Barrick retrocedió casilleros

La decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, de suspender los trabajos del lado chileno del proyecto binacional Pascua-Lama, caló hondo en los miembros de Barrick, la empresa propietaria del emprendimiento, los gobiernos de San Juan y de la Nación y, por supuesto, los trabajadores directos e indirectos que dependen de esa continuidad para conservar sus fuentes de ingresos. No es el primer "movimiento sísmico" que soportan, ya que la decisión de la empresa de modificar su esquema de construcción y descargar esa responsabilidad en Techint, Fluor y Bechtel, hecho ocurrido el año pasado, también acarreó inquietud en la gente. A eso se suma la histórica demora en el inicio de construcción, cuando los funcionarios de ambos países no se ponían de acuerdo en el esquema impositivo y legal que regiría el emprendimiento, que tiene la rareza de ser la primera inversión minera en el mundo que involucra a dos países a la vez. Esa discusión duró años y hasta hizo dudar de la continuidad del emprendimiento, al menos en su génesis. Por esos antecedentes el sentimiento de incertidumbre no es para menos, mucho más cuando todavía está tibia la partida de la multinacional Vale del proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza. Es más, la pregunta recurrente que varios se hicieron fue ¿Barrick podría abandonar el proyecto Pascua - Lama como lo hizo Vale de Mendoza luego del revés chileno? La respuesta es más que obvia: sí, podría hacerlo. ¿Qué pasaría? Se verá más abajo en cifras, pero solamente el movimiento que genera Veladero -una mina varias veces menor a la envergadura que tendrá Pascua-Lama en su etapa de producción-, genera el 34% del producto bruto interno de toda la provincia de San Juan, nada más y nada menos. Más allá de los números, que son escalofriantes, la decisión de la Justicia chilena de suspender el proyecto, exhibe el fantasma más temido del sector y las personas que vivimos cerca de los emprendimientos: el de la contaminación ambiental. Muchos aprovecharon para reprochar, sin conocimiento, el hecho de que del lado chileno se sancione a la empresa y que del lado argentino no se haga lo mismo, como si la sola existencia de problemas en ese país, implicara que esos dramas ocurrirán en San Juan. Esas mismas personas argumentan sus afirmaciones diciendo que los controles no son suficientes o que los funcionarios sanjuaninos están 'tocados' por la empresa para hacer la vista gorda. Nada de eso es comprobable, pero esas voces, que son muchas lamentablemente, no aceptan ni aceptarán respuestas, aunque se las entregue el mayor experto en minería del mundo o aunque su pariente o amigo más cercano -que es seguramente una persona ligada a la minería- se los explique. El problema, entonces, se puede dividir en dos: uno, lo estrictamente ambiental, donde la empresa deberá revisar lo que está haciendo, ya que del lado chileno lo está haciendo muy mal, al menos a ojos de la Justicia de ese país. Y el otro, desprendido del primero, es el comunicacional. Si alguna vez consideraron en Barrick que habían adelantado algunos casilleros en el afán por demostrar que hace las cosas prolijamente, esta noticia hizo perder todos esos esfuerzos y es, simplemente, un arrancar de nuevo. Para colmo de males es la misma empresa la que se pone en esa circunstancia, porque son los ejecutivos de Barrick quienes han cometido las supuestas faltas. Un problema serio, del que se aprende o se claudica.



La minería en San Juan

La difusión de los números de la minería es tediosa, pero habría que revisar algunos para entrar en contexto: Veladero y Lama emplean directa o indirectamente a 15.806 personas. Se puede decir que en cada turno de trabajo en la mina como en el proyecto, hay alrededor de 8.000 personas trabajando en la montaña. Las otras 8.000 descansan, ya que como se conoce las labores se hacen por turnos rotativos, porque el trabajo es de 24 horas todos los días. Para dimensionar: en todo San Juan hay unos 5.300 empleados de comercio, entre los que están en blanco o irregulares, según cifras del Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio local. Es decir, solamente Barrick tiene trabajando el 35% más de empleados que todo el comercio de la provincia, y todos bajo leyes laborales. En Iglesia viven, según el último censo, 8.784 personas, poco más de la misma cantidad de gente que, por tuno, trabaja a más de 4.000 metros de altura, en la mina Veladero y el proyecto Pascua-Lama. Barrick pagó a la provincia en 2012, unos 180 millones de pesos en concepto de regalías mineras. Yamana Gold, la propietaria de la mina Gualcamayo, en Jáchal, desembolsó por el mismo concepto más de 33 millones de pesos, también en 2012. Por coparticipación municipal, Jáchal recibió en igual período 20 millones de pesos, e Iglesia, sede de Veladero y Lama, poco más de 17 millones de pesos. Barrick invirtió en 2012, unos 2.700 millones de pesos en compras de bienes y servicios, sólo para Veladero. A San Juan del Gobierno nacional llegaron el año pasado poco más de 5.500 millones en concepto de coparticipación. Es decir, una sola empresa produjo la mitad de dinero que el llovido desde el Gobierno de Cristina Fernández. Como se menciona más arriba, los números son monstruosos, y son solamente los de dos empresas. Si alguien se preguntó esta semana si es posible que Barrick abandone San Juan, esa misma persona debería preguntarse qué ocurrirá después de esa potencial partida. Por supuesto que ninguno de los millones que dejan las compañías mineras justifica dejar contaminar un solo litro de agua, pero también es cierto que no hay por qué optar por una cosa o la otra. Deben trabajar y no contaminar, es esa situación ideal a la que se apela.



Cuestión de tiempo

Algunas personas que trabajan en Barrick del lado chileno se equivocaron, es algo inapelable que deberá resolverse en la Justicia, como se está haciendo. Les cuestionan que hallaron en el agua valores minerales más altos que los establecidos en la línea base. Es decir, una vez que se aprueba el proyecto, la autoridad de aplicación, que en el caso de Pascua es la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile, toman muestras de agua en los cauces cercanos al proyecto y fijan los valores de minerales hallados en los ríos antes de arrancar la construcción, que es la denominada línea base. Esos valores se revisan regularmente y si hay variaciones, se multa y se le exige a la empresa que revise sus procesos, porque está alterando los valores históricos, es decir, están contaminando. En el caso de Pascua, en octubre del año pasado frenaron el pre-stripping, que es el movimiento de suelos que se hace para llegar a la zona donde hay oro. Las autoridades chilenas detectaron polvo -provocado por el pre-stripping- sobre los glaciares, cuestión que llevó a la Justicia un abogado representante de las comunidades cercanas al emprendimiento. Según se conoce, Barrick no corrigió ese error y ante un nuevo análisis de aguas encontraron que los valores de la línea base se alteraron más de la cuenta y fue ahí cuando explotó todo. Los errores, aunque parecen determinantes, pueden y deben ser resueltos por la empresa, que ahora no sólo deberá hacer obras, sino que deberá demostrar a las autoridades del vecino país que esas nuevas obras van a funcionar. En estricta reserva de fuente, algunos mineros sanjuaninos dicen que eso puede llevar meses. Si bien las autoridades sanjuaninas aseguraron que del lado argentino nada se ha paralizado, no pueden asegurar ni cuál será el ritmo de trabajo local, ni mucho menos cuánto será el tiempo que tardará la empresa en remediar el problema y seguir con la construcción. Corrió también la versión de que Barrick podría reformular el proyecto y empezar a explotar solamente el lado argentino, ante la posibilidad de que el parate chileno continúe demasiado tiempo, versión que roza la ridiculez, por motivos técnicos y financieros. Casi todos los consultados, respetando el off periodístico, se animan a decir que la explotación no arrancará a mediados del año que viene, como estaba previsto. ¿Cuál es el problema si arrancan antes o después? El problema no es de los sanjuaninos, es de la empresa. El día que se conoció la noticia en la prensa chilena, las acciones de Barrick bajaron el 8%; luego repuntaron, pero la disminución fue fuerte. Barrick deberá explicar la demora a sus verdaderos dueños, los inversores, que ahora tienen dos caminos: el seguir creyendo y continuar acompañando a la empresa; o retirar las inversiones, simplemente. Por los valores invertidos, nadie cree que eso vaya a pasar, pero siempre es una posibilidad. Las empresas hacen negocios, no beneficencia.

Para subsanar el pensamiento popular sobre el daño medioambiental, es preciso que la empresa y el Gobierno provincial trabajen en conjunto. Deben dar señales de forma urgente, para no dejar crecer la sombra de la sospecha, que ya logró demasiado espacio la semana pasada y lo seguirá teniendo si es que no se actúa con rapidez. El viernes dieron una señal, al reunirse Julio De Vido y las máximas autoridades de la multinacional. Aunque más pareció un mensaje a los inversores de la empresa que a la sociedad sanjuanina fue, cuanto menos, una reacción. La solución no es imposible, pero tampoco está fácil.

La minera Barrick sufre serios reveses en América Latina

La decisión de un tribunal chileno de suspender la construcción un proyecto minero de 8.000 millones de dólares de la Barrick Gold Corp., en Los Andes, es uno de varios reveses sufridos por la empresa especializada en la extracción de oro más grande del mundo.

Barrick enfrenta seria resistencia por cuestiones ambientales en Argentina, donde se encuentra parte de la reserva de Pascua-Lama, y en la República Dominicana, cuyo gobierno insiste en reformular el contrato con las regalías de la mina Pueblo Viejo, una inversión de 4.000 millones de dólares.

Los problemas que encara la compañía canadiense reflejan los crecientes riesgos para la actividad minera en América Latina, donde las autoridades están reconsiderando temas como las regulaciones y los impuestos que se fijan a esa industria. Están empeñadas en quedarse con un porcentaje mayor de las ganancias y proteger al mismo tiempo los recursos naturales.

En país tras país, las empresas mineras más grandes se ven obligadas a satisfacer nuevos stándards ambientales, a adaptarse a nuevas normas sobre divisas e impuestos y a defender contratos a largo plazo que creían seguros.

Newmont Mining Corp., empresa con sede en Denver, tiene estancado su proyecto de Minas Conga, de 5.000 millones de dólares, en Perú por violentas protestas sobre su supuesta contaminación de las aguas. La compañía brasileña Vale SA invirtió 2.200 millones de dólares en la construcción de una mina, un ferrocarril y un puerto en Argentina, pero tuvo que abandonar el proyecto el mes pasado por la creciente inflación y los férreos controles de las divisas.

"Hay creciente inquietud en torno a los niveles de vida y cuestiones ambientales. Al mismo tiempo, los gobiernos son presionados para obtener más ganancias de la minería, mejorar la educación, la salud y otros servicios'', expresó Risa Grais-Targow, analista del Eurasia Group especializada en América Latina.

"Perú ha experimentado un crecimiento excepcional, pero muchos creen que no se han beneficiado de ello. La mayor parte de los conflictos giran en torno al agua, mientras que en Chile hay una creciente clase media preocupada con el medio ambiente'', acotó.

El fallo en contra de Barrick del miércoles en Copiapó, Chile, hizo que las acciones de la empresa cayesen un 6% y alcanzasen su nivel más bajo en cuatro años. Las acciones se recuperaron un poco el jueves, subiendo 27 centavos de dólar, o el 1,1%, hasta cotizarse a 24,73 dólares.

Los ministerios del medio ambiente y de minería chilenos han apoyado la suspensión de los trabajos en la mina ubicada a unos 5,000 metros de altura. Los detractores del proyecto dicen que la construcción hizo que cayera mucho polvo en los glaciares vecinos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, acelerando su deshielo, y que además amenaza el río Estrecho, que abastece de agua a la comunidad indígena Diaguita.

Barrick dijo en un comunicado que "trabaja para solucionar los requerimientos ambientales y otros regulatorios para satisfacción de las autoridades chilenas''. Pero insistió en que va a continuar con el proyecto en Lama, del lado argentino, donde la minería está regulada por los gobiernos provinciales, no por el gobierno central.

La firma asegura que cumple con todas las leyes argentinas, pero defensores del medio ambientes sostienen que los proyectos de Pascua-Lama y de Veladero, en la misma región, que produjo 611.000 onzas de oro el año pasado, violan claramente una ley del 2010 que prohíbe toda actividad minera en o cerca de glaciares.

Si bien Barrick bloqueó la aplicación de la ley hasta ahora, la Corte Suprema argentina ordenó un inventario nacional de agua suministrada por glaciares y por áreas peri-glaciales, como se denomina a regiones rocosas donde se acumula el agua generada por el deshielo de los glaciares.

"A la luz de esto es fundamental que se hagan el inventario,'' declaró Miguel Bonasso, quien impulsó la ley del 2010 y cuyo libro "El Mal'' acusa a Barrick de numerosas violaciones a las leyes del medio ambiente. "Y si se comprueba que las actividades de Barrick Gold afectan los glaciares y áreas peri-glaciales, tendrá que irse Barrick del territorio argentino. Así de claro'', sostuvo Bonasso.

Barrick dijo que es "demasiado pronto para evaluar el impacto, si es que hay alguno, en el capital presupuestado en general y en el calendario del proyecto'' de Pascua-Lama. En la zona hay 17,9 millones de onzas de reservas de oro comprobadas y sería una de las minas de oro más grandes del mundo, y más económicas, si llega a funcionar.

Ya antes del fallo judicial el proyecto enfrentaba problemas. Su inicio fue demorado más de seis meses, hasta la segunda mitad del 2014, y los costos habían subido de 3.000 millones a 8.000 millones.

Algunos analistas dicen que dado que más del 70% de las reservas de Pascua-Lama se encuentran del lado chileno, una prohibición de explotar la mina en ese territorio en la práctica mataría el proyecto.

El ministro argentino de minas Jorge Mayoral, no obstante, sostiene que, incluso si no se puede extraer el oro del lado chileno, el proyecto bien vale el esfuerzo.

"Es cierto que el mayor porcentaje de las reservas están del lado chileno, pero hablar de un proyecto de esa magnitud y decir que al menos el 30% de las reservas se encuentran del lago argentino, estamos hablando de una importantísima cantidad de reservas que por supuesto garantizaría la puesta en valor de cualquier unidad de trabajo en un futuro inmediato'', expresó Mayoral.

Andy Kaplowitz, analista de Barclays Capital, dijo en una investigación que "tendremos que esperar y ver cómo se resuelve esta situación, pero dado que Barrick ya ha invertido 4.200 millones de dólares en el proyecto... y que se ha completado el 40% de la construcción, creemos que hay un fuerte incentivo para que la empresa trate de seguir adelante con las menores demoras posibles''.

En la República Dominicana, entre tanto, los altos precios del oro hacen que el gobierno apueste fuerte a la mina Pueblo Viejo, que tiene 20 millones de onzas de oro además de plata, cobre y zinc.

Barrick es dueña del 60% del proyecto y Goldcorp Inc., de Vancouver, el otro 40%. Las empresas reabrieron la mina el año pasado tras invertir 4.000 millones de dólares, la inversión extranjera más grande en la historia de la República Dominicana y que, a la larga, generará unos 7.000 millones de dólares al gobierno dominicano.

El país, sin embargo, todavía no ha visto un centavo y el presidente Danilo Medina y el Congreso quieren reformular el contrato a 25 años, que promete regalías solo después de que las dos firmas canadienses recuperen su inversión inicial y que las ganancias del proyecto superen el 10%.

Los ejecutivos de Barrick "tienen que flexibilizar su actitud porque si no, el presiente lo dijo: o negocian o se les impone más impuestos'', dijo José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia de República Dominicana.

El portavoz de Barrick Jorge Esteva afirmó que las compañías están dispuestas a dialogar, pero destacó que tomó 27 meses negociar el actual contrato antes de que fuese aprobado por el congreso y por el presidente de entonces.

Chile, el principal productor mundial de cobre, tiene sólidas regulaciones para la minería, actividad que sustenta la mayor parte de su economía.

Pero incluso aquí hay proyectos mineros y energéticos que han sido demorados porque sectores defensores del medio ambiente acuden a los tribunales para pedir mayores protecciones para las poblaciones vecinas y los recursos naturales.

"Tengo la impresión que esto es parte de las nuevas condiciones sociales y ambientales de Chile y las empresas tienen que enfrentarlo. Si no, no habrán más proyectos mineros'', declaró Gustavo Lagos, profesor de minería de la Universidad Católica.

"Hay mucha más oposición al proyecto de Pascua-Lama que a cualquier otro proyecto minero en Chile. Barrick tendrá que resolver este embrollo porque la mina es muy importante para la compañía y ya ha invertido mucho dinero''.

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Luis Andrés Henao reportó desde Santiago, Chile. En este despacho colaboraron los redactores de AP Michael Warren, Débora Rey (ambos desde Buenos Aires) y Ezequiel López Blanco (Santo Domingo).