Dicen que el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, pidió a los inversionistas que aceleren el proyecto minero denominado Pachón para ponerlo en marcha incluso antes que el yacimiento Agua Rica, iniciativa todavía en ciernes ubicada en Catamarca. ¿Será verdad?
Puede ser, sobre todo considerando que la versión completa, con cierta lógica, es que Gioja habría dicho que en San Juan “están dadas las condiciones políticas y sociales” para que el grupo de empresarios privados (interesados en desarrollar ambos proyectos) avancen con más rapidez que en cualquier otra provincia minera.
¿Es para que nos preocupemos? Seguro, pero el dato fundamentalmente sirve para que nos ocupemos. Hay cuestiones estructurales ineludibles y que tienen que darse sí o sí en una comunidad para que se pueda avanzar en serio en el afianzamiento de emprendimientos mineros que se pretendan poner en marcha en los próximos años.
Esto es a lo que apeló seguramente en sus argumentos el experimentado y advertido Gioja, a sabiendas de que los escenarios pueden variar y, por lo visto, está decidido a seguir manteniendo cierta ventaja política en la región. Mérito de ellos, los sanjuaninos, ¡vale!, pero no se puede negar que con ayudita nuestra (aclaremos).
El silencio (no) es salud
No es que de esta ventaja gratuita se jacte Gioja, pero lo sabe y lo aprovecha a favor de los sanjuaninos. Nosotros por ejemplo, queremos más plata de regalías, pero no podemos garantizar el tránsito libre en la provincia. De hecho, hace años que el camino comunero que conduce al proyecto minero Agua Rica está cortado.
Notemos además, que el Estado catamarqueño ni siquiera tuvo la habilidad política para manejar eficientemente la administración de la rodocrosita, una piedra preciosa única, a la que no supo, durante décadas, cómo sacarle provecho en beneficio de la gente.
Asimismo, el silencio sobre temas sociales y ambientales, de compromisos asumidos oportunamente y que nunca se cumplieron, más la falta de anuncios de un plan de envergadura político, adecuado a las demandas reales de las comunidades, cumple ese doble rol de perjudicarnos a nosotros mismos y favorecer, simultaneamente y de alguna manera, a otras localidades mineras de la región. ¿Qué tal?
Aquí es, señores y señoras, donde radica lo verdaderamente peligroso. De cara a la sociedad, es más perjudicial esta actitud incoherente de los supuestos sectores a favor de la minería que cualquier otro planteo del ambientalismo extremo o de los antimineros, cuya actitud suele variar tras despejarse las dudas poco a poco.
Por caso, el más reciente, la evolución del famoso actor, Gastón Pauls, uno de los íconos de las campañas contra la megaminería, quien manifestó a la prensa que estuvo “mal informado” sobre la actividad y que tras recorrer varias provincias y ver sus realidades, ya no tiene ganas de ser un activista.
Trato preferencial
El recurso minero y los fondos que provienen de la actividad son de todos los catamarqueños, por tanto lo que se recibe de la minería debe ser distribuido de la manera más justa y equitativa. Es necesario concebir un programa político estricto que incluya, a mediano y largo plazo, este objetivo.
La minería debe ser un bien que alcance a la totalidad o al menos a la mayoría de los ciudadanos, y en particular, o de manera muy especial, a las poblaciones cercanas a los yacimientos mineros, como Andalgalá, Belén y Santa María en Catamarca. La zona donde reside y se extrae la riqueza mineral que se comparte con los demás comprovincianos.
Pero, ¿qué consideración merecen estos departamentos? Al parecer, hay gobernantes que sufren algún tipo de amnesia parcial porque simplemente olvidan las causas que desataron los perturbadores reclamos sociales.
La minería es un bien de todos
Si la minería es un bien de todos y el dinero que ingresa de la actividad prácticamente sostiene el sistema económico de Catamarca, de tal forma que, directa o indirectamente, tiene mucho que ver con el pago de sueldos e incluso con el último incremento salarial de $750 para los empleados públicos, ¿cómo entender que a los trabajadores del interior, que también son catamarqueños y forman parte de esta provincia minera, no los alcance la misma suerte?. (Silencio de radio).
No estoy diciendo que se saque de regalías para pagar sueldos y aguinaldo, porque esa maniobra administrativa está prohibida por ley. Pero, sin violentar la normativa vigente, las autoridades gubernamentales, que justamente proclaman la actividad como “política de Estado”, tienen la obligación y el deber de imaginar la forma correcta de llegar con los bondades que de ella se generan al conjunto de los habitantes de esta bendita tierra, con el objeto de plasmar, sobre todo en la realidad social, una verdadera “minería para todos”.
Ayudarnos a nosotros mismos
Las condiciones sociales previas, en las que debe desarrollarse la actividad minera, son la clave y el principio que en definitiva hacen la diferencia, a favor o en contra, entre departamentos, provincias y países que compiten por la radicación de inversiones y trabajo genuino.
Los funcionarios y legisladores que dan muchas vueltas para finalmente no definir nada importante para la sociedad en materia de política minera, están condenados a ver sus discursos embalsamados y colgados en la pared de la historia, a la vista de todos, como una muestra de intervención negativa en el curso natural del desarrollo de los pueblos.
¿Algún día, algún político dejará de justificar lo injustificable y con sinceridad intelectual reconocerá que se fracasó en el uso de las regalías mineras y que fuimos pésimos administradores de los fondos provenientes de la actividad? Mientras tanto, hasta que el coraje civil los anime al altruismo, convengamos que si hubiéramos hecho las cosas bien, no habría nadie en contra de la actividad minera hoy.
