El Cronista
Por Adrián Lerer, Master en Dirección de Empresas
Hay actividades económicas que ganan la atención de la opinión pública, sólo por la oposición visceral que despiertan de las comunidades y por la condena de organizaciones de la sociedad civil.
Por mencionar casos: la represa de Corpus en Misiones con un plebiscito que la rechazó por el 62% de los votos; la mina de Esquel; la explotación de los bosques de lenga en Tierra del Fuego; Gualeguaychú y la planta de celulosa de Botnia.
La “anticracia” (gobierno de los “anti”) volvió a aflorar para condenar una actividad económica. Esta vez le volvió a tocar a la minería a cielo abierto y con uso de cianuro. ¿Hay puntos en común en estas situaciones? Si.
Actividades “sensibles”, vinculadas con los recursos naturales. Sospechadas de perjudicar la salud y/o el medioambiente. Llevadas a cabo por grandes empresas, en el imaginario popular, el enemigo perfecto. La reputación de la actividad suele no ser defendida/presentada a la sociedad de un modo llano, abierto a escuchar las inquietudes/temores/cuestionamientos de las comunidades impactadas. Las empresas, cayendo en el famoso “Dilema Coca (Sarli)”, hacen muchas actividades a su criterio valiosas para las comunidades donde se desarrollan, pero casi nunca se animan a preguntarle previamente a esas comunidades: “...qué pretende(n) (ustedes) de mí”, como la mítica Isabel en la famosa escena de “Carne”.
Ante la virtual ausencia, silencio, omisión de las empresas interesadas, son los gobiernos los que deben: Salir a defenderlas con argumentos trillados e irrelevantes ante los cuestionamientos o levantar cortes de ruta, disolver manifestaciones, con el costo social y político.
¿Qué genera todo ésto?: Mayor descrédito de la actividad, a la que los legos ven como negativa por todo lo que ha generado el manejo de la situación, que muchas veces prevalece en la opinión pública más que las implicancias de la actividad en sí. Alerta roja en las autoridades políticas que han tenido que “poner la cara” en defensa de una actividad, asumiendo los costos y abandonando el rol esperable de componedor de intereses en pos del “bienestar general” del Preámbulo de la Constitución, siendo percibidas como tendenciosas. Inevitablemente, en el corto plazo, un proceso de “despegue” de las autoridades respecto de la actividad, ya que en un sistema en el que el poder viene del voto ciudadano, difícilmente se logre que los que deben someterse al escrutinio electoral se apeguen por siempre a causas que se tornan “impopulares” y son objeto permanente de la Anticracia.
¿Qué camino deberían seguir las empresas?
Tomar el protagonismo: no se conoce en el mundo ninguna avestruz exitosa en los negocios, y quien esconde la cabeza, termina dejando al descubierto partes sensibles... De ese modo, se devuelve a los gobiernos el rol de árbitros defensores del bienestar general. Abrirse, sin miedos, al diálogo de buena fe. Es el único y mejor antídoto para la Anticracia. Para ello hay que buscar apoyo en la sociedad civil con prestigio. Hay muchas, serias y experimentadas organizaciones no gubernamentales que han conducido exitosamente procesos de diálogo social y ambiental en diversas actividades económicas. Y hay herramientas de diálogo social, como las casas abiertas, exitosas en Canadá, Chile y también en Argentina. Estar dispuestos a informar en forma completa y veraz. Es la única manera de ser sostenibles. De las mentiras, aunque sean piadosas, abstenerse. Del descrédito no se vuelve. Y sabemos que las empresas en general, lamentablemente, están en el “Veraz Social”. Trabajar con respeto, un valor cuya función es evitar la destrucción. Tener la predisposición, la grandeza y la humildad de modificar los planes de negocio, las formas de trabajo, los modos de comportarse, en función de los legítimos intereses de las comunidades. Esto es, ni más ni menos, que poner a prueba la credibilidad, ganándose la tan mentada “licencia social para operar”.
