El lunes pasado se publicó en este mismo espacio una defensa de la ley 7.722 que regula la minería en Mendoza. El autor de esta nota polemiza con la norma y con su defensor.
Por Martín Carotti - Geólogo
He leído con atención la nota "Constitucionalidad de la ley 7.722" escrita por el abogado Augusto Juan Menéndez y publicada el 3 de diciembre en Los Andes. Más allá de sus comentarios legales, que no estoy en capacidad de juzgar, comete errores básicos en los que apoya su razonamiento. No hay que ser abogado para entender que desconocimiento y prejuicio no son argumentos, menos aún legales.
Desconocimiento y prejuicio cuando dice: "El Gobierno nacional propicia la explotación metalífera a cielo abierto en gran escala? ", lo que es falso; la industria promovida es la minera, sea metalífera o no, a cielo abierto o subterránea, sin reparar en el tamaño.
Cuando habla de la ley 7.722, insiste: "La explotación metalífera intensiva a cielo abierto, con las sustancias químicas mencionadas por el artículo 1º", a pesar que la expresión "a cielo abierto" no es mencionada en ninguna parte de la ley 7.722.
Usa en forma peyorativa "a cielo abierto", sin saber que más del 90% de los productos mineros que usamos desde hace miles años, se extrajeron de esa manera. Es la técnica más antigua y sencilla, la única que puede abastecer las rocas, minerales y metales que construyen la civilización. En forma subterránea, sólo se extraen aquellos minerales de alto valor y disposición vertical.
Hay minería a "cielo abierto" desde que el hombre tomó una piedra y la convirtió en herramienta. En Sudáfrica (40.000 A.C.), Australia (30.000 A.C.), Grecia (15.000 A.C.) y antes de la agricultura, los hombres hacíamos minería a "cielo abierto". Hace 12.000 años en el norte de Chile extrayendo óxidos de hierro, un colorante para pintar los cuerpos de vivos y muertos, un uso ritual suntuario por cierto.
El hombre obtuvo a "cielo abierto" piedra, sal, cobre, estaño, oro, plata, hierro, carbón, yeso, mármol, minerales y metales, para crear edificios, caminos, puentes, herramientas, joyas y moneda. Productos mineros con los que prendió fuego para calentarse, cocinar o hacer metalurgia, que incluso se usan para captar el agua, entubarla, bombearla, almacenarla, filtrarla, adicionarla, flocularla, distribuirla y hasta para fabricar el grifo que abrimos en nuestra casa.
Es lógico que un abogado no conozca de minería y se confunda; hay minas donde las rocas y el mineral se obtienen a "cielo abierto", o en forma subterránea, de ambas maneras, en forma consecutiva o simultánea. Y cualquiera de ellas puede ser metalífera, donde los metales se extraen en procesos al aire libre, o en instalaciones cerradas, con ambos métodos, y en algunas se extraen los metales sin usar los productos químicos prohibidos. Y la decisión entre tantas opciones es técnica, depende de las características físico-químicas del mineral, y de otros factores dispuestos por la naturaleza.
Desconocimiento y prejuicio cuando habla de "altamente nociva para el medio ambiente", olvidando el ejemplo de Chile, con más de 4.000 minas en producción. En las nacientes de cada valle hay varias minas medianas o grandes, aguas abajo, los vinos y productos agrícolas para los mercados más exigentes del mundo, más abajo las ciudades, playas y turismo. Y algunas de sus minas son las más grandes del mundo, produciendo desde hace más de 100 años. Chile lidera en PBI por habitante y el ranking de calidad de vida de América Latina, no sólo por la minería, con minería y sin daño al medio ambiente.
Desconocimiento y prejuicio cuando no entiende que los mismos ingenieros que diseñan, construyen y supervisan nuestras industrias químicas, petroquímicas, de alimentos, farmacéutica, metalúrgica, plástica, vitivinícola, etc., utilizando técnicas y productos químicos similares, son los que trabajan en el proceso del mineral, aplicando las mejores prácticas y medidas de seguridad disponibles. Son ingenieros argentinos, recibidos en nuestras universidades. Confiamos en ellos cuando producen medicamentos, confiemos cuando procesan minerales.
Sin pretender incurrir en temas legales y sólo aplicando el sentido común, entiendo que nadie puede aducir su desconocimiento o incapacidad para incumplir la ley. Menos aún el Estado, al prohibir el uso de tecnologías de empleo habitual en el mundo y en la misma Argentina, aduciendo su propia incapacidad de cumplir y hacer cumplir la ley que lo obliga a controlar a la actividad minera.
Manifestando su incapacidad de controlar, no imaginamos al Estado provincial prohibiendo el uso de sulfuroso y sales de cianuro en la industria del vino, o de agroquímicos y pesticidas en el agro, o de sulfúrico en las aguas de riego por goteo, ambos usados "a cielo abierto", ante la posibilidad de provocar intoxicaciones y contaminación.
Riesgo confirmado por varias muertes, no sólo de peces en el Valle de Uco a principios de año, también de personas. Sería ridículo que se prohíba el uso de lavandina a los hoteles, porque el lavado y drenaje de las piletas de las Termas de Cacheuta contaminó las aguas del Río Mendoza, matando centenas de peces. Todos eventos de contaminación real ante los que el abogado no se molestó en esgrimir hermenéutica alguna.
No nos debe sorprender semejante desconocimiento y prejuicio, otro defensor de la ley, el abogado Aldo Rodríguez Salas dice: "La ley 7.722 de 2007 es una norma surgida de la intranquilidad social de una provincia sin una política minera legalmente establecida. No fue fruto de la consulta a sectores de ciencia y técnica de la provincia, sino de una reacción social"; una curiosa manera de defender una ley.
Y es totalmente cierto, la ley 7.722 no responde a estudio técnico alguno, es la respuesta demagógica del gobierno ante la extorsión piquetera.
¿Podemos imaginar un plan de vacunación fruto de manifestaciones de algunos cientos de personas y la opinión de directores de cine, filósofos y abogados? A nadie se le ocurriría, consultamos a médicos, bacteriólogos e infectólogos, al menos espero que sea así.
Una ley que impide a Mendoza utilizar moderna tecnología, la que se utiliza en Suecia, Finlandia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, etc., e incluso en otras provincias argentinas, para abastecer productos mineros a un mundo que lo demanda, desarrollando recursos y preservando el medio ambiente. Procesos industriales modernos que no se pueden aplicar en Mendoza porque el Estado no quiere asumir su función, la de cumplir y hacer cumplir la ley.
Si el Estado no puede prever y evitar la eventual contaminación minera de algún irresponsable, ¿puede controlar el uso de agroquímicos y pesticidas, "a cielo abierto"? ¿Cuántas otras actividades se prohibirán porque el Estado no se siente capaz de hacer cumplir la ley?, ¿es ese el camino?
Contaminar es delito, para la minería como para cualquier otra actividad. Existe la tecnología y la legislación para hacer minería cuidando el medio ambiente, y es deber indelegable del Estado cumplir y hacer cumplir la ley, para que todas las industrias se desarrollen en forma sustentable. El Estado no puede ni debe renunciar a ese mandato, sacrificando una parte del futuro de los mendocinos.
