Por estos días el Intendente andalgalense Alejandro Páez expresó su opinión contraria a que sea el Poder Ejecutivo de la Provincia quien determine en qué deban invertir los municipios el dinero que reciben en concepto de regalías por la explotación minera.
El punto de vista del jefe político del departamento del Oeste probablemente se vea sólo como un gesto más del andalgalense en la mala relación que tiene con el Gobierno. Y el tono de la reacción parecería conformarlo. En su réplica, Páez señala que “… no necesitamos que nos indiquen desde afuera, con el dedo, cuáles son las cosas a las que debemos apuntar y cuáles son las cosas a las que deben inducirnos porque consideran productivas”.
También expresó, extremando el razonamiento, que “si ellos estiman que Andalgalá ya no es agrícola ni ganadera, desde el Municipio no se podrán realizar más proyectos con fondos de regalías mineras que tengan que ver con la agricultura, con la ganadería o con otro tipo de capacitación”.
Al margen del grado de adhesión que merecieran tener estos dichos, no hay duda de que traducen una actitud de defensa de la autonomía municipal, defensa que no es frecuente en la provincia, donde los municipios, prácticamente todos, no podrían mantenerse con sus propios recursos y se ven, por tanto, necesitados del favor gubernamental, incluso en lo referido al cumplimiento de las asignaciones que les corresponden. Se hace referencia a defensas que implican enfrentamiento al Poder Provincial, porque gestos autonómicos se han dado también en casos de intendentes arbitrarios que han incurrido en abusos que exceden los límites de la autonomía, como ha ocurrido con el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, protegido evidente del Gobierno.
El ministro de Producción, Ángel Mercado respondió las expresiones del intendente Páez recordándole una circunstancia lapidaria para el parecer del andalgalense: “La Constitución del 94 dice que los recursos naturales son de las provincias, de tal modo es que la Provincia es quien da las concesiones mineras, no la dan los municipios, ni la Nación y, siguiendo esa misma línea, a la Provincia le asiste la obligación de regular en qué se van a gastar estos dineros”. Y dijo, asimismo, que “nosotros lo que queremos evitar son experiencias pasadas que han sido conflictivas y que han traído un alto grado de frustración a las poblaciones en cuanto al uso que se dio a dinero de las regalías”.
Las airadas manifestaciones del intendente Páez –debe agregarse- fueron la respuesta al ministro Mercado, quien anunció, desde Andalgalá, la reglamentación de la ley provincial de regalías mineras.
Pero, cabe pensar que el incidente pudo con beneficios no haberse producido, no si el intendente se hubiese callado, porque ello hubiese evitado que se pusiera de relieve la jerarquía de la autonomía municipal, que, como todas las autonomías, en estos años son más filigrana decorativa que rango objetivo. Sino si el alcalde fuerteño hubiese reemplazado el rechazo con una propuesta dirigida a que se establezca también que la definición de lo que se hará con los fondos de la minería no pueda hacerse sin la presencia y participación de los intendentes en cada caso. Hubiese servido para ligar la plausible inquietud del Intendente con la innegable obligación del Ministro en cuanto a respetar la Constitución y a aprovechar la experiencia de la provincia.
