Los Andes
El ex-gobernador ofrece su opinión acerca de las necesarias transformaciones que deben hacerse para adecuar el uso del agua de Mendoza a un nuevo modelo productivo.
Por Arturo Lafalla - Abogado. Ex-gobernador de Mendoza
La gran discusión de la Mendoza de hoy, como lo fue hace más de 100 años, es el uso del agua. La competencia entre los distintos usos y usuarios será feroz, porque como bien sabemos todos, aquí la tierra no vale nada, nada; aquí lo que en realidad vale es el agua.
Si leemos entre líneas lo publicado recientemente advertimos que esta pelea ya comenzó. Hemos escuchado decir: "Prohibición total de nuevas perforaciones", "Licitación de nuevas perforaciones", "Negativa total a la minería metalífera", "Sí a la minería metalífera", "La tiranía del riego", "El Gobernador de La Pampa recurre a la Presidenta por el conflicto del Atuel", etc.
Sin agua no hay población, ni vitivinicultura, ni turismo, ni emprendimientos inmobiliarios, ni industria, ni minería. Sin agua no hay nada y ésta es cada vez mas escasa. La ley de uso del suelo es en realidad la ley del uso del agua.
La primera afirmación como punto de partida de esta reformulación profunda de Mendoza que hay que hacer es reconocer que el esquema, por cierto exitoso y modelo en el mundo de nuestra ley de aguas, está agotado.
Qué conservar de la rica experiencia de más de un siglo de vigencia de la ley es uno de los primeros puntos a dilucidar. Parto por el principio y con claridad opino que las aguas superficiales y subterráneas deben seguir siendo públicas con absoluta imposibilidad de que en ninguna circunstancia pasen al dominio privado.
Consecuencia de que las aguas son de dominio público es que ninguno de sus actuales y futuros usuarios tienen ni deberán tener derechos ilimitados; son concesiones, sujetas por lo tanto a cumplimiento de obligaciones y a disponibilidad del recurso. El agua no tiene dueños.
Esto conlleva a que deberá seguir siendo el Estado quien la administre en forma excluyente. Nuestra buena y mejor herramienta para esta función fue el Departamento General de Irrigación; sugiero que sea ésta otra de las cosas a conservar del antiguo modelo, con todas las innovaciones que el mismo requiera. La primera, tal vez su denominación y competencia; no se trata sólo de irrigación sino de algo bastante más complejo: del uso integral del agua, como lo anticipó con acierto el actual titular de este organismo.
Todo lo demás hay que revisarlo. En especial la prioridad y modos de usos. Actualmente la ley es clara: uso humano, agricultura, industria, minería, recreación y turismo, en ese orden, haciendo un mix entra la ley de aguas y de aguas subterráneas.
Los actuales usos han construido lo que hoy es Mendoza. Jamás se me ocurriría ignorarla pero perpetuarla sin modificaciones es por un lado insostenible y, por otro, injusto, porque es negarse a crecer.
El dato ineluctable e imposible de ignorar sin caer en gravísima irresponsabilidad es que el recurso disminuye y las necesidades aumentan.
Es entonces un imperativo histórico centrarnos en la eficiencia del uso, de forma tal que el derroche sea calificado como delito con pena de prisión. Claro está que antes de llegar a esto hay que instruir a todos los usuarios para evitar el derroche y darles los medios para que puedan evitarlo.
Generado entonces el excedente hay que replantearse sin miedos los usos alternativos y sus prioridades, que podrían no coincidir exactamente con las actuales.
Partiendo de que toda actividad humana contamina o altera el estado originario de los recursos naturales, esos usos que elijamos deberán tener siempre un límite que es que el grado de alteración que produzcan en el medio no impida con el tiempo la sustentabilidad del desarrollo integral de la Provincia, sus oasis y de cada uno de sus habitantes.
Recientemente, la Presidenta ha dado un buen ejemplo de cómo encarar las grandes y estructurales reformas que el País necesita. Me refiero al proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y de Comercio. Convocó a reconocidos expertos no partidarios, ni afines. Estos a su vez convocaron a muchos más. Les puso un plazo para que le elevaran un proyecto recolectando y ordenando lo mucho que se había elaborado a lo largo de años sobre el tema, y ahí está el proyecto de reforma, que deberá pasar aún por muchos filtros, obviamente el más importante de todos el Congreso, en busca del consenso que lo legitime para que dure otros cien años. Ése es el camino.
Hay muchos trabajos realizados por expertos locales y foráneos sobre el tema que nos ocupa. Uno de los más importantes y recientes es el plan estratégico para la ley de usos del suelo. El Gobierno provincial deberá promover su recopilación y sistematización para que, sobre lo hecho y estudiado, organicemos el gran debate público sobre la eficiencia y prioridades del uso del recurso agua para el futuro. Creo entender que el actual superintendente en sus primeras declaraciones públicas ha manifestado su voluntad de hacer algo similar.
De esos debates surgirá, con el mayor consenso posible, la necesidad de realizar las reformas a nuestra Constitución y sistema legal que garantice un nuevo orden institucional que permita el tan ansiado crecimiento sostenible con inclusión que ejecutarán generaciones venideras.
Reafirmo que deberá buscarse y priorizar el consenso, sabiendo que éste es muy distinto de la unanimidad. Que todos sean escuchados pero con la clara conciencia de que habrá quienes no quedarán satisfechos, seguramente los menos. Nadie por poderoso que sea tendrá derecho de veto en este proceso. Será una clara mayoría la que diseñe, plasme en ley y comience la ejecución de esta importantísima y profunda reforma que Mendoza necesita con urgencia.
Éste creo, es el camino para evitar la guerra del agua y transformarla en un gran acuerdo que nos ayude a crecer con equidad.
