Entregaron el proyecto de gasoducto para la Línea Sur a legisladores
ADN, Río Negro
Viedma.- En la constitución de la comisión Especial Fondo para Obras de Gas, su presidente Rubén Lauriente (ACD) entregó a los legisladores integrantes del cuerpo legislativo el proyecto para la construcción del gasoducto para la Línea Sur.
El cuerpo parlamentario está integrado, además, por los legisladores Daniel Cortés, Beatriz Contreras, Gabriela Buyayisqui, Patricia Ranea, Carlos Tgmoszka y Ademar Rodríguez.
Participaron de la reunión el subsecretario de Servicios Públicos de la provincia, Fabián del Valle, y el director de Infraestructura, Sebastián Riveros, quienes informaron sobre diferentes recursos que se van incorporando todos los años a obras de gas en distintos localidades de la provincia.
Lauriente se refirió al proyecto del gasoducto como una obra “sumamente importante, porque permitirá dotar de gas natural a las localidades de Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Nahuel Niyeu y Aguada de Guerra, en conjunto con Valcheta y Aguada Cecilio. Es un proyecto muy esperado, muy anhelado por sus habitantes y hace muchísimos años que lo venimos hablando pero no se materializa”.
Explicó que “Valcheta ya tiene gas natural y es punta del gasoducto, pero el diámetro del caño que arranca desde el gasoducto San Martín, que pasa por la ruta 3 hasta Valcheta, es muy pequeño, y como la localidad ha crecido muchísimo, ya tiene problemas de distribución de gas”.
La obra proyectada prevé un gasoducto desde la ruta 3, desde el gasoducto San Martín que va a Buenos Aires, hasta Maquinchao, con diferentes diámetros de cañería. Lauriente consideró que “con esta obra podríamos calefaccionar de otra manera y ahorrar mucha plata, ya que la tarifa del gas de gasoducto es diferente a la de planta, que es hasta cuatro o cinco veces más cara”.
El legislador destacó que ya está hecho el pedido formal al Ministerio de Hacienda de la provincia, y que Obras Públicas ya hizo una incursión en Camuzzi Gas del Sur, pidió el estudio ejecutivo de la obra y determinó el costo del gasoducto que rondaría los 190 millones de pesos.
Los recursos para financiar esta obra provendrían de un fondo fiduciario creado a través de una ley nacional que cuenta con recursos para financiar este tipo de construcciones, y de otro fondo fiduciario para obras de gas creado en 2004 por un decreto de la presidencia de la Nación.
“O sea que los recursos estarían —indicó Lauriente—, y el gobernador Saiz está muy consustanciado con la obra y es quien va a materializar esto porque así se lo ha propuesto y se lo va pedir a la presidenta Fernández de Kirchner en su visita a los Menucos, como una de las obras prioritarias para Río Negro”.
“Hoy hay un proyecto, un expediente en Hacienda, hay una propuesta para su construcción, ya tenemos los costos trabajados por Obras Públicas y Camuzzi, así que tenemos un avance sustancial en este tema”, destacó.
Lauriente destacó la inversión de 2 millones de pesos para la restauración de la planta de gas de Ramos Mexía, entre otros temas tratados.
Indicó que Ramos Mexía va a tener gas, “en principio será gas propano vaporizado a través de planta, y seguramente cuando pase el gasoducto no va a tener problemas en engancharse”, concluyó.
Constitución de otras comisiones
Esta mañana quedaron constituidas también las comisiones de Asuntos Municipales, Parlamento Patagónico, Recursos Hídricos y MERCOSUR.
En la reunión de la comisión de Parlamento Patagónico, su presidenta Magdalena Odarda (ARI) delineó el trabajo a realizar por el cuerpo durante este año y analizó con sus integrantes los temas tentativos a plantear cuando se reúnan los parlamentarios de las distintas provincias patagónicas, entre ellos los problemas del transporte aéreo en Río Negro y el conflicto por los pasos internaciones de Pino Hachado y Cardenal Samoré.
En la comisión especial de Mercosur se dio dictamen favorable al proyecto de declaración presentado por la legisladora Inés Lazzarini (PPRH) que adhiere a la resolución del Parlamento del MERCOSUR, donde se expresa el rechazo a la denominada "Directiva de Retorno" aprobada por la Comunidad de la Unión Europea el 18 de junio del año pasado.
La resolución configura a esta directiva “como una violación a los Derechos Humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional, al criminalizar la condición de los inmigrantes sin documentos, aumentando a dieciocho meses su internación por esta falta y convirtiéndola en ilegítima pena de prisión”.
