Réplicas mineras: apuntan contra la ley 7722 y San Jorge renace con un nuevo proyecto

Esta semana el Gobierno comenzó a analizar el nuevo proyecto San Jorge, compartido entre Mendoza y San Juan. Hay optimismo en cuanto a los aspectos técnicos, pero nadie asumiría el costo político de aprobarlo. Cristina, Coro Mining y el intendente de Malargüe, juntos para presionar a Pérez.

Los más críticos del proyecto San Jorge dijeron que jamás podría reactivarse el proyecto, y lo más entusiastas enfatizaban que la declaración de impacto ambiental (DIA) podría desarchivarse eventualmente. Hoy, a casi un año del bochazo legislativo (24 de agosto de 2011), el panorama ofrece una síntesis de ambos pronósticos.

Esta semana, el Gobierno provincial comenzó a analizar el nuevo proyecto que presentó Coro Mining que, a diferencia del original, es biprovincial. Así, San Jorge II prevé la extracción de la materia prima en Uspallata y el procesamiento del cobre en San Juan, a través de una línea ferroviaria de 22 kilómetros.

El primer encuentro de la comisión interdisciplinaria se realizó el martes a la tarde en Casa de Gobierno. Para entonces, desde el Ejecutivo hicieron hincapié en que durante las sucesivas reuniones se evaluarán los detalles técnicos de la propuesta, y por lo bajo admitieron que en este sentido no existirían impedimentos, más allá de algunas actualizaciones de la DIA anterior.

Sin embargo, aprobado el aspecto técnico, quienes siguieron de cerca la discusión anterior sostienen que el nuevo proyecto también se caerá en base a la falta de voluntad política. En otras palabras, en el actual panorama, ni el gobernador ni los legisladores asumirán el costo político, sumado a que San Juan reclamará regalías, complejizando aún más el escenario.

Así planteada la situación, los responsables de impulsar el proyecto minero metalífero en Las Heras no dan el brazo a torcer e insisten en avanzar, a sabiendas del adverso mapa político mendocino, sumado a los masivos rechazos sociales. Entonces, la teoría de que la presentación de San Jorge II tiene otro objetivo, cobra cada vez más empuje.

San Jorge II, el combustible para mantener el fuego

El sacudón que generó el decreto 1722 en las provincias petroleras fue de tal magnitud que no permitió parar la pelota y mirar más allá de YPF: si Cristina Fernández tomó el control fáctico de las reservas petroleras, a algunos sectores dentro del Ejecutivo provincial no les parecería extraño que tenga en mente tener mayor potestad sobre los emprendimientos mineros.

Alentada por la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Cristina avanzó sobre las provincias -más allá de las posteriores mitigaciones- sabiendo que el riesgo político de la medida así se lo permitía: entre todas las provincias petroleras, no reúnen el 20 por ciento del padrón electoral de la Nación, siendo Mendoza la que más votantes aporta.

En este punto, el riesgo político de una regulación similar en materia minera también sería propiedad exclusiva de los Estados provinciales, especialmente en Mendoza, donde el primer proyecto San Jorge terminó de afirmar un escenario que no admite grises, y donde Francisco Pérez es flanqueado desde ambos lados.

Por eso, sólo la presentación de un nuevo proyecto -sin importar si es viable- permite que la megaminería siga siendo un tema en discusión en Mendoza y pone en una situación incómoda a un gobernador que dio marcha atrás en su campaña pero que -según piensan empresarios y funcionarios promineros- en algún momento deberá adherir al discurso de la presidenta.

En este cuadro de situación, los responsables de San Jorge en Mendoza insisten con un proyecto que técnicamente podría implementarse, pero que no prosperaría políticamente. Por ello, algunos sugieren que los empresarios lo saben y que el único objetivo es sumarle presión a Pérez, más de la que llega desde Casa Rosada.

Por lo pronto, los responsables de la empresa en Mendoza se llamaron a silencio y, por el momento, señalaron que no darán declaraciones.

¿Qué ocurrirá con la 7722?

Otra de las acciones de Coro Mining, a cargo de la iniciativa San Jorge, fue cuestionar la legalidad de la Ley 7722/07 en la Justicia y así tener luz verde para avanzar con el proyecto original. En este marco, existe una docena de presentaciones que, hoy en día, analizan los jueces de la Suprema Corte de Mendoza.

Atentos a esto, desde el departamento más beneficiado en materia de hidrocarburos y minería (Malargüe) directamente presentaron un proyecto de ley para modificar la actual normativa. Sin embargo, fue el propio Francisco Pérez el que en mayo le bajó el pulgar a la iniciativa del diputado José Muñoz, que responde al intendente Juan Agulles.

En este contexto, Agulles se sumó al tren de Cristina y Coro Mining y, al igual que éstos, ejerce presión sobre el gobernador. De hecho, la semana pasada visitó Casa de Gobierno, reiteró que la Ley 7722 es inconstitucional y sugirió que el gobernador sabe que la normativa tiene falencias que deben repararse a través de un nuevo proyecto que ingresaría próximamente a través de Muñoz y la senadora Silvia Calvi.

Sin embargo, el intendente de Las Heras, donde pretende instalarse San Jorge, públicamente ha defendido la 7722. Más allá de ser un defensor de la megaminería, Rubén Miranda ha señalado que la actual regulación minera "La 7722 vino a aportar las pautas concretas para que no haya un abuso en la explotación minera metalífera", enfatizó, enredando aún más la situación.

Por el momento, las asambleas en defensa del agua celebrarán en las calles el aniversario del rechazo de Diputados a la DIA de San Jorge, el 24 de agosto, y el martes irán a Tribunales con un petitorio para defender la ley 7722, justo cuando en el máximo tribunal se analizan los pedidos de inconstitucionalidad contra la normativa.