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Argentina
La ley de hidrocarburos que está haciendo estallar a Bolivia
26/05/2005

CASO SKANSKA: DENUNCIARÁN PENALMENTE A 2 FUNCIONARIOS

La Nación, Buenos Aires
Son el titular del Enargas y el secretario de Energía

Los diputados nacionales Adrián Pérez (ARI) y Esteban Bullrich (Pro) anunciaron que mañana denunciarán por incumplimiento de los deberes de funcionario público al titular del Enargas, Fulvio Madaro, y al de la Secretaría de Energía, Daniel Cameron.

Lo harán en el marco de la causa Skanska, y en el mismo escrito pedirán que la Justicia investigue la existencia de sobreprecios en la ampliación del Gasoducto Norte, obra en la que intervino Skanska, en 2005. Esta firma luego admitió que tuvo que pagar 13,4 millones de pesos en coimas por su participación en los gasoductos Norte y Sur, aunque no dijo a quiénes les pagó.

Ambos legisladores explicaron a LA NACION que la base de la denuncia es el nutrido intercambio de notas entre Transportadora de Gas del Norte SA (TGN) y el Enargas, publicado ayer por LA NACION, en el que se ve que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, un organismo estatal, el Enargas, tuvo un papel decisivo en la contratación de la constructora sueca Skanska para la ampliación del Gasoducto Norte, pese a los sobreprecios que habrían presentado ésa y otras dos firmas.

En por lo menos siete oportunidades, TGN puso al tanto de esos sobreprecios al Enargas.

En un documento del 8 de abril de 2005 cursado a TGN, licenciataria privada del Gasoducto Norte, Madaro dispuso que TGN contratara a Skanska, BTU y Contreras Hermanos para construir las tres plantas compresoras del gasoducto.

Skanska erigió la planta de Deán Funes, en Córdoba.

Ajeno al caso

El Gobierno sostiene que es ajeno al caso pues se trató de una obra privada que se financió también en forma privada mediante un fideicomiso manejado por el Banco Nación.

Este mismo argumento lo volcó en un escrito que el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, presentó al juez federal Guillermo Montenegro hace poco más de un mes.

Montenegro investiga las presuntas coimas en forma paralela al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart.

El conflicto de competencia entre ambos magistrados debe resolverlo la Cámara en lo Penal Económico, pero hace ya varias semanas que esa decisión se demora.

La causa de Montenegro se originó con una denuncia presentada por el diputado Pérez en diciembre, mientras que Bullrich efectuó la suya en el fuero penal económico. Los dos legisladores vuelven ahora a la carga para ampliar el objeto de la investigación.

"Queremos que se investiguen los sobreprecios que TGN encontró en el presupuesto presentado por Skanska, y también en los de las empresas BTU y Contreras Hermanos", afirmó Pérez.

Por su parte, Bullrich explicó a LA NACION que el Gobierno tuvo un papel activo en el tema de los gasoductos, por más que las obras de ampliación estuvieran a cargo de las licenciatarias privadas TGN y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

"La resolución 658 de 2004, de la Secretaría de Energía -precisó el diputado nacional-, delega en el Enargas, con la colaboración de esa secretaría, el control técnico y contable de las obras que se financian con fideicomisos, como fue el caso de la ampliación de los gasoductos. Le pedí explicaciones sobre este punto al jefe de Gabinete [Alberto Fernández] en una carta abierta que aún no me respondió."

Por concurso

Bullrich agregó que también presentó un pedido de informes "porque está establecido que las autoridades de los entes de control y regulación de los servicios públicos, como el Enargas, deben elegirse mediante concurso público de oposición y antecedentes, pero las actuales autoridades fueron designadas por decreto".

El Enargas, según sostiene el legislador de Pro, "debería estar dirigido por un directorio de cinco miembros".

ARI también quiere que la Justicia investigue la empresa cordobesa Electroingeniería y, según Pérez, entregará al fiscal federal Carlos Stornelli un informe que redactó junto con los diputados Fernando Sánchez y Fabiana Ríos, también de ARI, sobre esa firma.

El fiscal Stornelli actúa en la causa del juez Montenegro. La revista Noticias había aportado a ese expediente y al que lleva el juez López Biscayart un memo del ex director financiero de Skanska, José Alonso, que menciona las coimas que la firma sueca habría pagado en los gasoductos Norte y Sur, y se refiere, además, a un pago "abortado" de diez millones de dólares, y a continuación y entre paréntesis está escrito "Electroingeniería".

Esta firma no intervino en las ampliaciones de los dos gasoductos y la semana pasada desmintió su vinculación con el caso mediante un comunicado de su director de Asuntos Corporativos, Carlos Bergoglio.

"La empresa se siente agraviada por la difusión de estas confusas e inexactas noticias que nos relacionan con este caso -afirmó Bergoglio-, pues no ha negociado y no ha tenido ningún contrato ni relación con TGN y TGS."

Por Jorge Urien Berri

KIRCHNER NO DESCARTA ECHAR A LOS FUNCIONARIOS QUE "ACTUARON MAL"

La Nación, Buenos Aires

El Presidente lo dijo en público y en la intimidad; Madaro y José López, en la mira

El gobierno de Néstor Kirchner analiza con preocupación las derivaciones del caso Skanska, según admitieron fuentes oficiales a LA NACION. En la intimidad de la residencia presidencial de Olivos, Kirchner comentó que si la causa judicial avanza "se irán los funcionarios que hayan actuado mal", en estamentos intermedios del Estado, para preservar a los funcionarios superiores de la administración.

Kirchner buscará sostener al ministro de Planificación, Julio De Vido, según pudo saber LA NACION. Se trata de su más confiable colaborador desde las épocas en que el Presidente gobernaba Santa Cruz.

No puede prescindir de sus servicios. Pero Kirchner no quiere actuar como lo hacía el ex presidente Carlos Menem ante denuncias de corrupción: para defender a sus funcionarios, decía: "Nadie es culpable hasta que la Justicia demuestre lo contrario".

En la Casa Rosada entrevén que así los escándalos crecían en intensidad y afectaban hasta la cabeza.

Para preservar a De Vido, al que incluso quiere mantener si Cristina Kirchner llega a la presidencia de la Nación en diciembre próximo, se vería obligado descomprimir la tensión y cortar de cuajo el avance.

Por ello, según confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, se mira a diversos potenciales fusibles sólo para el caso en que crezca la causa que instruye el juez en lo penal económico Javier López Biscayart.

Un eventual pedido de renuncia podría recaer en el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro. También está en la mira el secretario de Obras Públicas, José López, ambos de máxima confianza de De Vido y Kirchner.

Pero en la Casa Rosada también advirtieron que "a Kirchner no le gusta echar a sus funcionarios", porque ello supone reconocer errores propios. Es posible entonces que los relevos no sean inmediatos. Aquellos son dos de los principales hombres en la mira. Pero no están exentos el secretario de Energía, Daniel Cameron, ni el gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Todos participaron del proceso administrativo.

"Los dos más señalados son Madaro y López", dijo a LA NACION una fuente confiable de la Casa Rosada.

Un dato no pasó inadvertido. El miércoles último, Kirchner se refirió por primera vez al caso Skanska en la Casa Rosada. Dijo: "Si un funcionario hizo algo que no se debe, se va". Se consideró esto una señal hacia afuera y hacia adentro del Gobierno.

Entre los presentes en el acto estaban De Vido y José López. López había amagado en diciembre último con renunciar, pero fue frenado por De Vido.

En el mismo discurso, Kirchner aseguró que en el caso Skanska "el gobierno nacional no tiene nada que ver"; que "es un caso de corrupción entre privados". Y agregó: "Si un funcionario hizo algo que no se debe, se va. Yo vine con las manos así [limpias]".

También desafió a la prensa: "Después van a publicar muy chiquitito que ningún funcionario tuvo nada que ver". Antes de ese discurso, hace diez días, Kirchner había citado a De Vido a su despacho y le había pedido que le explicara el caso Skanska con pelos y señales.

De Vido lo convenció de que "es un caso de coimas entre privados".

De allí que Kirchner hablara con tanto énfasis la semana última.

Con el avance del caso, en Balcarce 50 aseguran que Kirchner confía en sus funcionarios -asegura que ninguno pudo haber cometido delitos-, pero está preocupado por la "responsabilidad política" que pudiera caberles a funcionarios intermedios que por error u omisión pudieran haber permitido que alguien percibiera dinero indebido. Les podría caber entonces la figura de mal desempeño de funcionario público.

Incertidumbre oficial

Según reveló LA NACION en su edición de ayer, el Enargas ordenó por escrito a TGN que contratara a Skanska para obras de un tramo del Gasoducto del Norte, pese a que TGN le había advertido siete veces que Skanska había cotizado ese trabajo en 29,2 millones de pesos, con un sobreprecio del 152% sobre el presupuesto original, de 11,7 millones de pesos.

"A De Vido, Kirchner no le va a soltar la mano; podría relevar a funcionarios inferiores, como Madaro y José López", dijo a LA NACION una fuente gubernamental.

Los avisos de TGN al Enargas se remitían con copia a Cameron, a José López y a Ulloa. Por ello, todos estarían advertidos de los sobreprecios. Sin embargo, en la Casa Rosada aún no saben cómo afectará la causa judicial a cada uno. En tanto, algunos expedientes de Planificación están paralizados debido a las auditorías internas que desataron los allanamientos.

Por Mariano Obarrio


ALLANARON UNA EMPRESA ESTATAL QUE TIENE SEDE EN SANTA CRUZ

Clarín, Buenos Aires

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT S.A.), una empresa estatal con sede central en Santa Cruz, también fue allanada en la megacausa en la que se investigan casos de evasión impositiva a través de facturación apócrifa. La medida la dispuso el juez Javier López Biscayart, el mismo que investiga coimas que la multinacional sueca Skanska pagó en la construcción de un gasoducto.

En el operativo se secuestraron facturas que la sociedad fantasma Infiniti Group emitió en favor de esta compañía, informaron a Clarín fuentes judiciales. Por lo mismo, en 2005 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a más de 100 empresas, de las cuales una treintena está siendo investigada hoy por López Biscayart.

Aparte de Skanska, en la mira de este juez hay concesionarias de servicios públicos (Autopistas del Sol, también allanada; Coviares, Rutas al Sur, Aeropuertos Argentina 2000), compañías de seguros, de salud, de otros muchos rubros y hasta el Gobierno de la Ciudad, respecto de presuntas sobrefacturaciones en publicidad oficial (ver página 6).

El jueves, su último día antes de salir de vacaciones, el juez allanó una empresa avícola de Entre Rios, Stertz e Hijos, y la pesquera Fishing World. El allanamiento a YCRT —en unas oficinas de la calle Maipú, en Buenos Aires— se produjo hace tres semanas, pero trascendió ayer.

El actual titular de esta empresa de capitales nacionales es Daniel Peralta, un diputado provincial kirchnerista que suena como reemplazante del gobernador Carlos Sancho. La semana pasada, Peralta estuvo en la Capital negociando una salida a la grave crisis docente de Santa Cruz.

En 1994, el gobierno de Carlos Menem concesionó YCRT por diez años al Grupo Taselli, muy vinculado al actual gobierno, dueño de los ex ramales Roca y San Martín del tren. A mediados de 2002, el presidente Eduardo Duhalde dispuso la rescisión de este contrato por los incumplimientos de Taselli. El primer interventor de YCRT fue Eduardo Arnold, hoy enemigo de Kirchner; Peralta llegó al año siguiente. En 2004, 14 personas murieron en un accidente en la mina.

En el juzgado de López Biscayart se investiga de qué época serían las facturas apócrifas de esta empresa. Por los montos, inferiores —en principio— al millón de pesos, el delito que se investiga es la evasión tributaria simple.

Como Skanska, este sumario nació de un expediente que se llama "Di Biase", por uno de los prestanombres de Infiniti. La diferencia con el caso de los suecos, es que la hipótesis de evasión ahí viró a una de sobornos.

Este cohecho lo investiga, a la vez, el juez federal Guillermo Montenegro. El fiscal Carlos Stornelli ya hizo ahí imputaciones concretas contra el ministro Julio De Vido y funcionarios de su área, aparte de la gente de Skanska e Infiniti Group.

En esa causa, ayer se presentó en el expediente la empresa Electroingeniería. Tomó una publicación de Noticias, que sostuvo que también participó de coimas, y se puso a disposición del juez.


UN ORGANISMO DEL GOBIERNO ORDENÓ CONTRATAR A SKANSKA

La Nación, Buenos Aires

Se trata del Enargas, que eligió a la empresa sueca, pese a las advertencias de que había sobreprecios

A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, su papel en el caso Skanska no sólo fue activo, sino que resultó decisivo para que esa constructora sueca fuera elegida para intervenir, junto con otras firmas, en la ampliación del Gasoducto Norte. Skanska admitió ante la Justicia haber pagado 13,4 millones de pesos en coimas por su participación en la ampliación de los gasoductos Norte ($ 7.709.000) y Sur ($ 5.766.900), pero no dijo a quién.

De los documentos oficiales surge que la orden de adjudicar la construcción de las tres plantas compresoras del Gasoducto Norte a Skanska, BTU y Contreras Hermanos la impartió Fulvio Madaro, titular del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que se encuentra en la órbita del Ministerio de Planificación, de Julio De Vido. Madaro la firmó el 8 de abril de 2005.

La licenciataria privada del gasoducto y encargada de contratar las obras era Transportadora Gas del Norte (TGN), una sociedad anónima cuyo socio local más importante es el grupo Techint. TGN tuvo que acatar la orden del Gobierno, pese a que hacía meses que se quejaba ante el Enargas, ente que regula y fiscaliza el servicio del gas, y el secretario de Energía, Daniel Cameron (también del Ministerio de Planificación), por lo que consideraba como abultados sobreprecios en los presupuestos presentados por Skanska y las demás firmas. Tan abultados le parecían esos precios a TGN que tres veces quiso declarar desierto el concurso.

"El gobierno nacional no tiene nada que ver. A mi juicio -afirmó el presidente Néstor Kirchner el miércoles último, en su primera manifestación pública sobre el caso Skanska-, es un acto de corrupción entre privados."

Al cierre de esta edición, una consulta de LA NACION a las máximas autoridades del Enargas, por medio de una vocera del ente, no obtuvo ninguna respuesta.

Un intenso intercambio de notas entre TGN y el Enargas comenzó el 24 de noviembre de 2004, siempre con copia a Cameron y a veces también al secretario de Obras Públicas, José López, y al gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, pues la ampliación se financió con un fideicomiso.

Fuerte pulseada

Esas notas, a las que accedió LA NACION, muestran una fuerte pulseada entre TGN y el Gobierno por los sobreprecios. TGN se resistía, pese a que quien pagaría sería el fideicomiso, y el Gobierno le proponía variantes que no prosperaban.

El Gobierno fue el impulsor del proyecto de ampliar los gasoductos.

El 25 de enero de 2005 se abrieron los sobres del concurso privado de precios, y el 31 comenzaron los lamentos de TGN al informarle al Enargas que las propuestas de las cuatro empresas que se presentaron (Skanska, BTU, Astra Evangelista y Turbigas/Peitel) arrojaban un sobreprecio del 152 por ciento respecto de lo que TGN había calculado previamente.

Estaba en juego la construcción de tres plantas compresoras: Lumbreras, Lavalle y Dean Funes. Por ejemplo, para la planta cordobesa de Dean Funes, TGN había calculado un costo de 11.750.000 pesos, pero Skanska lo fijó en 29.268.302 y BTU en 31.406.921.

El 1° de febrero, en una reunión de TGN con Cameron y Madaro, se resolvió no convalidar esos valores. Madaro es un hombre de confianza del Presidente y de De Vido. Patagónico por adopción, que cumplió funciones en la Aduana, fue interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que también se encuentra bajo la órbita del ministro de Planificación Federal.

El 11 de febrero, TGN insistió ante Cameron y mencionó "el sustancial desvío verificado respecto a lo oportunamente presupuestado, desvío para el cual no encontramos una adecuada justificación".

Cuatro días más tarde se abrieron nuevos sobres que revelaron una leve mejora de las ofertas. Skanska redujo su precio para la planta de Deán Funes en un 9,35 por ciento. Pero TGN informó a Madaro que "el nivel de precio queda muy afuera de nuestras referencias para plantas y ampliaciones equivalentes. (...) Agradeceremos nos impartan instrucciones".

Entonces, TGN realizó una nueva ronda de precios. La tercera. El 2 de marzo se abrieron los nuevos sobres. Skanska rebajó el 0,5 por ciento para Deán Funes. BTU hizo lo mismo. Astra Evangelista no varió y quedó eliminada. Una cuarta, Contreras Hermanos, sólo cotizó para la Planta Lavalle. Pero las cifras no conformaban a TGN, que mismo ese día protestó ante Madaro: "El precio obtenido sigue estando fuera de nuestras referencias".

Sin explicación "razonable"

El 7 de marzo, TGN volvió a la carga, de nuevo con Madaro: "Basados en los antecedentes técnicos y de mercado, no encontramos una explicación razonable para justificar el desvío y nos vemos impedidos de avalar dichos precios".

Madaro contraatacó el 29 de marzo y, siempre por nota, preguntó a TGN si estaba en condiciones de realizar las obras en forma simultánea y de acuerdo con su presupuesto. Es cierto que había apuro en ampliar la capacidad de transporte de gas, cuello de botella del sistema. Acorralada, TGN respondió el 4 de abril que no, porque no encontraba contratistas que cumplieran esas condiciones.

Enargas perdió la paciencia y el 8 de abril dispuso, por escrito, que se adjudicaran las tres plantas a Skanska, BTU y Contreras. El facsímil de esa orden es uno de los tres documentos que publica hoy LA NACION, aunque no tiene constancia de a cuáles fueron las empresas que recibieron esa orden.

Consultado sobre la secuencia de documentos, el diputado nacional Adrián Pérez (ARI-Buenos Aires), autor de la denuncia que dio origen a la causa en el fuero federal, sostuvo a LA NACION que "está claro que no se trata de un acto de corrupción entre privados, sino que hay una evidente responsabilidad del Gobierno. Tres veces TGN quiso declarar desierta la compulsa de precios".

Por Jorge Urien Berri

 


 

ENARGAS FIJÓ SU POSICIÓN EN EL CASO SKANSKA

Clarín, Buenos Aires

Apuntó a grupos privados y cuestionó informaciones de Clarín y La Nación.

La empresa estatal Enargas plantea hoy su posición sobre el caso Skanska, a través de una solicitada. Allí, el organismo cuestiona informaciones publicadas por Clarín y La Nación sobre el tema.

Dice el ente gubernamental: "En diferentes y numerosas ediciones, principalmente de los diarios Clarín y La Nación, se difundieron noticias sobre el Caso Skanska-TGN (Techint) —para esos medios sólo Caso Skanska— con una marcada orientación por mostrar dicho caso como un hecho de corrupción que involucraba al Gobierno Nacional."

Tras recordar que la causa se inició en 2005, a partir de una presentación de la AFIP en la que se denunciaba a la empresa fantasma Caliban/Infiniti Group por el delito de evasión fiscal, dice que "a partir de dicha investigación judicial se comprueba en términos judiciales" que Infiniti había manejado "a otro importante número de empresas fantasmas" y que quienes habían usado estas facturas apócrifas "son un más que importante número de empresas anunciantes en los distintos medios de comunicación (empresas periodísticas) por sumas cercanas a los cincuenta millones de pesos", algo sobre lo que, remarca, "no hay un solo artículo periodístico".

Luego prosigue: "La única firma mencionada en los artículos periodísticos" es la sueca Skanska, "una constructora contratada por TGN/Techint (otra empresa de capitales privados)". Y resume que "de acuerdo a las mismas versiones periodísticas y a los dichos de uno de los detenidos" en la causa "la maniobra podría haber tenido por objeto pagar comisiones a funcionarios del Estado nacional, sin precisar hechos". Más adelante sostiene que los únicos funcionarios involucrados pertenecen al Gobierno porteño.

También cita una noticia de Clarín, del 28 de abril bajo el título "Allanaron una empresa estatal que tiene sede en Santa Cruz". Y aclara que el allanamiento no fue en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, como decía esa nota, "sino en la oficinas de YCRT S.A., una empresa privada del señor Sergio Taselli". En su edición de ayer, Clarín publicó la rectificación respectiva sobre la ex estatal YCRT.

Luego, cuestiona otra información publicada por La Nación , la refuta y aclara: que parte del Gasoducto del Norte fue "el resultado de un proceso licitatorio realizado por TGN/Techint, empresa de capitales privados"; que los oferentes "fueron invitados a participar del concurso por TGN/

Techint"; que esa empresa "obstruyó y dilató indebidamente los plazos de construcción de la obra"; que fue la que "presupuestó un precio para su realización basándose en valores anteriores a la crisis de 2001" y que "ese precio jamás fue mostrado a los oferentes".

Luego la solicitada plantea interrogantes: "¿Por qué TGN/Techint demoraron tanto las obras" "¿Por qué presupuestaron un precio (...) y no lo mostraron a los oferentes del concurso?";"¿Por qué no hizo la obra cuando le fue requerida por Enargas?";"¿Por qué el señor Alejandro Gerlero, ex gerente de Skanska (...) que fuera despedido 'presuntamente' por esos también 'presuntos hechos' hoy es gerente de proyectos de TGN/Techint?"; "¿Por qué ese elemento vital en la interpretación de lo ocurrido", señalado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ante el Congreso "no fue reproducido al día siguiente por ninguno de los medios?".

Al final se justifica la solicitada con que "hemos respondido a preguntas planteadas por periodistas y aportado documentación respaldatoria, sin que nunca nada de ello haya sido considerado en los artículos aparecidos".



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