PATRICIO ELEISEGUI
Normalizado el anunció de intervención de Vicentin, el presidente Alberto Fernández expuso el rol clave que desempeñará YPF en el funcionamiento de la agroexportadora con vistas a la inminente expropiación. Tras designar a Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura en el gobierno de Cristina Fernández, justamente como flamante interventor con funciones a desempeñar a partir del martes, el primer mandatario expuso que la compañía a rescatar operará de manera unificada con la división Agro SA de la petrolera con participación estatal.
Mediante esa maniobra, el oficialismo apunta a garantizar la continuidad de la compañía desde la perspectiva de afrontar con otro oxígeno la negociación y posterior pago de deudas a productores y la negociación con los bancos acreedores.
La unión Vicentin-YPF Agro también tendrá como objetivo incrementar la producción agrícola para aumentar el caudal de exportaciones. En la pauta de trabajo a futuro también se contempla una apuesta intensiva por la biotecnología.
"Todos los activos de Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario. Y la gestión de ese fondo se la encomendaremos a YPF Agro", afirmó el Presidente Fernández.
"Buscamos así que una compañía de capitales mixtos pueda hacerse cargo de la gestión futura de esta empresa. En la ley de expropiación vamos a declarar a la compañía de utilidad pública en tanto se dedica a la producción de alimentos. Queremos darles tranquilidad a los trabajadores", añadió.
El Presidente remarcó que la intervención de YPF Agro SA en el funcionamiento de Vicentin tras la futura expropiación será clave para "la generación de alimentos en una etapa post pandemia".
Siempre en el marco de una conferencia de prensa, Fernández expuso que la intervención del Grupo Vicentin busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF" y añadió que, si surgiera evidencia de defraudación al Estado durante la administración anterior, se harán las denuncias pertinentes ante la Justicia.
"Quiero darles tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en su puesto de trabajo y a los 2.600 productores que podrán seguir operando y vendiendo sus granos a través de ella", concluyó.
Vicentin, que integra el ranking de las diez agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de 1.350 millones de dólares, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.
Las medidas dispuestas por Fernández responden a la elevada deuda que la agroexportadora tiene con el Banco Nación y el Bice.
Por medio de un decreto de necesidad y urgencia, Fernández dispuso la intervención del grupo Vicentin. Además, confirmó el envío al Congreso de una ley para la expropiación. El presidente presentó estas medidas como "un rescate" de la empresa.
Por su parte, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, enfatizó la idea del rescate debido al "rol central que la empresa tiene en el mercado agropecuario". Y agregó que la expropiación para garantizar la continuidad de la compañía se realiza en favor de los acreedores y productores que dependen de Vicentin.
Además de la abultada deuda con el Banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados y es el punto central de un entramado agroindustrial que afecta a un universo de productores, proveedores y otras pequeñas empresas.
La decisión del Ejecutivo fue en cierta medida anticipada la semana pasada por un "pedido" de convertir a Vicentin en "empresa pública" realizado por dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo.
También puede verse como un coletazo del llamado "plan Vallejos", proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que causó revuelo con la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica en el medio de la crisis del coronavirus.
Ámbito
Todos los medios son buenos cuando son eficaces. Si bien la frase le pertenece a Sartre, el presidente Alberto Fernández ayer le dio forma a una idea que, de prosperar, será eficaz en conseguir varios objetivos con los que el mandatario llegó al poder. Uno de ellos, el rol del Estado como vector no sólo de crecimiento, sino de desarrollo.
Ámbito accedió a la hoja de ruta oficial que busca hacer de YPF Agro la mayor empresa del sector agroexportador. Realizado el anuncio de la intervención que deberá pasar por el Congreso, los ojos del mundo pasaron de la firma agroexportadora Vicentin -que será expropiada- a los de la nave insignia estatal argentina, YPF, una empresa de capital mixto. Será la petrolera (que tiene una unidad de negocio Agro) la encargada de gestionar los activos de Vicentin. En rigor, hay, en el anuncio, un doble movimiento.
Por un lado, el Gobierno clausura la posibilidad de que avance el deterioro financiero de la empresa santafecina, ubicada entre las diez agroexportadoras más importantes del país, que entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de 1.350 millones de dólares, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública
Por otro, y lo que es más relevante, se canaliza y condensa gran parte de la concepción económica que profesa la Casa Rosada para los tiempos venideros, esto es, una apuesta a lograr un impacto positivo en términos de actividad económica, una mayor productividad agrícola, apuntalar el volumen de exportaciones, mantenerse en un rol protagónico en el mercado de los alimentos y, a la vez, habilitar un reaseguro en términos de ingreso de dólares al país.
El directorio de YPF se reunirá hoy para tratar este único punto. Pero la información a la que accedió Ámbito permite ir más allá. El Gobierno quiere que YPF Agro sea, de ahora en más, no sólo un actor fundamental en el mercado agroexportador, sino también una firma de capital estatal mayoritario. Una vez expropiados los activos, éstos serán aportados por el Estado a la constitución de YPF Agro S.A. mientras que los bienes no expropiados irían a un fideicomiso para la masa de acreedores del concurso. Por otro lado, YPF formará la nueva sociedad con todos los activos de su división Agro. En última instancia, en el Gobierno apuntan a crear, incluso, una nueva empresa de alimentos, que reemplazará a YPF Agro S.A. y que tendrá rol protagónico en ese mercado.
Las cifras son elocuentes. Se piensa que la sumatoria de ventas resultantes entre Vicentin e YPF Agro rondará las 10 millones de toneladas. A la vez, permitirá mantener la fuente de trabajo a 1.300 personas. Fuentes ligadas al Ministerio de Producción señalaron también que el proyecto no sólo permitirá recuperar la deuda estatal, habrá también un resguardo del patrimonio productivo, asistencia a productores regionales y expectativa de un crecimiento en las ventas.
Como se dijo, no escapa tampoco a algunos efectos financieros. Se estima que la flamante empresa aportará divisas “sin especular con la liquidación” y que, en los hechos, se constituirá como el mayor actor financiero del sector. A la vez, las fuentes sostienen que se podrán evitar acopios especulativos. En este sentido señalan que a mayo de 2020 había 20 millones de toneladas equivalentes u$s4300 millones sin vender. A esto añaden que en la Casa Rosada ven con buenos ojos la posibilidad de quitarle el rol protagónico que hoy tienen las empresas trasnacionales en el sector. La mayor parte de los principales exportadores son firmas multinacionales o trasnacionales. Esto se traduce en una cuestión relevante que fue dicha anteriormente: los cálculos hacen pensar que la empresa podría participar con el 40% del mercado agroexportador, lo que la transformaría en una de las principales.
El presidente Fernández anunció que Roberto Gabriel Delgado será el nuevo interventor de Vicentin. Licenciado en Economía Agropecuaria y doctor en Finanzas, Delgado fue, entre 2013 y 2015, durante el último mandato de Cristina Fernández, secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. Desde 2016 hasta la actualidad cumplió el rol de director del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP) del Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario (INTA).
