Política de Estado es aquella en la que no importa quién esté en el gobierno. Implica que la tarea que inició uno, la continúe otro de distinto signo. Supone, además, que toda modificación en función de nuevas variables locales o internacionales se discuta y acuerde; y que nadie haga con ella una bandera electoral, porque al tratarse de una política de Estado a todos nos pertenece.
A la lamentable simpleza de la dirigencia nacional en general, debemos sumarle la increíble confusión cuando hablamos sobre la cuestión minera. Valen como ejemplos el grosero uso de los términos: impacto ambiental –como sinónimo de contaminación– y estabilidad fiscal –como equivalente de exenciones impositivas–.
Las actividades del hombre impactan en el ambiente. La construcción de una calle, la circulación vehicular, un aeropuerto, la realización de un dique, los desechos urbanos o industriales, las redes eléctricas, los canales de riego… Todas producen modificaciones en el medio ambiente, impactándolo de diferentes maneras.
Hay impactos negativos temporales y otros definitivos. En ambos casos, en un marco de un desarrollo sustentable, se puede trabajar recomponiendo, mitigando o rehabilitando el ambiente afectado. Pero sólo un perturbado, frente al impacto definitivo que produce la construcción de un barrio, puede decirnos que ese barrio nos ha contaminado.
La minería impacta fuertemente en un lugar muy pequeño: donde se llevan adelante las labores de extracción, tratamiento y depósito de minerales no valiosos. Pero de ninguna manera tiene permitido alterar los valores naturales del agua de los ríos, del aire o del suelo que circunda a una mina; ni le está permitido perjudicar los componentes bióticos (con vida) que componen el ecosistema del lugar.
Se advierte con razón que la capacidad de transmitir explicación es uno de los recursos distintivos del ser humano. A través de relatos tan breves como delirantes, muchos compatriotas compraron el cuento de que la minería no paga impuestos y sólo deja “míseras regalías”. La minería, como la industria petrolera –y al igual que en otros países de la región–, tiene un régimen de invariabilidad tributaria que está a las antípodas de las falazmente pregonadas exenciones impositivas. Paga todos los impuestos, no tiene subsidios, liquida retenciones a las exportaciones que no existen en ningún país productor del mundo y paga regalías que, por nuestra organización constitucional, le pertenecen a las provincias en que se encuentran los yacimientos.
Sólo desde el desconocimiento o desde intereses inconfesables, se puede seguir sosteniendo que la minería contamina y que no deja recursos. Podemos debatir sobre cuestiones fiscales nacionales, provinciales y municipales, ponernos de acuerdo o tener miradas diferentes. Pero debemos coincidir en promover la mejor y más capacitada agencia para realizar los múltiples controles que se requieren en materia de seguridad, explotación racional del recurso y protección ambiental en el desarrollo de los proyectos con técnicos y profesionales distinguidos desde una adecuada remuneración. Lo que marca un límite infranqueable, como diría el presidente José Mujica, es la mentira, la mala fe.
La minería en el país debe ser política de Estado. La ciencia debe prevalecer sobre las consignas falaces repetidas por artistas populares desde los escenarios. La ciencia refuta la preocupación simulada de políticos a los que no les importa atemorizar, porque en su escala de valores sólo valen los votos. Sirve hoy la reflexión formulara Aldous Huxley: “La realidad no se puede ignorar excepto que se pague un precio; y cuanto más persista la ignorancia, tanto más caro y terrible se vuelve el precio que se debe pagar”. El terrible precio no es otro que el de la miseria, que algunos se sienten con derechos a decretar contra miles de compatriotas, prohibiendo el ejercicio de una industria lícita.
El COLEGIO ARGENTINO DE INGENIEROS DE MINAS (CADIM), teniendo presente el llamado de la Sra. Presidente de la Nación a entablar un diálogo serio sobre la industria minera en el país, nos ponemos a disposición, por intermedio de la presente, para un debate público sobre el tema.
Como profesionales argentinos que somos, pertenecientes a las distintas carreras y actividades relacionadas a la industria minera, formados en nuestras universidades públicas, estamos en condiciones de aportar a dicho debate argumentos técnicos y científicos sólidos, evitando discusiones basadas en falsas dicotomías e informaciones inexactas o tendenciosas.
Estamos convencidos que tal debate, llevado a cabo en un marco de racionalidad, seriedad y transparencia, difundido por los medios masivos de comunicación, permitirá a la sociedad argentina en su conjunto escuchar todas las voces interesadas y formarse una opinión fundada sobre esta industria que nos convoca.
Ing. Marcelo Bellini
Presidente C.A.D.I.M.
DNI 14043189
