Esta minería es imposible

Me apresuro a señalar que, en principio, no estoy ni a favor ni en contra de la minería de cielo abierto, pero sí me opongo por ahora a este proyecto del Poder Ejecutivo remitido al Parlamento en octubre del año pasado, que se encuentra en plena discusión. Todo parece indicar que se lo impondrá por la fuerza de una accidental mayoría absoluta, a pesar de la oposición de los partidos tradicionales y de la respuesta durísima que genera legítimamente en muchos grupos de ciudadanos de las comunidades directamente afectadas por este mega proyecto. Mi oposición se basa fundamentalmente en considerar que, cuando las repercusiones son de semejante magnitud, cuando las consecuencias se extenderán por décadas, la prudencia indica que se deben buscar mayorías mucho más amplias.
Prudencia.

Más allá de la misma naturaleza de las dudas, me parece insólito que un proyecto de estas características pueda ponerse en ejecución, sin que a futuro pueda darse marcha atrás, con mayorías escasas. El artículo 301 de la Constitución me ha hecho pensar mucho sobre este aspecto. El mismo establece una obligación para los gobiernos departamentales cuando contraen deudas, y señala que: …si el plazo de los préstamos, excediera el período de gobierno del Intendente proponente, se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental". Si la Constitución establece el requisito de una mayoría especial para contraer una deuda de una intendencia cuando esta supera un período, con más razón cabría esperar un apoyo mucho mayor cuando se van a afectar los intereses de miles de uruguayos atravesando varias generaciones. Mientras el proyecto no contenga un balance entre beneficios y costos aceptable para quienes representen la opinión de bastante más que la mayoría simple de los uruguayos, me parece muy grave que igual se lo lleve a la práctica.

Propiedad privada.

Este es un punto clave; tal como están definidos los derechos de propiedad del subsuelo, totalmente de propiedad estatal lo que no comparto, hay incentivos que no funcionan bien. Los recursos no los cuida nadie mejor que su dueño; en Uruguay hay abundantes pruebas de destrucción de recursos cuando las políticas públicas han alentado la sobreexplotación: están allí el azúcar y el noreste de Canelones para recordarlo.

Esto quiere decir que, en tanto el subsuelo como recurso siga siendo del Estado, los incentivos para su explotación y conservación no van en línea con los de los privados. Y los gobiernos en cada época tienen el problema de la falta de coherencia intertemporal de sus decisiones de política. Poniéndolo en claro: podrían tener importantes incentivos para acordar precios -cánones- e ingresos fiscales hoy mientras son gobierno, sin pensar en perjuicios para mañana o pasado cuando no lo sean. Sus necesidades presupuestales, sus ganas de ampliar el espacio fiscal, sus mismos objetivos sociales aun legítimos, constituyen un incentivo contrario al interés del país a largo plazo y, por tanto, las exigencias de evaluación -económica, social, ambiental- y control deben ser las máximas. Es al revés de lo que ocurre con el suelo cuyo uso este gobierno quiere manejar de modo totalmente intervencionista, cuando el que lo usa -su dueño- tiene en principio el incentivo de cuidarlo a largo plazo. Tiene mucho más lógica de control policíaco el uso del subsuelo, que no tiene un propietario nominal, que el del suelo. Si hay dudas acerca de este propósito, no se puede avanzar. Más aún, en este como en tantos temas es necesaria una mínima coherencia política. No puede, en efecto, difundirse una preocupación oficial por la concentración de la tierra y, en cambio, viabilizar su expansión cuando el que lo plantea es un minero, que no es más o menos que una importante empresa agrícola, o forestal, o ganadera; no hay diferencia. Y tampoco se entiende que se persiga a un propietario para que cuide su suelo y, en cambio, que se habilite un uso para el subsuelo cuando hay dudas.

Medio Ambiente.

Aunque parezca insólito este tema me parece menos acuciante porque no tengo por qué no creer en los múltiples análisis que promovidos incluso por organismos internacionales de crédito que, con seguridad, en algún momento se van a superar, quizás ahora o más adelante, salvo que se sostenga como objetivo la inmovilidad del paisaje lo que no parece sensato. Imagino que nuestros organismos de control podrán sostener con autonomía sus opiniones que tampoco tienen por qué ser vinculantes, aunque sí contribuyentes a formar esa opinión ampliamente mayoritaria que reclamo.
Economía.

Este es uno de los temas más importantes y sobre los que se habla muy poco: el económico. Hay una discusión relevante sobre la justicia de los beneficios tributarios, su monto, su duración, que se contrasta con los beneficios que, a través del canon u otros mecanismos tributarios, recibiría el Estado. No tengo nada que decir sobre eso por ahora. Lo que me pone absolutamente en guardia es el destino y la administración política de los fondos por parte de quienes -tanto gobierno como oposición- pueden tener estímulos para resolver problemas de corto plazo. Lo diré con claridad: no pueden entrar esos recursos a la economía uruguaya; si como se dice, el proyecto generaría los millones de dólares que se señala, si esto ocurriera el dólar caería debajo de los 10 pesos, el sector exportador colapsaría, y la minería estaría generando así la conocida "enfermedad holandesa". Por eso el destino que se plantea para los fondos me parece muy peligroso, no siendo suficiente que el 70% de los mismos lo administre el BCU, porque puede generar toda clase de inestabilidades económicas y desequilibrios políticos si los destina a comprar deuda, a colocarlos en plaza, o a comprar papeles de empresas públicas o privadas. Y ni qué hablar con los destinos del 30% restante cuando refiere a vivienda u obras de interés social en el interior, a proyectos productivos (¿cómo sería un proyecto improductivo?) y otras categorías tan genéricas en las que cabe cualquier cosa. Exagerando un poco, el dinero tiene que ir muy lejos, a un fideicomiso… en Noruega, administrado por vikingos con arreglo a un contrato que impida el ingreso de esos recursos por 20 años salvo excepciones.

En definitiva, aparecen todavía muchos puntos dudosos sobre los que vale la pena seguir trabajando para conseguir un número de voluntades mucho mayor.