betania franquis
Restaurar los ecosistemas amazónicos diezmados por la minería ilegal al sur del país tardará hasta 200 años, estiman ambientalistas. Aunque el costo para la naturaleza es elevado y los recursos no son renovables, el alza en los precios del oro —50 dólares el gramo en el contexto de la crisis económica— desatan la voracidad del extractivismo controlado por el pranato minero y apalancado bajo el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco.
Las entrañas de la tierra se estremecen al sur del país. En uno de los yacimientos de oro ubicado en las cercanías de El Dorado, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, un grupo de mineros desprende toneladas de capa vegetal para extraer aluviones de oro apenas visibles en la roca. Un motor hidráulico que dispara chorros de agua a presión rompe el suelo y en cuestión de minutos, metros cúbicos de plantas, nutrientes y pequeños animales son arrastrados por la corriente hasta transformarse en un sedimento arenoso que jamás retorna a su estado original.
En la franja de 111.843 kilómetros cuadrados que se extiende desde el río Cuchivero hasta la Sierra del Imataca en el estado Bolívar, atravesando los territorios de Amazonas y Delta Amacuro la explotación ilícita de minerales apalancada por el decreto del Arco Minero del Orinoco amenaza la biodiversidad ecológica del pulmón vegetal más importante del mundo. Lagunas ácidas y contaminadas, bosques arrasados, animales envenenados y suelos degradados son el eco de la devastación que ya se extiende a distintas regiones del país.
De 5 a 10 metros cúbicos de terreno son removidos por 15 o 10 gramos de oro en zonas como El Callao en las que el mineral es más fácil de hallar en vetas—una fuente primaria de procedencia—. En cambio, en Imataca al extremo norte de la región Guayana es más difícil hacerse con el preciado mineral. “En esa zona el oro está diseminado y se necesita extraer hasta una tonelada de terreno por 0.65 gramos de oro. Hay 10.000 mineros trabajando solo en esa zona, haciendo un desastre”, asegura un trabajador vinculado al área de la minería que no quiso ser identificado.
Un monitoreo del proyecto Global Forest Watch junto con la Universidad de Maryland y la Nasa muestra en un mapa interactivo que Venezuela perdió 1,9 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2018 lo que equivale a 3,4 % de la superficie vegetal amazónica.
En el gráfico se apunta con una señalización en rosado que los municipios Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Manteco, El Palmar y San Isidro en el estado Bolívar son los más afectados con una disminución de 374.000 hectáreas de cobertura vegetal para el período 2001-2018. En ese orden le siguen Amazonas con 151.000 y Delta Amacuro con 20.000 hectáreas de zona boscosa.
Aunque la destrucción de la capa arbórea es atribuible a diversos factores, el mapeo muestra una mayor incidencia de pérdida de vegetación en entidades con enclaves mineros, lo que constata los resultados del monitoreo llevado por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.
El gráfico muestra un incremento del daño forestal asociado a la actividad minera en el estado Bolívar con una pérdida de 141.560 hectareas de cobertura vegetal para el período 2013-2018. La institución que desde año 2005 trabaja en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, muestra también en datos los estragos del extractivismo ilegal en el estado Amazonas, donde está prohibida la actividad minera de acuerdo al decreto 269 que entró en vigencia a partir del año 1989.
La violabilidad de la norma se evidencia dentro de algunas áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), donde se han asentado los buscadores de oro. Hoy día el auge desmesurado de la minería arroja una perdida de 85.486 hectareas de bosque biodiverso en Amazonas, seguido de Delta Amacuro con 9.110 hectareas de zonas vegetales, invadidas por campamentos mineros improvisados en los municipios Casacoima del sector Las Brujas y en el municipio Antonio Díaz.
Los estragos de la destrucción ambiental hacen mella sobre una de las formaciones geológicas más arcaicas del mundo. La selva amazónica venezolana situada al sur del país sobre el escudo guayanés comprende una red de ecosistemas que se extiende por 469.000 km2 y que conecta a los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. El origen de esta área natural colmada de imponentes ríos, bosques y macizos rocosos data de la era precámbrica, uno de los períodos de formación de la tierra más antiguos con 1.700 millones de años de evolución.
La importancia de esta zona ancestral y biodiversa, fuente de riquezas y asentamiento de 51 comunidades indígenas, no impidió, sin embargo, que fuera destinada por el Gobierno para fines de explotación mineral con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco que delimita 111.843 kilómetros cuadrados de territorio para fines extractivistas y comerciales.
El megaproyecto oficializado el 24 de febrero de 2016 bajo el decreto presidencial número 2.248 y publicado en la Gaceta Oficial N.° 40.855, abarca a cuatro grandes áreas. Oro, coltán, diamantes, bauxita, carbón, hierro y tierras raras se diseminan en los cuatros puntos de interés comercial renombrados como: Juana La Avanzadora (área 1; 24.680 kilómetros cuadrados), Manuelita Sáenz (área 2; 17.246 kilómetros cuadrados), Negra Hipólita (área 3; 29.730 kilómetros cuadrados), Josefa Camejo (área 4; 40.149 kilómetros cuadrados).
Un total de 150 empresas nacionales y extranjeras fueron convocadas por el Ejecutivo para invertir en los proyectos extractivistas, sin embargo, con solo 18 —según muestra el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico en su página web— se establecieron alianzas comerciales. De las filiales que están en suelo venezolano 2 son palestinas, 2 turcas, 1 canadiense y el resto son empresas nacionales mixtas que intervendrán el territorio por un período de hasta 20 años.
Aunque el daño causado por la minería no es cuantificable en términos absolutos puede ser identificado según las modalidades de extracción que se aplican en distintas zonas. Un especialista vinculado al área de la ingeniería que prefirió no ser identificado, explicó que la explotación de recursos que contamina los suelos, el aire y el agua es más acentuado en yacimientos donde se practica la minería aurífera a cielo abierto.
La fuente explicó que, a diferencia de la minería artesanal practicada por las comunidades indígenas con palas y picos, la minería a cielo abierto —en la que interviene gran número de personas— es una modalidad que utiliza chorros de agua a presión para perforar el suelo y mercurio para amalgamar el oro con el fin de separarlo de la roca.
“Al obtener el oro queman con un soplete todo el mercurio. Eso se transforma en un gas tóxico que contamina el ambiente y se acumula en animales, personas, cuencas y ecosistemas”.
Aunque una campana de emisión de gases podría atenuar los efectos del mercurio en el ambiente haciéndolo apto para su reutilización, la fuente asegura que al Gobierno no le interesa invertir en los equipos necesarios para evitar la contaminación pues prefiere mantener todo a bajo a costo para satisfacer los intereses de altos personeros vinculados al sector oficialista.
Además de los yacimientos a cielo abierto, existe la minería industrial, otra modalidad del extractivismo practicada por grandes empresas que usan cianuro, maquinaria pesada o explosivos. La revista digital especializada en ecología, Explora, reseña en su primera edición especial del año 2018 que este tipo de minería se ejecuta mediante galerías; túneles de 5 a 10 metros de diámetro y hasta 600 metros de profundidad, abiertos con perforaciones y detonaciones controladas.
En algunas zonas de El Callao, uno de los municipios con mayor actividad minera, la existencia de desniveles rompe la armonía del paisaje. A pocos kilómetros de un enclave minero a lo largo y ancho de una amplia llanura se extiende un incipiente herbazal sin plantas ni árboles. Se trata de una zona recuperada tras ser devastada por la minería.
Los intentos del Gobierno por devolverle a los paisajes de Guayana parte de su vitalidad han sido en vano. El plan de cierre de minas que contempla el retiro de los equipos y los campamentos mineros de las zonas afectadas no se ha hecho de forma eficiente. La fuente asegura que lo suelos de la Amazonia arrasados por el uso de maquinarias y químicos difícilmente podrán reponerse, aunque sean rellenados con el material removido aún rico en nutrientes.
“Los planes de restauración tienen éxito en ecosistemas que no están expuestos a elementos sulfúricos como es el caso de Guayana donde apenas podrían sobrevivir algunos pequeños microorganismos y plantas herbáceas. La devastación requerirá hasta 200 años y millones de dólares de inversión”.
Los suelos del escudo guayanés—advirtió— tienen poca capacidad de recuperación debido a su naturaleza ácida. Son tierras frágiles expuestas a la pirita, la plata y la calcopirita. La acidez de sus componentes hace que la adaptación a la vida en sus ecosistemas sea de muy lento desarrollo.
