Varios yacimientos mineros, como ahora algunos petroleros, sufrieron cortes que les impidieron trabajar, protagonizados por manifestantes que reclaman que les solucionen problemas que ellos no generaron ni mucho menos están en condiciones de arreglar. Así empezó 2013 para la minería provincial y es posible que continúe a lo largo del año.
En los comienzos de este 2013, se repitieron en varios yacimientos mineros de Santa Cruz algunos cortes e ruta y protestas, protagonizados por sectores ajenos a la minería, damnificados por la situación de empresas, obras o decisiones que nada tienen que ver con el sector. Algo similar a lo que se está viviendo, por estos días, en algunos yacimientos petroleros.
Nuevamente, se produjeron conflictos ajenos a la minería –los últimos afectados fueron Manantial Espejo, Cerro Negro y Minera Santa Cruz– y fue la minería la que sufrió las consecuencias, tratando de ser obligada a negociar soluciones que no le corresponden para problemas que no ha generado y de los cuales no es responsable.
Sin ir más lejos, a principios de febrero, más de 400 trabajadores de Minera Triton Argentina y empresas locales prestadoras de servicios en Manantial Espejo, fueron tomados de rehenes por un grupo de poco más de una decena de personas, que decidieron impedir el paso de vehículos desde y hacia el yacimiento ubicado a pocos kilómetros al este de Gobernador Gregores, para que se atendiera su reclamo por fuentes laborales perdidas en el sector de la construcción al que pertenecen, por obras demoradas o suspendidas que no son de la industria minera, acompañados por unos pocos representantes de sectores políticos que habitualmente medran con las situaciones conflictivas.
Frente a ello, hubo un silencio total de las autoridades, como si impedir producir a una empresa y a sus trabajadores fuera una actitud lícita, tal vez esperando que la necesidad que la industria tiene de seguir produciendo, la lleve, en este caso, a inventar vacantes que no existen para responder al pedido de los manifestantes.
Es entendible el derecho de las personas a reclamar para que las autoridades los escuchen y atiendan los reclamos, como se comprende también que haya quienes vean que los tiempos pasan y no encuentran respuestas a sus necesidades, pero recordemos una vez más que no está en manos de las empresas mineras resolver conflictos sociales o laborales ajenos totalmente a su jurisdicción o responsabilidad, y que no es impidiendo trabajar a quienes producen y aportan al desarrollo y erario provincial, que otros sectores encontrarán solución.
Protagonistas de la industria está vez no guardaron silencio. El secretario general de la seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Castro, justificó el malestar que viven los trabajadores mineros por la sucesión de hechos como el vivido en Gobernador Gregores, asegurando que este tipo de episodios repercute en la actividad minera, que se encuentra sometida a “muchos vaivenes por cuestiones ajenas, políticas, institucionales”, advirtiendo que la solución depende de que “el poder político de una vez por todas defina cuáles son las leyes que tenemos que respetar”.
“Estamos analizando una medida de fuerza a nivel provincial, haciendo un llamado fuerte a los gobiernos nacional y provincial, para que definan de una vez por todas cómo quieren que trabajemos en la minería, porque lo que está pasando es que se juntan autoconvocados, cortan la ruta a los trabajadores mineros y quedamos rehenes”, señaló el dirigente minero, agregando que “otro día vienen otras organizaciones sindicales y por diez o quince empleados nos bloquean a mil”, para reclamar que “hay un montón de cosas que no están definidas y necesitamos que las definan de una vez por todas, porque no podemos estar rehenes, sin poder salir o entrar a trabajar”.
Por su parte, el titular nacional de AOMA, Héctor Laplace, se solidarizó con los mineros santacruceños y avaló los dichos de Castro, sosteniendo que “los trabajadores mineros no vamos a permitir que cualquiera y en nombre de nadie quiera generar hechos vandálicos utilizando a nuestra gente como rehenes de sus pretensiones", y respaldó a su par provincial al señalar que sus palabras "son correctas y no hacen más que expresar lo que siente el trabajador afectado por estas protestas que son ajenas a la minería", agregando que "los mineros no podemos ser la moneda de cambio de los reclamos sociales de otros sectores, por más que sean justos".
Los representantes de las empresas también se manifestaron, a través de la cámara que los aglutina, Camicruz. En un comunicado, la entidad recordó que este no es primer caso en que se sufren situaciones como la de Gregores, “ante la pasividad de las autoridades judiciales, que son las que legítimamente deberían ponerle coto”, y advirtió que es previsible que se sigan sucediendo en el futuro.
Tras recordar el sistema de toma y capacitación de personal que llevan adelante las mineras en la Provincia, Camicruz afirmó en el documento que su compromiso con la paz social, “no debe ser sinónimo de arbitrariedad”, sosteniendo que “no es impidiendo trabajar a quienes producimos y aportamos al desarrollo provincial, como otros sectores encontrarán solución a sus problemas”.
Buscando respuestas
Las empresas mineras que operan en Santa Cruz tienen un accionar claro y concreto en materia de empleo: reciben las solicitudes de los interesados, realizan programas de capacitación para poder contar con la mano de obra calificada en la región que requiere el laoboreo minero, y absorben la cantidad de personas que realmente se necesitan para producir en cada caso. Esto no difiere del método que aplica cualquier otra industria medianamente competitiva en el resto del país, y es lógico, porque otro método de captación de personal que se quisiera usar, integrando trabajadores sin la formación o experiencia mínima, o duplicando la cantidad de personas necesarias, solo servirá para atentar contra la continuidad de la fuente laboral y, lo que es más grave, la seguridad de los propios trabajadores.
Las mineras cumplen con las normas legales, se someten a todos los controles que corresponden, emplean a trabajadores en blanco, privilegian el empleo local y permanentemente llevan adelante programas de capacitación para su propio personal y para los postulantes del medio en que se desempeñan. Al mismo tiempo, financian e impulsan programas de desarrollo local y de diversificación productiva en las localidades, colaborando al mismo tiempo, en la medida de las posibilidades, con las necesidades comunitarias.
Pero las empresas mineras que operan en Santa Cruz no son agencias de empleo, ni centros de asistencia social, y por lo tanto no pueden responder a reclamos que les son totalmente ajenos. Y sus trabajadores tienen todo el derecho a continuar trabajando para llevar el sustento y progreso a sus hogares, sin que tengan que ser sometidos a presiones, amenazas y actitudes cohercitivas, transformándolos en rehenes de una problemática de la que son totalmente ajenos, ante el silencio y la inacción de quienes deberían estar custodiando sus derechos.
