Todo lo que no se hace es porque los funcionarios no quieren o no supieron cómo hacerlo. De todas formas, dejarse llevar por la fuerza del reclamo social o avanzar improvisadamente en materia de política minera es un anacronismo incomprensible en el siglo XXI.
El silencio no le hace bien a la minería. Además, el mutismo o afonía oficial va en sentido contrario a lo que esperan las comunidades cercanas a los yacimientos mineros. Esta certeza todavía no termina de ser asumida por los administradores de turno, e incluso empresarios.
Igualmente, si el problema no es de desconocimiento, entonces es pasividad parcial o exceso de formalismo. Lo cierto es que estamos a mitad de camino de muchos de los proyectos e iniciativas que iban directo al encuentro con nuestra gente.
Tras el reconocimiento de esta realidad, no creo que nadie se anime a preguntar por qué no superamos ciertas diferencias sociales. El punto es que lo que se hizo oficialmente hasta aquí no alcanza. Es verdad que se avanzó, pero poco. No lo suficiente.
Después no se queje
Los ciudadanos queremos evolucionar, pero no podemos si los políticos y funcionarios no aprenden a tiempo que dar el debate y transparentar es un camino ineludible de los pueblos mineros. También es importante ser “oportunos” con estos dos aspectos.
¿Cómo llegar a acuerdos sin contar con toda la información o abordar lo fundamental de la política minera? ¿Cómo dar el debate con proyectos apenas iniciados o difícilmente visibles, y sin que todavía nada esté del todo claro para la sociedad? En estos términos es casi imposible.
El silencio gubernamental sobre cuestiones centrales de la actividad minera y el medio ambiente promueve y facilita de alguna manera la libre interpretación. La consecuencia es que después es difícil acusar a los interesados de desinformados. Empero, con razón, hay una serie de preguntas relacionadas con la minería catamarqueña, que son absolutamente pertinentes.
No se juega con estos temas
Porque en definitiva, de un tiempo a esta parte, quedaron solo los rótulos, con poco o ningún contenido específico y por supuesto sin que todavía sean de dominio público. La agenda oficial debería ser la misma que tiene la gente, y en este caso no coinciden en lo fundamental.
Tenemos que debatir todo lo relacionado con la minería y la sociedad. Detallando solamente los 65 mil habitantes de los tres departamentos cercanos a los principales yacimientos mineros (Andalgalá, Belén y Santa María) ¿cuántas personas saben cómo será el proyecto Agua Rica?
Sigo, ¿en qué instancia está la empresa estatal minera, y qué adelantos tuvo desde su creación? ¿Cómo se contralará el impacto ambiental? ¿Los fideicomisos aquí son inconvenientes, pero en otros lados funcionan? ¿Qué pasa, justamente, con Agua Rica, cómo avanza y en qué sentido? ¿Cuál será la ganancia y en qué se invertirán los recursos?
¿Usted sabe? Nadie sabe, simplemente porque no se dio a conocer y menos con la precisión que reclama la sociedad. No puede ser que aspectos relacionados con la minería se conviertan en una suerte de adivinanza o enigma. Señores, les presento el origen de los mitos: el propio Estado.
Ley de Glaciares
Igual con la Ley de Glaciares. Esperaron la presión social y un pedido del Concejo Deliberante de Andalgalá para recién avanzar con un convenio. ¿Casualidad? Perdón, no creo en las casualidades. ¿Podría haberse pedido la auditoria antes? Seguro.
Además tampoco es tanto. Las zonas dudosas en este caso son particularmente Filo Colorado y Agua Rica, en “La Perla del Oeste”, porque en otro lado no hay exploración seria. Tras el informe, la Provincia decidirá la continuidad de los trabajos, pero ya lejos de las especulaciones.
De todas formas, las leyes están hechas para cumplirse. Qué sentido tendría para los gobiernos esperar a ser forzados cuando son los encargados de hacer cumplir las normativas. El organismo específico determinará si hay y no glaciares (o periglaciares) y, en caso de existir, cuántos hay.
Sin exageraciones. Es como la investigación del FUNCEI sobre la situación sanitaria o los estudios del Instituto Nacional del Agua, que se realizó Catamarca, y que determinó que la actividad minera, en particular Alumbrera, cumple con lo que estable la ley y no afecta la salud de los pueblos cercanos al yacimiento, con más de 15 años de explotación.
¿Qué tiene para decir?
Con esta forma de manejarse no prosperará el consenso social. Hay que sistematizar la información que quiere conocer la gente del lugar. Los funcionarios pueden ir un paso atrás de lo que espera la comunidad, pero se olvidan que ese camino ya lo recorrimos. ¿Se acuerdan?
Asimismo, si no es de dominio público, no sirve. No es lo mismo mandar un mensaje sobre cuestiones generales que informar sobre lo que la comunidad quiere saber. La otra opción es que no sepan qué es lo que tienen que hacer o que la impotencia le gane a la planificación.
La oposición y las entidades colegiadas también pueden ayudar en este anacronismo y colaborando con un tema central para los catamarqueños, para no aparecer como una suerte de gasto inútil ante la sociedad, porque no están participando activamente.
Nunca es tarde. Pero, algún día hay que empezar. En lo posible sería muy bueno que se comience, o que la iniciativa oficial sea primero, antes de que aparezca algún otro reclamo comunitario que los fuerce a hacer, o dejar de hacer, lo que corresponde.
Tenemos que dejar de reaccionar tardíamente a partir de las protestas o peticiones sociales. Es hora de ponerse por delante de los hechos y dejar de mendigar detrás de acontecimientos consumados.
