Vaca lechera

A medida que aumenta el déficit y crecen las necesidades de financiamiento de los estados provinciales, los gobiernos buscan en la minería el auxilio para enfrentar la crisis, apelando tanto a la solidaridad como a la imposición de nuevos gravámenes compulsivos.

“Hoy parece que la minería en Santa Cruz es la vaca lechera y todos quieren adueñarse de ella, y se olvidan que a esa vaca hay que darle de comer, cuidarla y alimentarla para que dé más leche, no para que dé menos”. Así se expresó el titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (Capromisa), Juan Hammer, hace pocos días, al analizar las distintas solicitudes, pedidos y proyectos que, desde el estado provincial, aparecen a diario para aumentar los ingresos de las alicaídas arcas provinciales, lo que genera un contexto para nada halagüeño para las distintas compañías que exploran o producen en el sur argentino. A la crisis internacional, que reduce los fondos de inversión cuando no se garantiza una ganancia rápida –y la minería requiere, ante todo, inversiones de riesgo y a largo plazo–, se suman las dificultades financieras por las que atraviesan varias provincias, como Santa Cruz, que requieren más y más fondos para solventar sus gastos corrientes, y como no los encuentran en las arcas oficiales, se los reclaman al sector privado; y la sucesión de conflictos gremiales, algunos de los cuales se han manifestado con inusitada violencia, como el de Cerro Dragón.

En ese panorama, tanto dirigentes políticos con responsabilidades de gobierno, como miembros de la oposición, vuelven sus miradas a sectores privados que, pese a la crisis, continúan produciendo y sosteniendo la demanda y el empleo, buscando en ellos resolver los problemas económicos y fiscales que atraviesan las distintas administraciones.

Dónde hay un mango

Chubut sube a 8 % las regalías mineras en su proyecto de marco regulatorio, y además exige que las empresas asocien a Petrominera con un piso mínimo del 4% de las ganancias; el diputado peronista-dasnevista de esa provincia, Jerónimo García pide que las mineras paguen ganancias (que ya lo hacen, aunque él lo desconozca); la diputada nacional por Santa Cruz Blanca Blanco (esposa del gobernador Peralta) propone elevar a 12% las regalías en todo el país; la diputada provincial santacruceña (FVS) Selsa Hernández presenta un proyecto que fija un impuesto del 10% sobre toda venta de derechos sobre yacimiento en exploración o explotación de su provincia, el que casi fue aprobado a pesar de la endeblez legal del planteo. Desde distintos sectores políticos, en Santa Cruz y Chubut, se avanza en una carrera para ver quién propone una nueva manera de captar en forma directa lo que se denomina renta minera, para equilibrar las cargas públicas y lograr un mayor ingreso de una industria que, afirman, lleva mucho y deja poco.

Lo que no se menciona, en general –aunque sí lo asumió en una entrevista el presidente de Petrominera Chubut, Oscar Cretini–, es que se trata de lograr que en cada estado provincial y sus respectivos municipios donde se desarrolla la actividad minera, “sea más equilibrada la recaudación que percibe la Nación con lo que se llevan las provincias”. Pero en todos los casos, el camino buscado es hoy por hoy el más sencillo: que sea la empresa la que ponga la diferencia, para no tener que discutir con el gobierno nacional un nuevo esquema de coparticipación, cuestión que a todas luces, parece estar vedada a cualquier debate.

Reparto desigual

La minería paga en Argentina, en promedio, un 54% de impuestos, de los cuales menos del 8% del total queda en las provincias. Se trata de la presión impositiva más fuerte de la región y una de las más importantes del mundo. Por su parte, la coparticipación de impuestos nacionales viene reduciéndose en términos porcentuales al mismo ritmo que crecen los gastos transferidos a las provincias, desde la década de 1990.

En ese contexto, las provincias buscan el financiamiento a través de la emisión de bonos, la creación de nuevos impuestos provinciales o aumento de los ya existentes, y el auxilio del sector privado mediante adelanto de obligaciones.

Conseguir adelantos de impuestos, cánones o regalías por parte de sectores económicos privados, es una mecánica muy utilizada en la última década por gobiernos provinciales, que poco a poco se va agotando, y solamente ayuda a “llegar a fin de mes” –pagar aguinaldos, enfrentar obras en épocas electorales, demorar la llegada al temido rojo fiscal, según los casos–. Para conseguir esos adelantos, los gobernadores ofrecen habitualmente mejoras en las condiciones contractuales o una prórroga sustancial en concesiones.

Así como hace un tiempo, el gobernador bonaerense Daniel Scioli aumentó considerablemente el plazo de concesión a bingos, que aún no había vencido, a cambio de un adelanto de los cánones que deberán pagar en años venideros por su usufructo, las provincias patagónicas realizaron, entre 2008 y 2010, importantes negociaciones de concesiones petroleras, que llevaron el vencimiento de contratos mucho más allá del año 2020, a cambio de un adelanto de las regalías que deberían pagar en los ejercicios siguientes. En muchos casos, también se han pedido adelantos de regalías, utilidades, cánones e impuestos, a distintas empresas, en algunos casos sin que haya contrapartida contractual, pero sí algún tipo de quita retributiva.

El problema con este tipo de mecanismos, es que solamente traslada el problema hacia adelante, ya que un adelanto es eso, pagar antes lo que tarde o temprano se debía cobrar, y si no se utiliza para mejorar los ingresos provinciales futuros, será dinero que el día de mañana faltará y agravará la crisis, como ya está sucediendo en varias jurisdicciones, algo que los empleados públicos han aprendido con sangre, sudor y lágrimas, con los perversos mecanismos de “adelanto en efectivo” de que disponen los bancos en los que están bancarizados.

El mencionado Juan Hammer, de Capromisa, pidió públicamente “ser muy cuidadosos a la hora de legislar, porque la sensación que hay es que donde existe dinero circulando, el Gobierno, los gremios y los municipios quieren ver cómo le sacan una rebanada a eso, por lo que hay que ser prudentes, porque si no hay una relación clara, esto lleva a muchas dudas, muchas confusiones y al desaliento de las inversiones”.

A su entender, “es preferible cobrar un canon más caro, más alto y distribuirlo como se crea que haya que hacerlo, y no estar todos los días pidiéndoles a las empresas mineras distintas cosas”, y fue más allá: “En ningún lado está escrito que la empresa tiene que responder a los pedidos de colaboración que se hacen desde las autoridades”, sosteniendo que mientras se les pide a las mineras, “no hay el mismo nivel de exigencias con otras empresas”, como ser las constructoras o viales, “que ejecutan obra pública en la provincia”.