Jaime Rosemberg y Diego Cabot

La mañana empezará distinta en la localidad santafesina de Avellaneda. Después de la resolución del juez Fabián Lorenzini y de la fuerte movilización del sábado, el Gobierno dejó de lado, al menos por ahora, el proyecto de expropiación de Vicentin. Apostará por la alternativa de intervención que presentó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Le tocará al magistrado decidir.

Mientras tanto, cuando se abran las puertas de la cerealera Vicentin, los ejecutivos de la compañía retomarán el control de la empresa.

Serán las primeras horas hábiles en las que empezará a causar efecto la resolución del viernes pasado, cuando el juez decidió retrotraer las cosas y colocar al interventor designado por el Poder Ejecutivo en el mero lugar de veedor.

"La propuesta que trajo Perotti es la primer hipótesis de trabajo que tenemos; una política de rescate de una empresa que se fundió con el macrismo. Los que vinieron a pedir el rescate fueron los dueños, que ya empezaban en diciembre a tener conversaciones con funcionarios del gobierno", dijo el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones radiales.

La nueva propuesta fue presentada en la mañana del viernes, según consta en el registro electrónico del juzgado. El proyecto supone la conformación de una intervención tripartita para manejar la compañía, en reemplazo de la actual conducción de los accionistas. Ese cuerpo, que debería ser autorizado por el juez, estará conformado por dos representantes del Estado nacional (que en principio serían los dos interventores designados) y un tercero propuesto por la gobernación de la provincia de Santa Fe.

Desde el Gobierno se mostraron dispuestos a dialogar con el sector, pero descartaron que eso incluya la aceptación del regreso de la familia Vicentin al control de la empresa. "Siempre que lo propusieron hubo diálogo", afirmaron a LA NACION cerca del Presidente, y recordaron que Fernández recibió a los "actuales directivos".

"La única propuesta que trajeron fue que interviniera el Estado a través de YPF Agro, ellos mismos dijeron que no podían seguir al mando de la empresa porque habían perdido la confianza de los productores", destacó una altísima fuente oficial.

Aún molestos por el acto del sábado, desde Balcarce 50 afirmaron que "el señor (.) [Vicentin] que hicieron hablar en el acto hace 12 años que no tiene responsabilidad en el manejo de la empresa". Y volvieron a atacar a la cerealera por las deudas con acreedores locales e internacionales. "El Estado no puede asociarse con empresarios que están denunciados en la Justicia y en el extranjero de maniobras de lavado y subfacturación", afirmaron. ¿Y el ingreso de empresas privadas? "Imposible no es. El Gobierno está dispuesto a escuchar a todos y que le propongan una alternativa a la expropiación. La propuesta de [Omar] Perotti es superadora", reiteró un funcionario que conoce el pensamiento del Presidente.

Justamente el remedio del gobernador será el eje de lo que venga. Los funcionarios de Santa Fe no creen que la decisión judicial sea inmediata. Esperan que el juez del concurso se tome un tiempo. En ese interregno, reconocen, la decisión que está firme es la del viernes y la conducción está en manos de los dueños.

"Nosotros volvemos", dijo este fin de semana uno de los socios de la empresa que tiene su sede en Avellaneda. De hecho, durante el fin de semana, los accionistas desinfectaron todas las oficinas. "El interventor vino desde Buenos Aires", explicaron en la compañía.

Ayer, el Presidente recibió a Gabriel Delgado, exinterventor actual veedor. Tras ese encuentro, Delgado escribió en Twitter: "Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del Gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar".

Empezará, otra vez, una disputa jurídica. Las partes creen que Lorenzini, antes de decidir, le correrá traslado a la empresa. En Vicentin se prepararon para rechazar el tardío remedio santafesino.

Según lo que se desprende del escrito, la propuesta es más polémica que la expropiación. Quienes dedicaron el fin de semana a estudiar el escrito dicen que al menos aquella decisión contemplaba la indemnización. "Con esa ley, si bien no se puede rechazar en caso de que el interés público esté fundado, se puede discutir el precio. Pero esto que presentó Perotti es mucho peor. Un organismo burocrático pide la intervención de una compañía solo porque no le gusta la gestión. Sin plazo y sin representación de los dueños. Es una barbaridad", explicaron cerca de los ejecutivos de la compañía.

Las principales críticas al proyecto de intervención apuntan a la legitimación activa, es decir, a quién pide la intervención. El gobierno de la provincia lo hizo a través de la Dirección de Personas Jurídicas. El organismo tiene capacidad como para controlar la parte registral de la vida de una persona jurídica. Pero no es tan claro que pueda intervenir sobre meras cuestiones comerciales.

El juez Lorenzini será el encargado de resolver la cuestión. Es el primer triunfo: lograr que todo se dirima en el marco del concurso preventivo. Nadie conoce cuál será su decisión, pero en su caso, si acepta el remedio provincial, deberá reescribir varios de sus argumentos con los que sorprendió el viernes pasado.

Con la colaboración de Fernando Bertello

Los créditos del Banco Nación crecían al ritmo de la empresa

DIEGO CABOT

No hay bares ni cafés abiertos, al menos en el área metropolitana. Pero si los hubiese, la línea de crédito que el Banco Nación tiene, o tuvo, con la cerealera Vicentin se habría convertido en comidilla de comensales.

Desde la retórica de barricada hasta los argumentos presidenciales a la hora de justificar la expropiación la deuda con la banca pública se convirtió en tema central. Ahora bien, si se miran los números de la compañía surge que el famoso crédito aumentó al ritmo que la empresa crecía. No hubo, al menos desde los asientos contables, un apalancamiento desmesurado en el Banco Nación. Más bien, se mantuvo relativamente estable mientras la relación de negocios entre Vicentin y la entidad bancaria florecía de la mano de los dólares de la exportación.

La Argentina de la mirada bifurcada y antagónica sobre los mismos hechos bien podría aplicarse a este polémico caso. Total, si hasta los números, las sumas y las restas parecen no tener el mismo resultado en la Argentina de la grieta.

Bien podría decirse en 2002 Vicentin tenía un crédito con el Banco Nación de US$30 millones y cuando Mauricio Macri dejó la presidencia esa línea de crédito era de 300 millones. No le faltará razón a quien diga que se multiplicó por 10. No debería haber discusiones al plantear que 30 multiplicado por 10 da 300. Pero del otro lado podrían contestarte que entonces la compañía con sede en Avellaneda facturaba US$567 millones y que el año pasado las ventas totales de la cerealera llegaron a US$4225 millones.

Una forma de entender estos números y de encontrar puntos medios sea mencionar que en 2002 el famoso crédito representaba el 5% de las ventas y que en diciembre pasado ese porcentaje llegaba a 7%.

Otro indicador es el porcentaje del crédito del Banco Nación en el total de la deuda de Vicentin. En 2002 13 de cada 100 dólares que debía la cerealera era con el principal banco público argentino; en 2019, ese porcentaje es de 20,69%.

Pero claro, alguien podrá decir que la comparación está hecha con un país muy distinto y que fue la administración de Macri la que le entregó beneficios desmesurados a la empresa santafesina. Pues si se trae el mojón a 2015, último año de presidencia de Cristina Kirchner, el crédito que ahora es de US$300 millones era de 150 millones y representaba el 5% de la facturación, 2% menos que al finalizar el gobierno de Macri. Otro punto a comparar, cuando la ahora vicepresidenta se fue de Balcarce 50, por cada 100 dólares que debía la empresa, 16,52 se los debía pagar al Banco Central; en diciembre pasado, ese monto, como se dijo, era de 20,69. El resto era con bancos internacionales, entre ellos el Banco Mundial ( a traves de la Confederación Financiera Internacional) y el FMO, una entidad en la que el estado holandés tiene el 51% de las acciones, en consorcio con otros bancos de ese país y de Francia.

De acuerdo al decreto mediante el que se dispuso la intervención y posterior expropiación de la compañía, la deuda financiera asciende a $63.961 millones. De ese monto, algo más de $18.000 corresponden a la línea de crédito que, además tiene una particularidad. A diferencia de todos los bancos internacionales, el Nación tiene privilegios en el concurso. El motivo es simple: tiene una garantía prendaria que lo pone primero en la lista a la hora de cobrar. "Se ha iniciado un sumario administrativo con el fin de investigar si las autoridades del Banco Nación actuaron en infracción a la normativa vigente cuando le permitieron a la empresa Vicentin asumir una deuda millonaria con esa entidad bancaria", dice el decreto de expropiación.

Pero hay algo más que da cuenta de la relación cercada y conveniente de ambas compañías con un negocio que comparten. En 2013, la cerealera liquidó 280 millones de dólares proveniente de las exportaciones en las ventanillas de la entidad. Entonces, representaba el 18% del total de divisas que generaban las ventas al exterior.

Con el tiempo, esa cuenta creció a favor del Banco. En 2015, con Cristina Kirchner el poder, Vicentin arrimó a esa tesorería US$1610 millones (64% del total). Con Macri llegaron los mejores momentos de la relación. El grupo santafesino liquidó en la entidad el 70% del total producido en 2018 y el 68% en 2019, con US$1818 millones. Aquellos dólares prestados rotaban varias veces por año. Pero en las comidillas de café poco importa; cada cual tomará el número que le sirva para confirmar su sesgo.