Luego de la palabra de la gobernadora Lucía Corpacci abriendo el debate sobre la posibilidad de ser socios en el proyecto Agua Rica sobrevino un preocupante silencio. Nadie dijo más nada sobre el tema. Las pausas son necesarias pero, en este caso, el mutismo fue estremecedor.
Con el paso del tiempo, muchas cosas quedan en la nada o se desvirtúan. Por eso cada tanto hay que volver a la pregunta inicial sobre qué es la minería y qué significa el concepto de desarrollo sustentable que, a pesar de los esfuerzos, nunca termina de entenderse.
Con este estado de cosas, cada actor de la minería termina haciendo lo que le corresponde a otro y deja de hacer lo que le concierne específicamente. Ergo, si no perdiéramos de vista los roles específicos, tal vez sería más fácil hablar del modelo minero al que aspiramos.
A la inversa. ¿Cómo definir la nueva minería si nos olvidamos a cada rato de lo que aprendimos ayer y lo que superamos a duras penas? Sin capitalizar los errores, es difícil no alejarse de la gente que no deja de recordarnos dónde queda el Norte.
El hecho es que lo que hicimos hasta aquí no alcanza. Probablemente porque no tenemos en claro dónde queremos ir y qué debemos hacer. Queremos, pero no sabemos cómo. Las dudas no se circunscriben a la provincia. Los condicionamientos externos también pesan e influyen (próxima editorial).
Alcanzados por el error
Pero volviendo a lo nuestro. El Estado no puede hacer lo que le toca a las empresas, como tampoco los inversionistas deben hacerse cargo de las responsabilidades del Gobierno porque el resultado es el desconcierto social.
La gente termina esperando de las empresas lo que tiene que exigirles a sus representantes. En otras palabras, lo que debe hacer el Estado no tiene por qué hacerlo una empresa. Y lo que le corresponde a las empresas no lo puede suplir el Gobierno.
Cuando los privados asumen, por confusión (o porque se lo reclaman desde distintos sectores), un rol casi gubernamental, y el Estado (votado para gobernar) cede o hace dos pasos para atrás, se confunden los espacios y el daño alcanza no solo al Gobierno y a las empresas radicadas en la provincia, sino también a la misma sociedad.
El garante y último responsable
Las empresas tienen que pagar los impuestos, regalías o utilidades y el Estado debe hacer las obras de infraestructura, capacitar y programar el desarrollo sustentable mientras dure la explotación de un yacimiento minero.
Las capacitaciones pueden ser una actividad compartida. Las empresas pueden colaborar pero, al margen de las tareas comunes entre el Estado y los privados, no debe haber dudas de cuál es la función que le compete a la administración de turno.
Obviamente que no es lo mismo que las empresas aporten para una obra específica (que deberíamos hacer nosotros) que recibir la plata y encararla como Estado. No es una cuestión de gusto o contexto. Es una responsabilidad, claramente individualizada e ineludible.
Sea esta una historia de éxito o fracaso, el Gobierno es el principal responsable y garante de los resultados. Los empresarios harán su negocio y tendrán que acompañar el desarrollo propuesto por el Estado.
Por la actual coyuntura, todas los empresas, no solo las mineras, tendrían que colaborar (en la actualidad solo lo hacen algunas). De todas las empresas mineras que trabajan no todas se portan igual con la sociedad. El compromiso no es el mismo. ¿Cuántas firmas privadas que operan aquí tienen Programas de Responsabilidad Social?
Por caso, Minera Alumbrera construirá un nuevo hospital para Andalgalá. El presupuesto estimado de la inversión es de 25 millones de pesos. Desde el punto de vista social se agradece. Sobre todo considerando que es una obra que debería hacer el Estado y teniendo en cuenta que otras empresas no actúan con la misma responsabilidad u obligación.
Ni una cosa ni la otra
Por otro lado, no sé por qué la confusión, pero lo aclaremos. A las empresas mineras o a las “mineras” como se las conoce, no hay que rendirles honores o pleitesía, pero tampoco hay que maltratarlas.
El hecho de que a los empresarios hay que exigirles más no implica irse al extremo de agredirlas. Ahuyentarlas, rechazarlas, correrlas porque supuestamente no las necesitamos es una cosa. Exigirles es otra. Pedirles más compromiso no es lo mismo que espantarlas.
La diferencia es clara, pero muchas veces no lo tenemos presente cuando tratamos con los privados. ¿Cuántos inversionistas hay dispuestos a quedarse en Catamarca o a venir a nuestra provincia para invertir?
Es tragicómico pero, encima que son pocos los interesados, nos comportamos como si no necesitáramos emprendimientos privados o los inversionistas estuvieran haciendo cola para asentarse en Catamarca.
Tras las manifestaciones de la Gobernadora, ningún funcionario ni legislador, kirchnerista o de la oposición, tomó esas declaraciones como propias para ampliar o profundizar en qué sentido conviene una sociedad en el proyecto Agua Rica.
Las expresiones de Corpacci quedaron ahí, desamparadas por falta de acompañamiento y definiciones precisas para reforzar la palabra o las ideas de la primera mandataria catamarqueña con relación a la política minera que quiere la provincia.
Lo único que se escuchó, aunque a la distancia, a modo de acompañamiento oficial, fue la voz del vicegobernador de la provincia, Dalmacio Mera, que fue invitado por la facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires, y que participó del Tercer Seminario sobre Minería, organizado por el departamento de Derecho Empresario de dicha institución.
Como se ve, hay mucho para discutir todavía, incluido el interés y el conocimiento de nuestros representantes en la materia. En una provincia con una coparticipación comprometida casi en un cien por ciento en el pago de sueldos, hay que andar siempre con mucho cuidado. Las regalías o fondos mineros son siempre una tentación para hacer frente a cualquier cosa, menos para invertir en desarrollo sustentable.
