Ámbito Financiero - Por Sabrina Pont
La minería aportó $ 1.260 millones a las provincias durante 2010. De esa cifra, menos de la mitad, cerca de $ 400 millones, corresponden a las regalías (3% del valor del recurso en boca de mina) que las gigantes empresas internacionales pagan a las gobernaciones por lo que se llevan de sus territorios. A primera vista, no aparece como un monto importante; sin embargo, significa mucho, sobre todo para los cuatro distritos que concentran un 93% de esos aportes totales.
De ese cuarteto, Catamarca es la provincia cuyos ingresos más dependen de la minería: más del 14% provienen de este sector. No sólo porque la mina de cobre, oro y molibdeno Bajo de la Alumbrera -operada por la firma global Xstrata, con sedes centrales en Inglaterra y Suiza- está en su ciclo productivo más alto y realiza elevados aportes a la compañía estatal, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), sino también porque sus ingresos totales y locales son menores que en el resto del país.
Del total de los aportes mineros a las provincias en 2010, un 49% se quedó en Catamarca, según un informe que la consultora Abeceb realizó para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). La sigue San Juan, con un 22%, y pelean el tercer puesto Santa Cruz y Tucumán con un 11% cada una.
Con estos datos se revela -al menos, es posible hacer algunas conjeturas- el acento político que conllevan las amplificadas protestas antimineras en Catamarca, más allá de las indiscutidas cuestiones ambientales demandadas, que con urgencia se deben revisar, y los confusos reclamos de soberanía.
«Llama la atención este conflicto», señaló la gobernadora kirchnerista Lucía Corpacci esta semana cuando aclaró que su gestión no autorizó nuevos emprendimientos mineros y que la cuestionada mina Bajo de la Alumbrera produce sin descanso desde 1997. Y así, abrió el abanico de sospechas. Sabía que tenía respaldo. De hecho, horas después, se terminó de dar forma a la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI).
El Gobierno nacional no sólo participó de la creación de esta nueva entidad, que tendrá como objetivo generar para el sector «un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social», sino que la fomentó y convocó a juntar fuerzas.
La señal de largada la dio Cristina de Kirchner, que pidió públicamente establecer un «serio debate» sobre el desarrollo de esta industria la semana pasada, como respuesta frente a la creciente conflictividad desatada primero en la Cordillera riojana y luego, más amplificada, en la catamarqueña.
Es que a nivel nacional, y a pesar de que en comparación con otros sectores tradicionales no sea muy importante, el aporte minero es grande y promete mucho más. En 2010, de acuerdo con el estudio citado, alcanzó los $ 5.000 millones.
Más allá de los números actuales y los potenciales, que son mucho mayores, lo cierto es que el Gobierno nacional se aboca a contar con todas las alternativas posibles para reforzar las arcas públicas y así intentar prolongar la bonanza que llevó a inflar los últimos años altamente el gasto público.
El Impuesto a las Ganancias y las retenciones a la exportación explican cerca de un 80% de ese aporte minero: el primer gravamen representó un 51% del total, y el segundo, un 27%. La presión fiscal sobre la actividad creció entre 2006 y 2010, a la par del desarrollo de la minería, que se reimpulsó esta última década con la puesta en marcha de una mina de oro y plata, la sanjuanina Veladero. Está en manos de la empresa canadiense Barrick Gold y es el último gran hito del sector en el país.
El ejemplo más rotundo de ese crecimiento marcado de la presión impositiva es la extensión de los derechos de exportación en 2007, que alcanzó su máxima incidencia en 2008, cuando llegó a representar un 35% del aporte fiscal. Del total de tributos que pagan las mineras por producir en el país, la Nación se lleva el 88% y las provincias, el 12% restante.
