Desde que en octubre de 2004 el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral alumbró la ley 5128 de distribución de las regalías mineras, se abrió un largo debate acerca de cómo serían administrados tales recursos. La norma repartió la torta del siguiente modo: 65% para la provincia y 35% para los municipios, de los cuales los denominados “mineros” –básicamente los del Oeste, Andalgalá, Belén y Santa María- se quedaban con la mayor porción. El artículo 5º estableció que los recursos “ingresarán automáticamente en una cuenta especial a la orden y bajo la administración del municipio respectivo y se aplicarán única y exclusivamente a financiar obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas”. Y añade: “Se prohíbe a los municipios financiar con ellos gastos corrientes, otorgar créditos o garantizar los mismos, siendo responsables y pasibles de las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes los funcionarios que autoricen o consientan la violación de tal prohibición”. Sin embargo, no precisaba cuáles debían ser las “obras de infraestructura para el desarrollo” ni qué se debía entender por “capacitación para actividades productivas”. Peor aún, trasladó la responsabilidad de auditar el cumplimiento de la normativa al Tribunal de Cuentas, un órgano que esencialmente se limita a ejercer el control de legalidad del manejo de la hacienda pública. Así, el TC se terminó convirtiendo por la fuerza en el organismo rector de la política productiva de los municipios.
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Y sucedió lo que debía suceder: algunos municipios presentaban proyectos de ambiguo perfil productivo, que corrían dispar suerte en el TC, y otros se las ingeniaban para hacer pequeñas obras públicas. Y al cabo de un tiempo, casi todos cayeron en la tentación de hacer cualquier cosa con los fondos menos invertir en el futuro de sus comunidades. Fue así que los jugosos recursos de las regalías mineras fueron a parar al pago de sueldos, subsidios al desempleo –como fueron las famosas becas de capacitación del intendente Daniel Ríos, en Belén-, plazos fijos y hasta festivales. La Andalgalá del entonces intendente José Perea –hoy senador provincial- fue el paradigma de las regalías desaprovechadas. Las pocas obras que se hicieron no generaron trabajo genuino ni menos aún sirvieron para sentar las bases de un desarrollo productivo post minero, que era precisamente el espíritu de la ley de regalías. La consecuencia más visible de la ausencia de “derrame” fue el surgimiento de un sentimiento anti minero que creció y se hizo fuerte en el departamento donde, paradójicamente, más llovían los millones de la minería. Esa decir, ni en la Perla del Oeste ni en ningún departamento vinculado a los proyectos mineros se invirtieron los fondos con una perspectiva de largo plazo. Por el contrario, el estigma fue la lisa y llana dilapidación. Frente a esa realidad, se presentaron varios proyectos legislativos que proponían reglamentar con más detalle cómo debían ser usadas las regalías, pero el oficialismo radical jamás puso ninguno en la mesa de discusión. Prefirió seguir con la política de “dejar hacer”.
DEBATE. A LA OPOSICIÓN PARECE PREOCUPARLE QUE SUS INTENDENTES PIERDAN LA CAJA DE LAS REGALÍAS MINERAS.
Por esa razón no resulta sorprendente que hoy la oposición, es decir, el ex oficialismo, ponga el grito en el cielo con la reglamentación de la ley 5128 que crea una Unidad de Gestión de Proyectos Productivos en el ámbito del Ministerio de Producción y Desarrollo, con el fin de “analizar, evaluar, asesora, formular, proponen y aprobar la ejecución de los proyectos de inversión para obras de infraestructura y capacitación para actividades productivas, presentados por los municipios y financiados con fondos provenientes de las regalías mineras”. En ese ámbito funcionará un Banco de Proyectos y prevé trabajar con los municipios para la ejecución de los que se consideren ajustados al perfil productivo de cada jurisdicción, con plazos y formas legales determinadas. Pero para los intendentes radicales, comenzando por Alejandro Páez, de Andalgalá, la reglamentación de la ley representa un “avasallamiento de las autonomías municipales”, y con ese mismo criterio el Comité Provincia de la UCR anunció que acudirá a la Justicia a través de un recurso de amparo. No discute el perfil productivo que se aspira a imprimir a los proyectos, sino que sólo le preocupa que los intendentes pierdan la caja de las regalías, que se queden sin margen de discrecionalidad. Sería interesante por lo tanto que la oposición analizara con alguna autocrítica qué hicieron los municipios con los millones de la minería en la última década. Al respecto, el atraso estructural que vive el interior de la provincia es elocuente.
