Es más que evidente que en cuestiones ambientales, los medios naturales en general y la salud de ciertos ecosistemas y biomas en particular se deterioran rápidamente y de manera exponencial en relación al incremento de la actividad humana en materia industrial sin los debidos controles gubernamentales. La codicia de ciertos grupos económicos parece interminable, sin medida, sin ética ni moral alguna. La dureza o flexibilidad en materia de aplicación de normas ambientales está supeditada al grado de corruptibilidad o no que pueda existir en los funcionarios de áreas de gobierno vinculadas al tema. Esto se ve claramente en la relación Norte-Sur en materia de relaciones económicas y de comercio internacional. Los empresarios de los países centrales ven incrementar sus jugosas ganancias en la medida en que se aprovechan oprobiosamente de las necesidades de los países periféricos, externalizando a la vez los costos ambientales de su Nación de origen. Al tema lo explico con mayor precisión, con ejemplos concretos en mi trabajo “Guarda-Polvos, aorta pedagógica de la dependencia” Tomo I, ediciones EL EMILIO.
En más de una oportunidad hemos escuchado de boca de funcionarios nacionales, provinciales y/o municipales absurdas interpretaciones legales que avalaron -y avalan- actividades industriales con alto rendimiento económico para empresas extranjeras. Pero dichas empresas priorizan los bajos costos en materia de inversión en manejo y disposición de sus residuos, y esto hace que la actividad sea altamente peligrosa para la salud ambiental y por ende para la población. Resolver los problemas de salud en la población ocasionados por la contaminación y/o hacerse cargo del deterioro ambiental una vez finalizada la actividad “privada”, es descaradamente un subsidio encubierto de parte del Estado para con la actividad privada, que jamás pone estos ítems en la columna de sus “Debe”. Estos “funcionarios gubernamentales” (funcionales) argumentan que de esta manera se fomenta el desarrollo y el progreso de la zona, provincia, país o región al incrementar la oferta laboral y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes de las mismas. Una semi verdad usada desde la absurda visión neoliberal implementada en nuestro país al amparo de la última dictadura militar y llevada adelante hasta el paroxismo en los “90” por el menemato. La misma se asienta en la ridícula creencia que con la flexibilización en materia de legislación ambiental (como ocurrió con la laboral) se facilita la atracción de capitales inversores. Hoy todo el mundo sabe porque lo comprobó en carne propia que eso era falaz. Y digo semi verdad porque a simple vista cualquier ciudadano puede notar que la tecnología sustituye hoy por hoy -y cada día más- a la mano de obra, lo cual tira por la borda el argumento. Entonces rápidamente desplazan las responsabilidades al sistema educativo por no producir mano de obra “altamente calificada” para el uso de ciertas tecnologías. Ergo, al no haber ese tipo de mano de obra en el país, las empresas traen sus propios técnicos de sus países de origen; más trabajo para los foráneos, menos trabajo para los locales. Y no sería alocado pensar que esto se podría incrementar en el futuro en función de la fuerte crisis económica que aqueja hoy a los países centrales con notable incidencia en lo laboral. Seguramente ya lo habrán contemplado como posibilidad.
Esto pone al desnudo un círculo vicioso que traemos de arrastre y que por ahora no tiene visos de solución. Estas irresponsables actitudes de funcionarios locales no hacen otra cosa que exacerbar las problemáticas ambientales con fuertes consecuencias sociales.
El cambio climático es una realidad en ambos hemisferios y sería de suicida pensar que las razones de deben únicamente a cuestiones evolutivas naturales de nuestro planeta, procesos que por lo general llevan millones de años. La especie humana -por evolución o no- apareció hace solamente 30 mil años. Es más que claro que la notoria aceleración del fenómeno es producto de la irresponsabilidad y/o negligencia de ciertos humanos, quienes movidos por su inmediata codicia dejan de lado, o minimizan las consecuencias negativas que podrían tener sus actividades industriales en el resto de los mortales (sean estos animales, vegetales o humanos). Cometen los históricos errores que siempre cometieron los que creen formar parte de una elite. No se dan cuenta – o no quieren entender- que ellos también están en la misma nave que gira alrededor del sol; nave con serias posibilidades de colapsar en términos humanos-ambientales, y que ni las colonias en Martes o Urano los salvarán porque no se harán a tiempo y tampoco se trata de viajecitos de solamente unas cuantas horas.
Vale la anterior observación porque cuando digo salud ambiental incluyo al hombre. En la cumbre “Eco 92” realizada en Río de Janeiro -hace ya 20 años-, los brasileños habían levantado una consigna con visión de futuro que decía: “Nuestros hijos también son animales, cuidemos a nuestros niños”, en clara alusión al descuido de la especie humana por parte de ciertos “ambientalistas” que priorizaban -y algunos continúan priorizando- el cuidado de otras especies animales por sobre la especie “hombre”, todo esto dentro de un puritanismo a todas luces cuestionables por lo descontextualizado. Los llamábamos “pajarólogos”.
Es dable imaginar que los problemas ambientales que tiene la provincia no se originaron dentro de la actual gestión de gobierno. En todo caso y para ser justos se deben a la irresponsable actuación de los funcionarios de gobiernos anteriores, que estuvieron en los 20 últimos años al frente de la provincia.
Mi más que habitual presencia en los 5 últimos años en territorio de mi provincia natal por cuestiones laborales me permitieron visualizar redundantes -por lo reiteradas- crisis ambientales. En invierno y verano el sistema que provee energía eléctrica colapsa por exceso de demanda, en función de la necesaria utilización de aparatos de refrigeración o calefacción que requieren de dicha energía; cuando no por el incremento edilicio -construcción de barrios- que se decide políticamente por demandas sociales, pero sin planificación previa y sin criterio de prospectiva. El crecimiento urbano trajo consigo en aumento de la masa de cemento y el incremento de las temperaturas estivales hasta límites insoportables. A esto se le suma las reiteradas sequías que vienen sufriendo distintas regiones provinciales en los últimos años producto del “cambio climático” mencionado anteriormente y las poco estudiadas reservas de agua de sus cuencas subterráneas, algunas endorreicas pero la mayoría no, que traen aparejado la falta de suministro del vital elemento a la población. Entonces la falta de agua y los cortes de luz ya son a diario, y el martirio para la gente también.
El agua y la minera
Las críticas sin propuestas de soluciones son el pan de cada día de la hoy llamada “oposición”. Los medios monopólicos que decidieron blanquear sus incursiones políticas en contra de la gestión nacional y de todas aquellas gestiones provinciales y municipales afines al gobierno de Cristina, las amplifican para que un sector social consuma disparates. Como no estoy en esa vereda y sí en la opuesta, apoyando cuando las cosas están bien hechas y diciendo lo mío cuando no estoy de acuerdo con algo, voy a intentar aportar mi granito de arena a la actual gestión de mi provincia.
No voy a referirme a la cuestión del monto de las regalías mineras, si es poco o mucho, ni de cuánto le queda a la provincia, cuánto se lleva la Nación, menos aún del destino que le dan a las mismas los funcionarios responsables. En todo caso, será la inexorable historia la encargada de poner las cosas en su debido lugar.
Simplemente se me ocurre sugerirle al gobierno provincial de la Dra. Corpacci un principio de solución para el problema de agua que afecta seriamente a familias enteras en no pocos departamentos y localidades de la provincia, y es el siguiente:
En función de los altos dividendos que la Minera Alumbrera obtuvo, obtiene y obtendrá de sus actividades pasadas, presentes y futuras dentro de la provincia, estaría dentro de los derechos soberanos del gobierno provincial solicitarle a la mencionada empresa, se haga cargo de proveer cisternas públicas de 200 ó 300 mil litros con sus respectivas bombas extractoras para que se provea de agua potable a las poblaciones más afectadas por las sequías. Lógicamente, esto demandaría un estudio serio y responsable del área de gobierno afectada al tema para saber cuántas y cuáles son las actuales localidades en emergencia y las potenciales o en estado de riesgo. A esto se lo llama generalmente trabajar con criterio de prospectiva y desde el sentido común (que en ocasiones es el menos común de los sentidos), algo que seguramente hacen los técnicos de minera “La Alumbrera” y bien lo podrían hacer los funcionarios y técnicos del gobierno provincial. Para la actividad minera el agua es fundamental, y se trata de una actividad industrial con fines comerciales de lucro. Para una población, el agua es vital por una cuestión de subsistencia. Seguramente la minera ya calculó de cuánta reserva de agua dispone para su actividad y por cuánto tiempo. El gobierno catamarqueño ¿no debería hacer lo mismo en relación a cubrir una necesidad vital de la población?
La inversión en el tema,para la minera tendría un alto rédito social y en términos económicos significaría una ínfima (un “vuelto” en términos criollos), erogación en relación a los altísimos dividendos que actualmente -más aún, desde hace más de 10 años- obtiene de su actividad en la provincia.
¿De cuántas cisternas y bombas estaríamos hablando? ¿30, 35? Insisto, para la minera, y sin corrupción funcionarial de por medio, esta erogación sería insignificante pero altamente rentable en términos sociales, ya que exhibiría ante la población un criterio ambiental empresarial más que respetable.
Por otro lado y de este modo la compañera gobernadora solucionaría dentro de su gestión un problema acuciante para la población, repito, por lo vital; especialmente para los sectores más postergados, dando cumplimiento con un mandato popular que seguramente requerirá de mucha muñeca política de su parte para su concreción, algo que indudablemente tiene. El lugar histórico que actualmente ocupa por decisión democrática del pueblo catamarqueño así lo demuestra.
*Director de EL EMILIO, publicación digital.
