El alivio de la Corte, el aumento de la luz y se viene el banco minero

-Difícil comparar con algo el alivio que sintieron los industriales con el fallo de la Corte Suprema que benefició a Orbis de San Luis. El más alto nivel de la justicia de nuestro país no admitió el recurso extraordinario de la AFIP contra sentencias en primera y segunda instancia que favorecían a las sociedades beneficiarias de la promoción industrial. El caso era por la falta de ajuste de los montos de cupo fiscal que, según argumentaron los empresarios, debió ocurrir automáticamente para acompañar la violenta devaluación del año 2002 que cambió, por decisión del gobierno, drásticamente la ecuación económica.

-La resolución de la Corte termina con la causa y genera jurisprudencia para otras similares que se están llevando adelante desde San Juan, Catamarca y La Rioja. De haber sido otro el final, las empresas debían reintegrar fuertes sumas reclamadas por la AFIP cuyo pago se suspendió por la vigencia de medidas cautelares dadas por jueces de las distintas jurisdicciones. No se trata pues de la extensión de un beneficio impositivo sino de zafar de entregar la unidad productiva a la DGI. Nada menos. Muchas, la mayoría, habrían declarado su quiebra. El cese de la amenaza no cambia la situación de dificultad que enfrentan algunos, pero significa, al menos, seguir vivos y eso ya es algo.

-Incómoda la posición en que quedó el Dr. Rivera Prudencio, titular del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, cuando debió defender, tanto en audiencia pública como luego en la Legislatura, la necesidad de que el fondo de multas aplicados a la distribuidora Energía San Juan se destine a inversiones en el sistema. Fue una forma de reconocer, indirectamente, la extrema dificultad que tiene el país para conseguir financiamiento de cualquier tipo. En la audiencia, la empresa dio ese argumento para explicar por qué no ha podido ni podrá invertir todo lo necesario para satisfacer el crecimiento de la demanda. El índice de riesgo país lo dice todo, Argentina tiene uno de los más altos del mundo, equivalente al de países de mucho menor desarrollo y muy lejos de sus vecinos de Latinoamérica.

-A principios de año, el Secretario General del Gremio de Luz y Fuerza, funcionario actual del gobierno provincial y ex diputado nacional por el FPV, Juan José Chica, declaró que el servicio debería estatizarse, volver a la administración pública como fue hasta el año 1995. Esa expresión, era lógico que fuese tomada como una versión creíble por venir de quien vino, era lógico que se interpretara como un mensaje que pudiese trasladarse a los hechos. Para más, el país viene de encarar una serie de estatizaciones de servicios que comenzó con el agua, siguió con las AFJP, con Aerolíneas y, finalmente con YPF y ferrocarriles. ¿Actuó Chica en soledad sin medir el alcance de sus palabras? ¿Fue un impulso para presionar las futuras negociaciones salariales? ¿Alguien le pidió que lo hiciera? ¿Quiso levantar puntos personales adhiriendo al discurso que prevalece en el gobierno nacional?

-Sea como fuere, el resultado es el mismo: una gota más en el vaso, ya lleno, del desaliento a las inversiones del sector privado. De todas formas, la acción del Ing. Rivera para aportar una solución al problema, parece encuadrarse en la racionalidad que le conocimos en otras épocas, antes de que el EPRE politizara la tarifa. Hay un viejo dicho: “en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias”. El último incremento autorizado a la tarifa, el máximo desde que se realizan ajustes semestrales, está en mejor escala de las necesidades y atiende mejor el seguimiento de la inflación.

-Una buena para la minería dentro de un panorama adverso en los últimos años. Puente Hnos, compañía financiera instalada en el mercado de capitales nacional y con acción similar y más reciente en Perú, hizo una aproximación seria para instalar sus oficinas en la provincia. Su idea es empezar en un plazo casi inmediato (están buscando edificio) para atender las necesidades de los proveedores mineros, sin descartar alcanzar, luego, un rango mayor ofreciendo servicios financieros a las grandes empresas. La avanzada estuvo a cargo del joven funcionario Federico Tomasevich (36), quien se reunió primero con gente del ministerio de la Producción para, luego, ser recibido el lunes por la tarde por el gobernador.

-En una primera etapa trabajarían con la constitución de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con la intención de desarrollar las bases para un futuro Banco Minero, que apuntaría a desarrollar líneas específicas para la actividad contemplando sus plazos, montos y problemas, por fuera de la atención estándar que dan los bancos tradicionales. La última vez que en San Juan se habló de un Banco Minero fue en la campaña del radicalismo de 1987, cuando era Secretario de Minería de la Nación Eduardo Barrera. Algo importante: Puente operaría para todo el país desde San Juan por considerar que la provincia es, actualmente, la capital de la actividad en el país. Saben que no es el momento ideal pero apuestan a que las condiciones mejoren en los próximos años. El mineral está donde está, no se puede cambiar de lugar.

-Mucho y variado diálogo en el festejo de los 8 años de vida del Diario Huarpe. La gente tiene ganas de hablar. Una geóloga docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ contó que se ha registrado una diferencia significativa en las aspiraciones a cargos académicos menores en este último año. En tiempos pasados y recientes, los alumnos no terminaban la carrera o la demoraban al ser tomados con muy buenos sueldos por las empresas mineras. A tal punto que, el decanato y el rectorado, debieron instrumentar acuerdos especiales para permitir una cosa y la otra, el trabajo y la conclusión de los estudios. Los concursos para ayudantías y JTPs quedaban vacantes por ausencia de interesados. Este año, para un cargo se han presentado 10 aspirantes y 15 para otro, ambos prometen muy bajos ingresos.

-Un directivo de gran empresa quien hablaba y atacaba un coqueto zapallo anquito que contenía un sabroso locro, contó también que hasta hace poco las mineras les “robaban” el personal más capacitado dado que ellos no podían competir con los sueldos. Hoy los están recibiendo de vuelta y en peores condiciones que antes. Un problema serio en el sector minero es que no se está explorando o se lo está haciendo al mínimo sin reemplazar las reservas conocidas. En esa misma reunión, empanada en mano, un experto relató que en Caligasta quedan reservas para sólo tres años. El mismo intendente Garcés reconoció días atrás que se le había informado que se despidió gente de geología. Es cierto que eso no afecta inmediatamente el grueso de los trabajadores que son 700, pero los afectará en el futuro si no hay mineral para sacar. Ese dato es espeluznante, Casposo emplea casi la totalidad de la mano de obra disponible en la villa de Calingasta, que no serán más de 1.000 personas. Se ha caído el ajo como producción, la manzana declinó hace mucho y el turismo es estacional, sobrevive en gran medida por los gendarmes de la escuela.

-Ajenos a la situación límite de la industria minera, concejales e intendente de Iglesia acaban de reglamentar el absurdo. Contraviniendo principios básicos de jurisdicción y superponiendo reglas a la ley de tránsito, pretenden obligar a los vehículos relacionados con el transporte a instalar un dispositivo de seguimiento satelital manejado desde el municipio “para monitoreo y control”. Serían víctimas las contratistas que deberían pagar un canon, especie de peaje o aduana sustituta prohibida por la Constitución. Ya intentaron cobrar un peaje, pero alguien les dijo que era ilegal. Ahora intentan algo más creativo que encubre la misma intención. Lo extraño del caso es que todos los vehículos cuentan ya con este dispositivo impuesto por las propias empresas por cuestiones de seguridad, para evitar accidentes.

-De sostenerse la ordenanza, deberán colocar uno especial entregado por la firma que “ganó la licitación” y pagar un monto mensual. De ese monto el municipio se quedaría con el 5 por ciento. ¿Imaginan si todos los municipios del país hicieran lo mismo con los que transitan? Donde hay peaje es para mantener las rutas, no para tener derecho de paso. Increíble. Desopilante cuando, además, se pide a la empresa contratante que notifique una decisión de lo que los abogados llaman “extraña jurisdicción” y preste edificio para funcionamiento de la oficina de control.