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Venezuela "legalizó" la minería de oro en el Orinoco
MINING PRESS/ENERNEWS/ABC

El plan tiene como finalidad generar una entrada de 33.000 millones de euros

27/04/2020

YMARÚ ROJAS

Las cuencas vitales para la Amazonía siguen siendo exprimidas y transgredidas por el régimen de Nicolás Maduro. La amenaza a la biodiversidad de Venezuela ha sido indetenible y ha puesto en riesgo también a la población, conformada por más de 54.000 indígenas; a la fauna y flora que ahí habita. El 8 de abril, el Gobierno chavista declaró seis ríos del estado Bolívar (sur) aptos para la explotación de oro y diamante dentro del proyecto del Arco Minero, que se ha traducido además en un proyecto ecocida desde 2016 cuando se aprobó desde Miraflores la actividad minera, denunciada por los pobladores, por organizaciones ambientalistas y rechazada por la Asamblea Nacional que dirige el presidente interino Juan Guaidó, por ser ilegal y perjudicial.

A mediados del año pasado, Maduro anunció el Plan de Minería 2019-2025 para posicionar las fortalezas y potencialidades de la actividad minera «como eje impulsor» de la economía del país y como alternativa a las reducidas entradas económicas del mercado petrolero. Para entonces, el líder chavista hablaba de que Venezuela tenía que convertirse en una potencia minera con su nocivo proyecto al cual definía paradójicamente como ecológico. El plan tiene como finalidad generar una entrada de 33.000 millones de euros, gracias a la exploración y explotación de 13 minerales, entre ellos el oro, diamante, bauxita, hierro, níquel, feldespato y fosfato, con alianzas de empresas nacionales e internacionales.

El Arco Minero contempla una zona de 111.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 12,2% del territorio venezolano, mayor a la superficie de Portugal. Según el régimen venezolano, solo en oro se podrían extraer 2.236 toneladas que representa unos 94 mil millones de euros. El país es la quinta reserva de oro en el mundo, y Maduro aspira que llegue al primer lugar.

 

 

Maduro dijo en junio de 2019 que con ese dinero se invertirá en la educación, en la salud, alimentación, construcción de viviendas y servicios del pueblo; pero Guaidó denunció el martes pasado que el chavismo usa la minería ilegal para financiar el régimen, mientras está en bancarrota y al que muchos países les han dado la espalda, principalmente Estados Unidos, que recién denunció que desde Caracas se opera una red de narcotráfico.

Un grupo de personas extraen ilegalmente oro en el Estado Bolívar

Un grupo de personas extraen ilegalmente oro en el Estado Bolívar - Reuters

«La mina es muerte»

El régimen ha girado la válvula permitiendo el crimen en la zona. Que haya declarado aptos los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruarí, Cuyuní y Caroní significa que la violencia seguirá reinando, porque el Arco Minero del Orinoco, además de haberse convertido en el epicentro de la destrucción ambiental, ha servido para que los «sindicatos» (mafias) se instalen a sus anchas en el estado Bolívar donde también han tenido amplia participación y control los grupos guerrilleros como el ELN, amparados por las Fuerzas Armadas venezolanas. El régimen por su parte solo se ha limitado a decir que la actividad «es sustentable, conserva la diversidad ambiental y respeta a las comunidades indígenas que hacen vida en estas zonas».

Los pavorosos daños que ha ocasionado el Arco Minero a la región han sido denunciados y también fotografiados por la periodista Arianna Arteaga, quien ha impulsado el turismo venezolano junto a su madre, la periodista y viajera, Valentina Quintero. «Lo más doloroso de ver esto desde el aire y registrarlo, es haber conocido todos estos lugares cuando eran prístinos, magníficos, cuando eran puro potencial para la visita amable, respetuosa de la naturaleza. Saber que han muerto entre las fauces de la mina, quién sabe cuántos pemones que alguna vez vivieron plenamente con el trabajo que daba el turismo. Esto no es solo un ecocidio, esto es un crimen social, cultural y un duro golpe a los derechos humanos no solo de los indígenas de la zona, también de todos los venezolanos y de la humanidad entera. Si el agua es vida, la mina es muerte», respondió Arteaga a ABC.

La diputada María Gabriela Hernández del Castillo, presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional aseguró a ABC que el dragado en los ríos implica «contaminar con mercurio, y otros que podemos estar desconociendo, pero el mercurio es veneno para la vida, y significa contaminar las aguas y toda especie viviente alrededor. De todas las actividades depredadoras que ha autorizado el Gobierno en parques nacionales esta es la más dañina porque afecta directamente los cauces de seis ríos importantísimos de la región».

 

El ecocidio provoca, además del envenenamiento de las aguas, «la deforestación y el convertimiento de los ríos en desiertos. Esto ocasiona también el desvío de los cauces que pueden ocasionar desbordamientos e inundaciones, e incluso la inutilidad de la represa del Guri (hidroeléctrica más grande del país) que proporciona el 70% de la energía a Venezuela», explicó Hernández. La actividad minera patrocinada por el chavismo ha afectado igualmente a las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Sanema, Yanomami y Jivi que pueblan sus riberas, consumen sus peces y beben sus aguas.


Activistas a Reuters: Actividad minera en el sur del país puede aumentar casos de covid-19

Noticiero Digital

La medida de Venezuela para permitir la extracción de oro y diamantes en seis ríos en su región amazónica puede aumentar el daño ambiental y al mismo tiempo alentar la propagación del covid-19, según activistas y legisladores.

“Hay una relación directa entre minería y el crecimiento de algunas epidemias como el paludismo, el sarampión y otras, así que en el contexto del coronavirus la actividad minera en estos ríos puede generar un ambiente propicio para el contagio con esta pandemia”, dijo Luis Bello, del Grupo de Trabajo Socioambiental Amazónico de WatanibaReuters.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro levantó a principios de abril una antigua prohibición de actividades mineras en esos ríos, alejándose de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, que condenó el decreto gubernamental la semana pasada.

Aunque tal minería ya ocurre ilegalmente, los críticos dicen que levantar las restricciones alentará una mayor minería, que durante años ha sido un semillero de enfermedades infecciosas, mientras el país trata de evitar la propagación del COVID-19.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios. Los ríos cruzan el llamado Arco Minero del Orinoco, creado por el gobierno en 2016, un área de más de 111.000 kilómetros cuadrados en la Amazonía venezolana.

Desde entonces el gobierno de Maduro ha apoyado la minería artesanal en esa zona para generar ingresos en medio de la crisis económica, un esfuerzo que se ha expandido a medida que Washington aumentó las sanciones que buscan forzar al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela a abandonar el poder.

La iniciativa minera en los seis ríos ha sido criticada por activistas ambientales y grupos de derechos humanos por contaminar las cuencas con mercurio, alimentar masacres mientras las pandillas luchan por el control del territorio y servir como caldo de cultivo para la enfermedad.

La resolución oficial autoriza la minería en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní.

“Con ese decreto van a devastar las aguas, suelos y aires”, dijo la legisladora de oposición, María Gabriela Hernández, jefa de la comisión de medio ambiente del parlamento.

“El mercurio que usan produce un grave daño a los seres humanos, principalmente a los propios mineros y comunidades de las zonas cercanas”, agregó.

La nueva medida reitera una prohibición existente sobre el uso de mercurio, pero los activistas dicen que la minería artesanal normalmente ignora tales regulaciones.

Nueve etnias indígenas habitan cerca del curso de los ríos incluidos en la resolución oficial: eñepá, jodi, yekwana, sanema, kariña, arawaco, pemon, jivi y akawayo, que suman en el estado Bolívar, al sur del país, una población de 47.642 personas, según el último censo oficial que data 2011.

El gobierno ha reportado más de 300 casos y 10 muertes por el nuevo coronavirus, pero hasta ahora no ha habido informes de contagio entre esas etnias.

“Esta medida aumenta la presión sobre esas comunidades indígenas que están en condiciones precarias por situaciones económicas, la malaria e, incluso, por la posibilidad de que entre el COVID-19. Están generando una presión mayor para que dejen su cultura y se vayan a la minería”, dijo Alejandro Álvarez, coordinador del grupo no gubernamental Coalición Clima 21.

La violenta caída de los precios mundiales del petróleo “va a aumentar la presión para seguir extrayendo oro, diamante y coltán y eso va a ser muy duro para las comunidades indígenas, criollas y el resto de los venezolanos”, agregó.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews