Durante los últimos años, los medios de comunicación nos han aturdido con categorizaciones como “anti mineros” y “pro mineros”, en otras palabras han intentado crear “héroes” o “villanos”. Ni el desarrollo socio económico ni el medio ambiente deben ser discutidos en estos términos y tampoco deberían ser objeto de discursos políticos. Vivimos en una sociedad de consumo, que depende inexorablemente de la minería, de la energía y demás recursos naturales. Muchas voces extremas, se oponen a la minería porque desconocen el tema y porque lo único que escuchan son mensajes negativos, que han sembrado temor y rechazo a la actividad. Pero si no existiera la minería, ¿cómo viviríamos los seres humanos? ¿Cómo podrían abastecerse las industrias? Tomemos el simple ejemplo de un automóvil. Para lograr un vehículo cómodo, potente, veloz, se requieren 65 tipos diferentes de elementos químicos, que representan un centenar de metales y sus aleaciones, obtenidos de un millar de minerales diferentes. Vemos entonces, que la vida moderna, es imposible sin la minería.
Las provincias andinas tienen superficies que alcanzan a más de un 70% de montañas. ¿Cuál sería la alternativa de progreso, para las personas cuya fuente de trabajo está directa o indirectamente vinculada a la industria minera? La geografía y el clima de la zona, no brindan las condiciones adecuadas para desarrollar la agricultura a gran escala y tampoco hay un polo industrial de magnitud que pueda incidir de manera significativa en el PBI de la provincia. Es por ello que la minería responsable, es una herramienta de crecimiento para la economía de la cual no se puede prescindir. Si bien los índices de pobreza en las provincias del NOA continúan siendo altos, no es deber de las empresas mineras la administración de los recursos provenientes de la actividad y las inversiones públicas que de allí surjan.
Los gobiernos deben exigir los mayores estándares de cuidado al medio ambiente a las industrias que explotan los recursos estratégicos de un país. Por su parte las empresas deben cumplir con las reglas de juego siendo responsables en materia ambiental y social. El rol del Estado es claro, establecer las condiciones bajo las cuales deben operar las empresas, mediante el consenso democrático de la ciudadanía, cuya soberanía reside en el Congreso de la Nación. El Estado debe asegurarse de que las reglas se cumplan y volcar las rentas mineras en inversiones de alto impacto social. Por último y para contribuir a un mayor conocimiento, los Gobiernos deben informar y educar a la sociedad con información genuina y con seriedad.
El cuidado del medio ambiente es vital. Es responsabilidad de todos, no sólo de las empresas mineras y tiene que ser protegido en todos los niveles de la vida humana. Deberíamos preguntarnos con sinceridad, cuántas veces derrochamos el agua corriente al tomar una ducha o al lavar el auto. Cuantas veces convertimos lugares públicos en basurales a cielo abierto. Si está a nuestro alcance, se puede encontrar la forma de cambiar conductas y pautas de consumo para contribuir a la protección del medio ambiente.
Las empresas aplican hoy los principios de la responsabilidad social, trabajando día a día fuera y dentro de cada organización. Las industrias tienen un compromiso implícito con la sociedad, en especial aquellas que extraen los recursos naturales no renovables. No se trata de pretender que las empresas busquen fines altruistas, pero sí que se fortalezcan los vínculos con las comunidades y así transformar a la minería en un factor de despegue de otras actividades económicas, liderando el desarrollo en las sociedades donde se encuentran tal como lo planteara César Robilliard en el 2006. Quizá uno de los errores del sector haya sido el hermetismo y un cierto descuido de los canales de comunicación con la sociedad. Las empresas mineras deben ser líderes en informar y educar a la población. Los programas de responsabilidad social, de los cuales los beneficiarios son los habitantes de las localidades donde están las empresas, en la mayoría de los casos pasan inadvertidos. Han adquirido mayor peso los mensajes de catástrofe y pánico. Por otra parte, también sería interesante evaluar, cómo están poniendo en práctica nuestros dirigentes la “responsabilidad social” que tienen con la ciudadanía, un compromiso que asumen desde el día en que el pueblo los eligió. La recientemente creada OFEMI, de los gobernadores de provincias mineras es un paso importante en este sentido.
La instalación de las empresas mineras, siempre representará algún tipo de conflicto de intereses en las sociedades donde se encuentran. Incluso desde un nivel muy elemental, todos los seres humanos tenemos una tendencia innata a sentir incertidumbre ante los cambios y a desconfiar de lo que no conocemos, más aún si proviene de afuera. Resulta vital por lo tanto, que los gobiernos que autorizan las inversiones mineras, provean de información genuina a la sociedad sobre todos los impactos que genera un yacimiento minero. Si esto se logra, la misma comunidad, mediante la participación ciudadana estaría otorgando a las empresas la “licencia social” que necesitan para funcionar y de esta manera, las diferencias no desembocarían en enfrentamientos violentos y recurrentes.
La otra clave fundamental es que las empresas y los gobiernos tengan como norte el desarrollo sustentable, entendido como equilibrio entre la necesidad de crecimiento económico y el uso eficiente de los recursos.
* Lic. en Relaciones Internacionales. Miembro de la Comisión de Balance Social del Concejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca. Operadora de Importaciones en Minera del Altiplano. Investigadora adhonorem del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos (GEIC) en el área Energía y Medio Ambiente.
