JORGE LIOTTI
El futuro de Vicentin empezó a rotar definitivamente hace diez días. Era jueves y a Cristina Kirchner le había llegado un dato que la exaltó. José Luis Manzano estaba trabajando en una propuesta con acreedores extranjeros para pasar a controlar la empresa. En paralelo, Roberto Dromi buscaba armar una sociedad nacional mixta
Su idea era reunir al gobierno nacional y a la provincia de Santa Fe, con aporte de capitales privados, una iniciativa que acercó al Banco Nación. Semejante déjà vu noventoso fue demasiado para la paciencia de la vicepresidenta, que esa misma noche comió con Alberto Fernández para dejar en claro que había que avanzar rápidamente hacia la expropiación de la compañía. El propio Presidente lo recordó a su modo en una entrevista: "Cristina cenó conmigo el jueves. Le dije: 'El fin de semana voy a hacer esto', y ahí coincidimos en la mirada". Encantadora coincidencia.
Alberto Fernández dio en la intimidad una versión más elaborada: "Nos adelantamos con el anuncio porque unos días antes se había creado un comité de acreedores extranjeros, que evaluaban recurrir al mecanismo de cram down (acción preventiva para evitar el quiebre de empresas). Tenían el 40% de las acreencias y estaban cerca de la mayoría, además de contar con financiación de entidades internacionales".
Hay un dato fáctico que actuó como indicador del cambio de rumbo que se produjo a partir de entonces. El ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, venía trabajando con su par nacional, Matías Kulfas, en busca de una solución para reparar la desastrosa situación financiera de la agroexportadora, jaqueada por un pésimo manejo dirigencial. Hablaban casi a diario para elaborar una alternativa de rescate. El viernes, horas después de la cena entre Cristina y Alberto, Kulfas no le atendió más el teléfono. Una señal inequívoca de que se había terminado la opción del salvataje consensuado y se había pasado a la fase de expropiación forzosa. El gobernador Omar Perotti no tendría más noticias del tema hasta el lunes en que se anunció la decisión en conferencia de prensa.
Pero el efecto de la presentación de la medida no solo fue negativo para el mandatario santafesino, que desde hacía meses intentaba una salida negociada. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, desconocía el movimiento, al igual que Martín Guzmán, de Economía, que estaba en su despacho cerrando su última propuesta a los bonistas, que incluía un "endulzante" atado a las exportaciones, y no podía creer cómo su gobierno le complicaba la negociación en el momento crucial. Muy pocos en el gabinete conocían de antemano la decisión.
Por el contrario, apareció en el anuncio la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, quien fue implantada en la escena solamente como expresión cristinista. A ella le habían pedido días antes juntarse con Kulfas para elaborar el proyecto de expropiación, aunque no tenía antecedentes en la materia.
El episodio Vicentin es un caso testigo para el Gobierno por dos razones. La primera de ellas es operativa, porque exhibe la irrefrenable dinámica que le imprime la determinación de Cristina Kirchner al proceso de toma de decisiones. Cuando ella está resuelta, un rayo fulminante electriza los circuitos y todas las alternativas se vuelven aleatorias. El Gobierno venía trabajando en el caso de la agroexportadora santafesina desde principio de año. Era una preocupación real que tenía Alberto Fernández, a partir del planteo de Perotti, quien no solo temía por el futuro de la compañía, sino que también recibía las demandas de los acopiadores de granos que no cobraban. El Presidente llegó a consultar a especialistas externos sobre posibles soluciones y dio señales de apoyar una opción más elaborada para asociar a la empresa con los productores e YPF. Uno de ellos fue Martín Redrado, quien hace un par de meses le recomendó armar un esquema con bancos públicos y privados que, a partir de canjear deuda por capital, se transformaran en accionistas con un management profesional, sanearan la empresa y la vendieran.
El economista incluso volvió a atender una llamada hace tres días de Sergio Massa (otro de los sorprendidos por la conferencia de prensa, que ahora deberá juntar votos para aprobar la expropiación), cuando el diputado aún creía que había margen para explorar alternativas. La propia empresa venía trabajando en un plan propio que contemplaba la intervención de YPF Agro, una idea que llegaron a compartir con Kulfas. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, entonces operaba intensamente para garantizar pagos de salarios y evitar despidos. Todo voló por el aire cuando Cristina sospechó que había un movimiento de acreedores externos para quedarse con el control de la empresa. La hipótesis de una extranjerización del mercado de granos le resultó intolerable.
Algo similar ocurrió cuando desbancó a Alejandro Vanoli de la Anses al enterarse de que había mandado a una funcionaria de segundo rango a la reunión de directorio de Telecom. Lo eyectó del cargo, paró en seco la idea de nombrar a Juanchi Zabaleta, hombre de Alberto, y puso allí a Fernanda Raverta. Esta semana se repitió la secuencia: le frenó a Marcela Losardo el ascenso de Emiliano Blanco en el Servicio Penitenciario e impuso a María Laura Garrigós de Rébori, de Justicia Legítima. La ministra de Justicia puso cara de circunstancia, le tomó juramento y pronunció unas palabras emotivas: "Vamos a trabajar estrechamente con Garrigós para lograr los objetivos de nuestro gobierno".
El debate sobre quién toma las decisiones se volvió irrelevante desde el momento en el que Alberto bendijo la santísima dualidad y dijo que él y Cristina eran "lo mismo". Un ejemplo: él trabajó la reforma judicial largos meses con Losardo y Vilma Ibarra. Después la vicepresidenta intervino y puso a su propio abogado, Carlos Beraldi, a redefinir objetivos para permitir al Gobierno nombrar futuros jueces. ¿De quién va a ser el proyecto cuando se presente finalmente?
En el caso Vicentin todas las señales dan cuenta de que Fernández trabajaba en opciones amigables para salvar a la empresa, pero terminó anunciando una expropiación. Apareció allí la estela de la influencer del Instituto Patria. Cuando se dio cuenta de la brusquedad del giro, el Presidente volvió al modo Alberto y aceptó el pedido de Perotti para recibir a los dueños de la compañía. Cuando el gobernador salió del encuentro y habló de que había disposición para evaluar "alternativas" distintas a la expropiación, el Presidente se preocupó de obturar cualquier revisión. Solo se cuidó de hacerlo a su modo.
Un comentario que hizo a su entorno grafica la importancia que le da a la estética: "Cuando Cristina estatizó YPF rodearon Puerto Madero con la Prefectura y la Gendarmería y los echaron a patadas. Ahora nosotros fuimos con los interventores a Vicentin y no los dejaron ingresar. Me preguntaron si recurríamos a la fuerza pública y dije que no. Tardamos todo un día en entrar. No hubo ni una cerradura rota. No fue un acto de prepotencia". Inspirados en la frase que inmortalizó el general prusiano Carl von Clausewitz ("la guerra es la continuación de la política por otros medios"), bien podría decirse que Alberto es la continuación del kirchnerismo por otros medios.
El segundo motivo por el cual Vicentin compone un caso testigo es conceptual. La expropiación de una empresa de esa magnitud define la identidad del Gobierno de un modo nítido. Si hasta ahora había debates sobre la hoja de ruta de la gestión, o sobre el grado de moderación o ideologización de sus medidas, esta semana se produjo una señal muy clara. Probablemente el mejor termómetro haya sido el regreso de la vieja guardia de 2002. Roberto Lavagna hizo público su desacuerdo al percibir el efecto negativo que tendría la medida sobre las expectativas del sector privado y sobre la renegociación de la deuda. Sintió algo de desazón porque había almorzado días antes con el Presidente para hablar de esos temas. Eduardo Duhalde se entusiasmó con un acuerdo alternativo, pero la realidad lo desilusionó. Creyeron que podrían ayudar.
También el interior agropecuario encendió las luces de alerta, y dejó a varios gobernadores incómodos. Perotti, un hombre muy identificado con los gringos del campo, fue el primero de todos. Lo mismo les pasó al cordobés Juan Schiaretti y al entrerriano Gustavo Bordet. El empresariado también quedó desconcertado tras haber comido con Alberto Fernández una semana antes y haber escuchado un mensaje de apoyo al sector privado. La agitada reunión de la UIA del último martes fue una evidencia de la confusión interna.
Alberto Fernández se cansó de repetir que la decisión de expropiar es una medida "excepcional", como si no supiera que detrás suyo siempre sobrevuela el fantasma del pasado. Cuando él habla de Vicentin muchos recuerdan el Correo Argentino, AySA, YPF y Aerolíneas. Cuando él se refiere a la "soberanía alimentaria" resuenan antiguos lemas como la "soberanía energética" o la "soberanía productiva". Si el Presidente sigue teniendo tantas dificultades para resignificar su gobierno con una identidad propia y queda sometido a una comparación constante con la etapa anterior, se expone a un riesgoso desgaste anticipado.
