MARIO NEGRI*

Mientras Argentina necesita definir un modelo exportador, el Gobierno nacional da señales concretas de avanzar hacia un modelo expropiador. Por medio de un DNU, cuyos pretendidos fundamentos hay que buscarlos en una ley de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, intenta apropiarse de una de las más importantes cerealeras del país.

Digo esto porque más allá de afirmar que se trata de una situación excepcional fundada en la difícil situación de la empresa, los argumentos con los que el kirchnerismo intenta justificar la decisión son variados, contradictorios y, por lo tanto, difíciles de sostener. Seguramente, el que más desplegarán públicamente será “evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos”.

Si bien podría aparecer razonable a primera vista, no es éste el caso concreto ni la expropiación el instrumento correcto. Tratándose de una empresa en concurso sometida a la jurisdicción y al control de un tribunal de justicia y siendo un banco estatal el mayor acreedor, el derecho sobre su crédito debe ser invocado en el marco de ese proceso judicial porque así lo mandan la Ley de Concursos y Quiebras y la propia Constitución Nacional y el Gobierno es el principal obligado a cumplirlas.

Además, si ese fuera el verdadero fundamento, existen otros mecanismos para resolverlo, ya cualquier hipotética venta estará sujeta a la aprobación previa de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Fundamento menos épico, pero más legal.

Sostienen que la expropiación “permitirá tener una empresa testigo, no sólo en el sector agroindustrial para el mercado interno, sino también en el de divisas” Desconocer que el mercado de granos es extremadamente competitivo y que los precios se definen en los mercados internacionales denota una alarmante improvisación. No hay ninguna posibilidad de que una empresa, sea privada o estatal, pueda influir en ellos. Afirmarlo y sostenerlo es otra manifestación de desconocimiento sobre el funcionamiento de la actividad. Decir lo contrario es sólo un discurso para abonar un relato.

No parece sensato sostener que si una empresa cerealera es “nacionalizada” podrá modificar significativamente los precios que eventualmente pague a los productores. Por ejemplo, si quisiera pagar por debajo del precio de mercado, los productores venderían su cosecha a otros acopiadores y exportadores. Y si quisiera pagarles más para beneficiarlos y ganar así una porción mayor del mercado, sólo agravaría su situación. El Gobierno tiene una herramienta más efectiva para influir sobre los precios locales de los productos de exportación y que ya está utilizando: las retenciones.

Tampoco se entiende cómo siendo estatal podría influir sobre la cotización y flujo de divisas: el momento de concretar las exportaciones se decide en función del ciclo productivo y de la situación del mercado. Y los plazos de liquidación de divisas son fijados por el BCRA, único organismo autorizado para hacerlo. Salvo que, en post de la “soberanía alimentaria” estén pensando en obligar a los productores a venderles, todo o un cupo. Eso ya se hizo y el resultado fue catastrófico para el campo y para el país.

Otra de las explicaciones intentadas es que se la declarará de “utilidad pública por ser productora de alimentos. Con ese argumento, todas las productoras de alimentos podrían ser declaradas de utilidad pública y expropiarse. Eso es falso, porque se trata de una comercializadora de granos y productora de algunos alimentos que no se consumen en el mercado local. La producción de alimentos está básicamente concentrada en aceites y subproductos de soja, algodón y girasol. En el aceite de girasol la empresa podría tener una influencia en el precio al consumidor, pero en el caso que tuviera una conducta monopólica ya existe un instrumento para corregirlo y que no es la expropiación: la ley de defensa de la competencia. Incluso si la expropiación se extendiera a todas las empresas del grupo, las posibilidades de influencia sobre la producción y los precios se extenderían a vinos, carne y miel, en proporciones tan irrelevantes que difícilmente puedan tener una influencia significativa.

Han manifestado que “se torna imperioso continuar en el desarrollo de estrategias sólidas y contundentes que puedan terminar con las inequidades en nuestro suelo; conquistando soberanía alimentaria”.

¿Esta frase anticipa la verdadera intención? ¿La estrategia de las expropiaciones se extendería a otras empresas, sugiriendo quizás algún tipo de redistribución de tierras que hoy no estén en producción, como ya lo han expresado algunos integrantes de la coalición de Gobierno? Se puede inferir que sí, que aún si tales tierras fueran productivas se podrían expropiar alegando razones de utilidad pública. Ambos conceptos son disparatados. En Argentina funciona adecuadamente el mercado de tierras y los propietarios pagan los correspondientes impuestos, como el inmobiliario rural, bienes personales e impuesto a las ganancias. En cuanto a la aludida soberanía, el Gobierno no puede ignorar que existe una ley que limita la posesión de tierras en manos de extranjeros: es una norma vigente, reglamentada y en aplicación. Afirmaciones de este tipo generan fundados temores de un avance sobre la propiedad privada.

Finalmente, invocan que se trata de “un paso fundamental para comenzar a poner a la Argentina de pie”.

El mercado agroindustrial es uno de los más desarrollados y competitivos del país. No hay ninguna justificación para la participación del estado en la producción de alimentos. Y si eventualmente hubiera conductas poco competitivas, insisto: el instrumento para corregirlo es la ley de defensa de la competencia. El Estado no tiene ni la experiencia ni la competencia en la gestión de este tipo de empresas. El aprendizaje será costoso para los argentinos, que son los que terminarán pagándolo con más impuestos.

Son muchas las tareas imprescindibles para poner a la Argentina de pie. Entre ellas, que el agro y la agroindustria expandan su producción y las exportaciones. La intención de apropiarse de una empresa comercializadora de cereales va exactamente en el camino opuesto. Quienes la proponen deben recordar que no estamos solos en el mundo, que hay otros países que disputan porciones del mercado con nuestras exportaciones. Una acción errónea como la que propone el Gobierno no hace más que favorecer a la competencia. Es el mejor camino para perder exportaciones y divisas. No se puede razonar como si el mundo estuviera pendiente de las ocurrencias de un sector del Gobierno.

Además, ya tenemos pruebas sobradas que las “nacionalizaciones soberanas” del kirchnerismo no ha dado los resultados que prometieron al momento de concretarlas. El caso de YPF es más emblemático: nos dijeron que “no le costaría” nada a los argentinos y se terminaron pagando U$S 9.000 millones, además de importantes pasivos contingentes para el Estado Nacional por otros juicios pendientes de resolución.

Aquí se repite la historia. Porque más allá de la manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad de la pretendida decisión, corremos el riesgo cierto que los accionistas y dueños de la empresa obtengan un resarcimiento económico dentro de unos años a través de otro juicio contra el Estado y que, como pasó hace poco, lo terminarán pagando todos los argentinos, principalmente los pobres.

Por último, y para que nadie se confunda, dejo sentada mi postura de que las eventuales responsabilidades que pudieran surgir del trámite del proceso concursal de la empresa en cuestión, tanto de los funcionarios de la compañía como del estado, deben ser valoradas y juzgadas por la justicia y no por el Gobierno. Porque en Argentina, hasta ahora, rigen la Constitución Nacional y la división de los poderes.

Y así seguirá siendo.

*Diputado nacional (UCR), presidente del Interbloque Juntos por el Cambio.