Muchas voces hablan de estructurar una o varias leyes que definan la forma de hacer minería en Santa Cruz, pero no se comunican entre sí y mucho menos consultan a los que todos los días hacen minería y conocen a fondo la actividad.
El pasado martes 28 tuvo lugar en Perito Moreno un encuentro, en el que se abordaron distintos aspectos de la situación de la industria minera en Santa Cruz, además de otros temas de política provincial. En el mismo estuvieron presentes el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral; los intendentes de la zona norte, varios diputados provinciales, concejales y representantes del Ministerio de Planificación.
Allí y con la presencia de los máximos representantes de mineras que operan en la zona –Goldcorp Cerro Negro, Minera Santa Cruz, Patagonia Gold y Yamana Gold–, más de 40 representantes de la cámara empresaria que nuclea a los proveedores locales de la industria, Capromisa, plantearon sus problemas e inquietudes ante la coyuntura, centrados en morosidad en el avance de un sistema de compre provincial minero y la implementación de programas de desarrollo de proveedores; la caída de puestos de trabajo por el retiro de al menos cuatro exploradoras –empujadas por los aprietes de los Camioneros–; el freno a las exportaciones por medidas erróneas en los plazos para liquidar divisas; las complicaciones provocadas por el cierre virtual de importaciones, y la turbulencia generada por los proyectos que afectan directamente al sector presentados en los últimos tiempos en la Legislatura provincial.
De las deliberaciones surgieron propuestas de generar canales de diálogo y reuniones periódicas con los intendentes de las localidades mineras y con los directivos de cada una de las empresas, por lo que los proveedores locales manifestaron su satisfacción por los resultados.
Ausencias notablesNo estuvieron en la reunión peritense representantes del gobierno provincial, ni del gremio minero AOMA y la Cámara Minera de Santa Cruz, Camicruz.
La ausencia del gobierno provincial llamó la atención, pero aun mas lo hizo la ausencia de representación de AOMA y Camicruz: afirman ambos que no fueron invitados a esta reunión ni son tenidos en cuenta a la hora de discutir leyes, proyectos y políticas que luego los afectarán directamente.
Javier Castro, titular de AOMA, fue claro en este sentido, y recalcó que están cansados de no ser convocados para oír su opinión, y solamente se los llama cuando “se hacen actos para figurar en las tapas de los diarios”.
Aunque más cautos y sin hacer declaraciones públicas, en Camicruz se coincide con los planteos de la representación gremial.
Antón Pirulero
La Cámara de Diputados viene discutiendo desde hace un par de meses, propuestas para gravar la actividad, para tomar a título gratuito parte de las acciones de las compañías, e incluso algunos legisladores han manifestado la decisión de avanzar en una ley integral para la actividad. También desde el gobierno provincial se afirma la necesidad de contar con nueva legislación que regule la minería de manera diferente y le provea los fondos para enfrentar la crisis presupuestaria que atraviesa.
Los intendentes, por su parte, buscan aportes directos de las empresas cercanas a sus localidades, para solventar el mantenimiento de servicios básicos, como salud, educación, seguridad y limpieza urbana.
Y cada uno por su lado, los proveedores solicitan mayor participación en el desarrollo minero, los trabajadores piden que los controles sean permanentes y no sólo cuando hay conflictos, y las compañías mineras quieren que las dejen trabajar y producir.
El problema es que cada uno lo hace por su lado, y en lugar de coordinar esfuerzos y enriquecer el diálogo, se estratifican las relaciones, y nada avanza.
En la minería santacruceña, como en otras áreas, cada cual atiende su juego.
Se logran acuerdos entre algunos sectores, sí, pero fracasan porque si no se compromete a todos, el cumplimiento se dificulta.
Es importante que se generen espacios intersectoriales como el de Perito Moreno con Capromisa, para abordar temas tan importantes para el presente y futuro de la industria en Santa Cruz, como lo son el compre local, el aumento de participación de la mano de obra santacruceña en los emprendimientos mineros en producción y los que actualmente se están construyendo, la discusión del aporte que deben efectuar las empresas, tanto productoras como proveedoras, al desarrollo sustentable y a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.
Pero para avanzar en normas, decisiones y políticas sobre esos temas, es necesario e imprescindible que sean escuchadas y tenidas en cuenta todas las voces y experiencia, y especialmente las de los principales protagonistas de la industria, que son las empresas mineras y los trabajadores del sector.
Las mineras desarrollan de hecho, en sus localidades de influencia, programas de desarrollo de proveedores y de capacitación de mano de obra local, a la vez que aportan al sostenimiento y mejora de la infraestructura y servicios comunitarios, y al desarrollo sustentable. Estas acciones se llevan adelante no por obligación legal sino porque esa es la forma de hacer minería en el mundo de hoy y así se ejecuta, con distintas variantes de acuerdo a la idiosincrasia local, en cada uno de los lugares en que las compañías operan.
La minería es una actividad que tiene la capacidad de multiplicar y movilizar a muchas otras actividades económicas, directa e indirectamente. Diariamente vuelca importantes recursos para producir, y es esencial que la mayor parte posible impacte positivamente en la comunidad, la provincia y el país, y para ello se necesitan reglas claras, políticas activas y conocimiento de la realidad, temas que quienes hacen minería todos los días, desde el máximo directivo hasta el más modesto trabajador minero, conocen y sobre los cuales pueden aportar experiencia e información, para que la toma de decisiones esté avalada por la realidad y no produzca efectos contrarios a los buscados.
Si Santa Cruz es una provincia minera, merece darse una estructura legal que regule la actividad con normas modernas y acordes a la realidad provincial, dictando reglas de juego claras y sin dejar ejes esenciales, como el aporte al desarrollo, librados al libre albedrío. Pero para hacerlo necesita trabajo intersectorial con todos los protagonistas, diálogo y consenso. Algo que en los últimos tiempos está más ausente que nunca.
