LA JUSTICIA ALLANÓ LAS OFICINAS DE TGN POR LA CAUSA SKANSKA

El juez López Biscayart se llevó documentación de la obra

Ayer hubo novedades en uno de los casos judiciales que más incomodan a varios funcionarios del Gobierno.

La Justicia allanó las oficinas de Transportadora Gas del Norte (TGN) en un juicio en el que se investiga si la constructora sueca Skanska pagó comisiones en el marco de una obra de infraestructura.

Ayer por la tarde, el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart fue a las oficinas de la empresa, en el barrio porteño de Almagro.

Según una fuente que permaneció cerca del procedimiento, "el juez se llevó toda la información relacionada con la obra en la ampliación del gasoducto que está relacionada con la empresa Skanska".

Además, la fuente negó que el juez se hubiera llevado computadoras. "Fueron sólo documentos", dijo.

TGN es la licenciataria de una red de gasoductos sobre la que se realizó una obra de expansión de la capacidad de transporte en 2005. El proyecto fue financiado por un fideicomiso, al que aportaron la propia empresa, Repsol YPF y el Banco de Desarrollo de Brasil. La administración corrió por cuenta de Nación Fideicomisos, una empresa del Banco Nación.

En ese esquema, la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) debían emitir todas las instrucciones y autorizaciones de la obra, según el decreto 1882/2004. Justamente sobre esta obra se posan las sospechas de supuestos pagos de coimas.

TGN confirmó el allanamiento mediante un comunicado. "TGN informa que en el día de la fecha se hicieron presentes en las oficinas de la empresa (...) el juez penal tributario Dr. López Biscayart y otros funcionarios, quienes procedieron a retirar documentación relacionada con las obras de ampliación del Gasoducto Norte ejecutadas en 2005-2006 en el marco del programa de fideicomisos organizado por el Estado nacional", dice el comunicado.

"La diligencia -continúa- se desarrolló con normalidad, habiendo prestado TGN plena colaboración. La compañía se puso a disposición del tribunal para cooperar en todo aquello que se le requiera. Vale mencionar que el procedimiento en nada alteró el normal desarrollo de las operaciones de TGN, que continuaron de forma habitual."

El allanamiento de ayer no es otra cosa que continuar la pista que hace unos días marcó el propio Gobierno. Sucede que en una contestación a la Justicia, el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, descargó las eventuales responsabilidades en la licenciataria TGN, gerenciadora del proyecto.

La pista oficial

En esa contestación, el Gobierno dijo que la obra fue privada, que no hubo licitaciones y que el dinero con el que se ejecutó no salió de las arcas públicas. En rigor, la presentación oficial no fue ante el fuero penal económico. Fue la postura que tomó el Gobierno ante una requisitoria del juez federal Guillermo Montenegro, donde también se investiga el supuesto pago de coimas.

La causa madre se inició en el fuero penal tributario, en un juicio sobre numerosos casos de evasión impositiva concretados mediante facturas emitidas por las empresas Calibán e Infiniti Group. Uno de estos 130 casos que investiga López Biscayart es el de Skanska. Allí la Justicia pudo establecer que Infiniti Group, sospechosa de ser una "usina de facturas", reconoció que hizo una operación falsa con la firma Skanska por alrededor de 1,2 millones de pesos.

La firma sueca respondió con una auditoría interna, que realizó en su filial local, en la que la misma compañía sostuvo que dos facturas de Infiniti Group fueron "operaciones realizadas para obtener dinero para pagar comisiones".

Ante esta comprobación, Skanska despidió a siete de sus gerentes y pagó en la Administración Federal de Ingresos Públicos alrededor de $ 10 millones en concepto de multas y reajustes de las facturas apócrifas.

El caso Skanska ya generó conflictos de competencia en la Justicia. Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli iniciaron la investigación por una denuncia presentada por el diputado nacional de ARI Adrián Pérez. Allí se pidió que se investigara el rol de otros funcionarios del Gobierno, como el secretario de Obras Públicas, José López, y el director del Enargas, Fulvio Madaro.

De acuerdo con lo que sucedió ayer, López Biscayart parece dispuesto a continuar con la investigación.

Por Diego Cabot