Expectativas y contradicciones

Con justificado entusiasmo, el Gobierno firmó esta semana los convenios necesarios para hacerse cargo de la explotación de rodocrosita en el yacimiento Minas Capillitas a través de la empresa estatal Catamarca Minera y Energética (CAMYEN). Concluye de este modo un frustrante ciclo de casi tres decenios, durante el cual la extracción y comercialización de la piedra preciosa estuvo en manos de SOMICA DEM, firma con participación mayoritaria estatal creada en 1986, disuelta en 1997 y reflotada en 2004 por decisión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral. SOMICA DEM jamás arrojó utilidades para la Provincia. El Gobierno actual la mantiene intervenida con David de la Barrera, presidente a su vez de CAMYEN, y lo más seguro es que desaparezca definitivamente una vez que se complete el procedimiento administrativo para restituir al patrimonio provincial el área Cerro Atajo, aporte de capital catamarqueño en base al cual la empresa se constituyó. Cerro Atajo, anunció el ministro de Producción Ángel Mercado, será el primer activo de CAMYEN. La empresa provincial tiene ahora la exclusividad para la explotación de rodocrosita en Minas Capillitas, que pertenece a Fabricaciones Militares, y también para explorar y eventualmente explotar otros minerales que allí se encuentren. La administración de Minas Capillitas y la recuperación de Cerro Atajo mejora las condiciones del Estado provincial para negociar con inversores mineros y obtener mayores réditos de la actividad.

Estas alentadoras noticias contrastan con el respaldo que el Gobierno proporciona a dirigentes que, pro-mineros en el discurso, le han hecho mucho daño a la minería con sus procederes. Que el senador andalgalense José Perea haya sido promocionado como jefe político del oficialismo en el departamento es una señal pésima si lo que se pretende es avanzar en la consolidación de la minería como política de Estado. Como intendente de Andalgalá, Perea fue el intendente que más regalías mineras recibió para administrar desde que en 2004 se sancionó la ley de distribución secundaria de estos recursos. Y se transformó en uno de los paradigmas del despilfarro de la renta minera, uno de los elementos principales que sustenta el sentimiento contrario a la minería. El senador es incluso objeto de investigaciones penales por el irresponsable consumo de las regalías. Lejos de invertir la fortuna que empezó a entrarle a chorros para armarse de infraestructura y promover actividades productivas sustentables en la Perla del Oeste, la destinó a gastos corrientes y proyectos que nada tienen que ver con el desarrollo, todo en el marco de sinuosas gestiones cuyo sentido será determinado por la Justicia. Junto al ex-intendente de Belén Daniel Ríos, famoso por desafiar las leyes al manifestar que destinaría las regalías a lo que se le ocurriera y pagar becas con ellas, también blanco de investigaciones judiciales, Perea ocupa un lugar preferencial entre los responsables de que la minería no haya cuajado en Catamarca. Andalgalá y Belén son las comunas que más regalías reciben, sin que ello haya redundado en una mejor calidad de vida ni en la ampliación de los horizontes de sus comunidades. Y expresan además la transversalidad del derroche: Perea es peronista y Ríos es radical.

No es casual que las resistencias que la actividad minera todavía despierta sean más fuertes en Andalgalá, Belén y el oeste en general: es allí donde se torna más evidente la falta de impacto positivo de la renta minera en la vida cotidiana y las proyecciones de futuro, por la incompetencia o venalidad con que se manejaron los recursos. Resulta contradictoria con la intención de construir una política de Estado minera la consagración política de personajes que contribuyeron a esta situación, que dificulta los consensos en torno a la minería responsable. En Andalgalá, de cualquier forma, el oficialismo debe reportarse a José Perea.