Una multiplicidad de factores –la mayoría, internos– hace que hoy la actividad minera tenga un panorama que no es para nada alentador, con proyectos que cancelan sus planes de inversión y otros que avanzan más lento que lo planificado, o reducen su horizonte productivo. Todo ello obliga a revisar estrategias para adaptarse a los nuevos tiempos.
Inversiones que al ingresar al país se convierten a pesos al cambio oficial; insumos importados que cotizan al valor del dólar blue; una producción cuyos precios internacionales no están atados a la inflación y en muchos casos bajan, pero con insumos y salarios que sí lo están, impactando así doblemente sobre los costos operativos; y una corriente de opinión que apunta cada vez más a un incremento en la presión tributaria al sector, que ya es la más alta de Latinoamérica.
Estos son los datos centrales que marcan el ritmo de la actividad minera en Argentina, a lo que podemos sumar otros ingredientes, como la alta conflictividad social en varias provincias, la paralización de operaciones por la decisión de gremios o grupos de desocupados que no están relacionados directamente con la industria, los cortes de rutas, las trabas para girar utilidades o la falta de insumos importados, entre otros.
Como consecuencia, en el último año las distintas empresas con proyectos en diversas fases de desarrollo en Argentina, comenzaron a redefinir sus planes de inversión, para capear el temporal, desensillar hasta que aclare o acelerar el paso para llegar a resguardo antes de que llegue lo peor de la tormenta, según el caso.
Si bien en los últimos días el tema de la retirada de la brasileña Vale de Mendoza, con acusaciones cruzadas, dominó la escena, nadie puede decir que se trata de algo nuevo o que los cambios se han producido en los últimos días. De hecho, en Santa Cruz se han modificado los planes de la gran mayoría de las compañías, tanto exploradoras como productoras, y los resultados de esos reacomodamientos se comenzaron a notar ya en el último trimestre del año pasado.
Despacito, despacito
A principios de 2012, Santa Cruz presentaba una serie de proyectos mineros con vistas a comenzar su desarrollo y entrar en producción en 2013 o primer cuatrimestre de 2014. Ahora, como consecuencia de una o varias de las situaciones descriptas al inicio de la nota, algunos de esos proyectos se encuentran parados, otros avanzan a ritmo mucho más lento y solamente presentan buenas perspectivas los que logran autofinanciarse dentro del país.
Los proyectos en estado de exploración han disminuido fuertemente el ritmo de perforaciones, e incluso hubo algunos que, ante la conflictividad que hubo especialmente con Camioneros durante los últimos dos años, decidieron levantar campamentos y suspender tareas.
En cuanto a los proyectos que se encuentran en plena producción, la línea adoptada es reinvertir lo que ellos mismos generan, adaptando los presupuestos a esa producción, lo que es una política a todas luces pasajera, puesto que si los costos siguen aumentando al mismo ritmo que hasta ahora, las utilidades se seguirán achicando y la reinversión será cada vez menor, llevando a algunos proyectos a disminuir considerablemente su horizonte productivo.
En ese marco, las propuestas legislativas que pululan, proponiendo hasta triplicar o cuadruplicar la presión tributaria provincial, no hacen más que complicar aún más las cosas.
Comprensión
Lo preocupante de la situación es que no se puede sostener seriamente que alguna de las realidades descriptas sea consecuencia de medidas tomadas en forma consciente para atacar a la industria. Antes bien, se trata de decisiones con consecuencias imprevistas, puestas en marcha sin medir cómo afectan al sector productivo.
Entonces, el problema tiene origen, como ya lo han señalado más de una vez distintos directivos mineros y lo hemos sostenido en esta columna, en el desconocimiento, en no comprender cómo funciona la industria y, por lo tanto, cómo repercutirán en ella las medidas que se tomen.
Así vemos que en los últimos años se han presentado tanto en la Legislatura provincial como en el Congreso Nacional, proyectos que afectaban directa o indirectamente a la minería, sin que sus autores hubieran tenido el más mínimo contacto con la actividad, sus directivos o sus trabajadores, e incluso varios de esos proyectos fueron aprobados en las mismas condiciones.
Para revertir la situación, lo necesario, lo ya imprescindible, es que se establezca el diálogo, que quien trata de aplicar una norma o regular en algún punto la actividad, consulte y escuche a quienes la llevan adelante día a día, desde los gerentes a los trabajadores, no para hacer lo que ellos digan, sino para nutrir sus proyectos con los datos de la realidad, y actuar en consecuencia.
Así muchos descubrirán que medidas que creían perfectas son lisa y llanamente inaplicables, y que hay muchas otras situaciones que sí necesitan atención y que siguen sin ser detectadas.
Entender de qué se habla cuando se habla de minería –como en todos los órdenes de la vida comunitaria– es esencial para encarar cualquier voluntad de mejorar, y para entender es necesario dialogar con quienes están en contacto a diario. Nuestra provincia, sus habitantes, su ambiente y su futuro, merecen ese sacrificio.
