Gioja vs. Greenpeace, una batalla para alquilar balcones

Esta semana volvió el clásico Greenpeace-Gioja a la opinión pública de San Juan. Los primeros pagaron una solicitada en el diario Clarín y ridiculizaron al sanjuanino al colocarlo como "empleado del mes" de Barrick, afirmándose en la teoría de que el mandatario no cumple la Ley de Glaciares y que esa "inacción" permite que la multinacional haga minería donde, según dicen, no se puede hacer. Gioja contestó la agresión con una denuncia por injurias.

No es la primera vez que el mandatario local se enfrenta a la asociación ambientalista, pero sí este es el round más violento, sin dudas. ¿Dónde terminará todo? Difícil de predecir. Para Gioja el tema siempre fue un laberinto que en algún momento lo iba a dejar acorralado, y eso ocurrió: dejar pasar semejante agresión hubiese sido como entregarle a Greenpeace un pase libre a casi cualquier cosa. Y presentar una denuncia será, nada más y nada menos, que la Tercera Guerra Mundial contra una "superpotencia mediática", ya que Greenpeace apunta todos los cañones al impacto en los medios. Es decir, por una u otra opción el Gobernador iba a tener que caer en el lugar que los hombres de verde proponen.

Más allá del enfrentamiento, llama la atención la frecuencia con la que la asociación ambientalista está golpeando en San Juan. La última fue el 5 de junio cuando colgaron una bandera del Centro Cívico casi en la cara del mandatario. A poco más de un mes de haber ocurrido esa intervención, vino la publicación de la solicitada "agresiva", según Gioja, en el diario de mayor distribución del país. Dicen que la gente de Iglesia frenó dos manifestaciones más que no llegaron a concretarse y dicen también, fuentes calificadas, que los chicos de Greenpeace preparan una más para el verano y con ribetes cinematográficos: descolgarse en vehículos de los cerros que rodean el Valle del Cura, donde está Veladero, desde la mina El Fierro. Es evidente que Gioja debía hacer algo para frenar las embestidas, y optó por la Justicia. En medio de un escenario minero mundial más que complejo, con las empresas que pierden millones por la caída de las acciones y en un contexto de elecciones, es llamativa la insistencia de los protestantes.

Para resumir: en el año 1980 y a pedido de la provincia de San Juan, la UNESCO declara a San Guillermo en el departamento Iglesia como la primera Reserva de Biosfera de la Argentina. Luego, en 1998 y bajo la gestión de Carlos Gómez Centurión, se sanciona un decreto que luego fue refrendado por una Ley Provincial, donde se excluye parte de las hectáreas que originalmente pertenecían a la Reserva, generando una controversia que todavía hoy continúa: hay quienes piensan que esa desafectación se refiere sólo a la propiedad de la tierra, es decir, que esa porción de territorio ya no pertenece más al Estado, pero que esas hectáreas siguen alcanzadas por las normas de conservación que rigen al resto de la Reserva. Ese mismo año en un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de San Juan, se crea el Ente Parque Nacional San Guillermo, dentro de la Reserva.

Ese nuevo Ente abarca un espacio de tierra de 166.000 hectáreas de las más de 900 mil totales, donde se emplaza la denominada zona núcleo, que es donde se produce la mayor conservación de flora y fauna y donde se establece que no se puede hacer ninguna actividad industrial que, de hecho, no se hace. También se establecen las áreas de "Amortiguación" y de "Transición" que son mucho más amplias que la primera y en ellas sí se permiten otras actividades. Al filo de la denominada zona de Transición se emplazan Veladero y Lama que, a la luz de las leyes y los decretos provincial y nacional vigentes, no están interfiriendo en las prohibiciones establecidas para San Guillermo. Es más, hace poco el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas salió a realizar una campaña de esclarecimiento vía web. Los ingenieros Mario Capello y Daniel De La Iglesia, grabaron un video que hace referencia al sitio de la UNESCO donde claramente se identifica a la minería como una de las actividades que sí están permitidas: "Actividades Humanas: Éstas están relacionados con la minería (en la zona de transición), la ganadería, la investigación científica y el turismo incipiente en toda la zona", dice textualmente el sitio.

Para seguir cuestionando, Greenpeace tiene dos argumentos: el primero que la cantidad de agua que consumen las mineras disminuirá el caudal que surge en esa zona y que alimenta el río Jáchal. Para clarificar: la provincia de San Juan tiene dos ríos para abastecer de agua a la producción agrícola, la industrial y el consumo humano: el Río Jáchal y el Río San Juan. El primero de los cauces, tiene un derrame medio anual de 325 Hm3/año, y en el segundo un derrame medio anual de 1.960 Hm3/año. Sobre ambas cuencas existen concesiones de usos de agua de diferentes tipos.

En el caso de la Cuenca del Río Jáchal se distribuye de la siguiente forma: a la agricultura jachallera se destinan 21.676 litros/segundo aproximadamente y a la de Iglesia 6.827 litros/segundo; mientras que el proyecto Gualcamayo -en Jáchal- dispone de 116,65 litros/segundo, y Veladero y Pascua-Lama unos 460 litros/segundo. Al mismo tiempo, el río más importante de la provincia que es el San Juan tiene concesionados en Calingasta 7.640 litros/segundos, Ullum 3.331 litros/segundos, Zonda 2.209 litros/segundos, el gran Valle de Tulum 124.921 litros/segundo y por último los emprendimientos mineros Pachón y Casposo se llevan 1.169 litros/segundo. Un informe que elaboró el Gobierno de San Juan en 2010 dice que menos del uno por ciento del agua que transportan los ríos es destinada a la minería. ¿Bajará el caudal de agua para riego por la minería? No en las proporciones preocupantes que plantea la asociación ambientalista.

El segundo argumento es la contaminación que generan los emprendimientos mineros: hasta el momento, según todos los organismos provinciales y nacionales que controlan a las empresas, no se ha detectado ninguna variación en las líneas base establecidas antes de que las empresas empiecen a construir sus emprendimientos. Es decir, los valores que habían en el agua antes de empezar a construir Veladero, Lama, Caposo y Gualcamayo no se han modificado. Es decir, no hay ninguna prueba tangible de que esa afectación existe, como arriesga Greenpeace.

La actividad minera tiene sus riesgos ambientales, como los tienen los agricultores en el uso de los agroquímicos, o los tienen las bodegas con los desechos, o los mecánicos con los filtros de aceite. Obviamente las escalas son distintas y la enumeración anterior no implica una comparación con la magnitud de la actividad minera. Como en las anteriores, la minería tiene sus controles, porque no hay hasta el momento actividad humana que no requiera de controles para que su uso sea ajustado a las reglas. ¿Hay otros métodos más amigables con la naturaleza que el uso de cianuro para separar minerales? Sí los hay, pero no son rentables para las empresas ni tampoco para los gobiernos, y no hay noticias serias de que se apliquen en otros lugares del mundo.

El uso de cianuro es una metodología segura convalidada en EEUU, Australia y en todos los países donde hay operaciones mineras. De exigirles un cambio en la forma de explotación, las empresas levantarían campamento y se irían. Hoy la minería ha quedado acotada a lo posible, no hay espacio en los mercados para innovar en nada. Si queremos minería, debe ser de la forma rentable, la otra no existe.

Al margen de los argumentos técnicos, hay una variable política que siempre está y que no hay que dejar de lado: Gioja se ha metido en la madre de los embrollos. Cuando Greenpeace tomó por asalto el Centro Cívico para colgar una bandera con la foto de un puma que no existe en San Guillermo, pocas asociaciones de empresarios mineros salieron a respaldar al Gobernador. No se hicieron ver ni el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, ni otros referentes del sector que asiduamente pululan por los medios. Dicen en el entorno del Gobernador que eso lo molestó bastante y que después los empresarios le llamaron para decirle que no habían querido salir a decir nada para no "agrandar el tema" ya que había tenido demasiada trascendencia en los medios locales y los de alcance nacional.

Por esas horas Gioja se reunió con los gobernadores mineros en Capital Federal, los que tampoco salieron a respaldar al mandatario local. Con esta nueva arremetida de Greenpeace ¿saldrán a decir algo? Todavía no lo hicieron, y es difícil entender por qué.

No hay que olvidar algunas cosas que pasaron hace poco en San Juan: en el 2010 una veintena de jóvenes miembros de Greenpeace cruzaron un container en el camino minero de acceso a Veladero y Lama, interrumpiendo el paso de todos los vehículos que iban a las minas. Estuvieron unas de 48 horas en ese lugar. Por versiones de los vecinos de la zona, de la Policía, de miembros de la empresa Barrick y gente del Gobierno Provincial, levantaron el piquete y se fueron porque si no lo hacían, los vecinos los echaban. Algunas personas de Tudcum -donde nace el camino minero- y de otras localidades iglesianas amagaron con voltear -literalmente- las lujosas movilidades en las que llegaron los ambientalistas. Si no se interponía la Policía, eso terminaba muy mal. La gente les dijo que no querían que hicieran nada por ellos, que saben en qué se meten y que con el corte del camino minero estaban interrumpiendo su fuente de trabajo. Más genuino que eso, no existe.

A pesar de eso, la insistencia de Greenpeace debe tener un fundamento, ya que no son, precisamente, un grupo de improvisados. Tienen muchos "frentes de batalla" abiertos en distintos lugares del país, y resulta llamativa la insistencia sanjuanina. Hay elecciones y también un contexto minero complicado en el que las empresas no saben para dónde ir esperando que la tormenta del bajo precio del oro y las escasas garantías argentinas para el mercado mundial, pasen.

Si el problema financiero mundial de la minería continúa, las acciones de las compañías seguirán cayendo. Si eso sigue ocurriendo y además la asociación ambientalista sigue enviando mensajes apocalípticos, es probable que la denominada "licencia social" que las empresas lograron se vaya arruinando de a poco. Habría que avisarles a estos muchachos que payanean con el futuro de casi 700.000 personas, la fuente de ingresos de unas 1.200 empresas y el trabajo de unos 80.000 sanjuaninos, ni más ni menos.