La empresa YPF sugiere, en una solicitada que se publica hoy, que LA NACION emplea una "política extorsiva" para obtener publicidad y utiliza su línea editorial para "denigrar a quienes no le son fieles avisadores".
YPF llega a esa conclusión a partir de la publicación del editorial del domingo pasado, titulado "Capitalismo de amigos", y de una carta enviada por el presidente del directorio de LA NACION S.A, Julio Saguier, al vicepresidente de YPF, Enrique Eskenazi, en la cual se manifiesta la inquietud de la sociedad editora del diario por su exclusión de las pautas publicitarias en los medios de comunicación del país por parte de la empresa petrolera.
El 26 de mayo, el presidente del directorio de LA NACION le dirigió una misiva al directivo de YPF en la que pone de manifiesto que, según informaciones oficiosas provenientes de esta empresa, el motivo de la discriminación publicitaria sería el malestar que habría ocasionado entre las autoridades de YPF alguna cobertura periodística relacionada con la petrolera.
El motivo de la carta, según el doctor Saguier, es "consultarlo sobre esta ruptura virtual de una relación inalterable de LA NACION con YPF de muchas décadas" y ponerse a su disposición para las aclaraciones que puedan considerarse oportunas.
En la nota, el presidente del directorio de LA NACION señala: "Nos cuesta imaginar que, a partir de la modificación del cuadro societario de YPF, se haya pasado a considerar la publicidad como una herramienta capaz de condicionar al periodismo en sus informaciones u opiniones sobre la empresa avisadora".
Cabe recordar que, en muchas ocasiones, LA NACION alertó desde sus páginas informativas y desde sus columnas editoriales sobre la utilización de la arbitraria distribución de la publicidad oficial, con el propósito de premiar a medios de comunicación dóciles frente al oficialismo y castigar a los más críticos del Gobierno. Esta práctica ha sido cuestionada por importantes organizaciones internacionales, tales como la OEA, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros sin Fronteras.
Se ha denunciado también desde estas páginas que el gobierno kirchnerista ha presionado a empresas privadas para que no pauten publicidad en medios que no demuestran complacencia con el oficialismo, algo que ocurrió, por ejemplo, tanto con la editorial Perfil como con el diario Crítica .
Una semana después, el 3 de junio, el señor Enrique Eskenazi envió una respuesta, que se publica por separado, en la que manifiesta que "la política" de LA NACION implementada "en los últimos años" ha herido su honor y el de su familia. "Como lector de su diario desde hace más de 50 años, cuyo prestigio de seriedad periodística es indiscutible, no logro entender lo sucedido", expresa el vicepresidente de YPF, quien además puntualiza que "la libertad de prensa está asegurada no sólo cuando los medios de opinión tienen la valentía de resistir las presiones de los que quieren limitarla, sino y es esencial, la obligación moral y responsabilidad de reconocer las inexactitudes que pueden haberse cometido en algunas publicaciones".
El 22 de junio, el doctor Saguier, en una nueva carta dirigida al señor Eskenazi, entre otras consideraciones, expresa que la línea editorial del diario nunca ha pretendido de- sacreditar la larga trayectoria del Grupo Petersen, asociado a la familia Eskenazi, sino que lo que ha puesto en tela de juicio ha sido el significado de su incorporación a YPF.
"En lo que insisto, sí, es que se ha hecho a LA NACION pasible de una política de discriminación publicitaria como consecuencia de haber preservado ella una independencia editorial e informativa de la que se siente orgullosa, a pesar de los costos que eso conlleva en particular en algunos tiempos del país. Y en esto está en juego la libertad de prensa", expresa el presidente del directorio del diario.
Capitalismo de amigos
El domingo pasado, LA NACION publicó un largo editorial titulado "Capitalismo de amigos", que puede leerse en el link http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1283545 , en el cual se señala que "la maquinaria regulatoria y administrativa del Estado está funcionando para que algunos amigos del poder puedan desembarcar en empresas como Telecom, Metrogas o Edesur".
El editorial reitera la estrategia que ha caracterizado al gobierno kirchnerista de asfixiar a ciertas compañías de servicios públicos con congelamientos tarifarios, con el fin de forzar a sus concesionarios o dueños a abandonar esas empresas para que el Estado o grupos afines al Gobierno se apoderen de su control.
La nota de opinión dedica dos párrafos a YPF, en los que se menciona la transferencia de una parte de esta empresa petrolera a Petersen Energía, sociedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz y otros bancos provinciales.
Destaca el editorial que la razón última por la que se había alentado la venta de esos activos a un grupo local fue el incremento de la inversión petrolera, pero sucedió todo lo contrario. Y agrega que "los socios se reparten en dividendos la mayor parte de las utilidades, sobre todo para que el grupo argentino pueda pagar con esos dividendos las acciones que compró".
En la solicitada de YPF que se publica hoy, la empresa considera falsa la afirmación de que su inversión petrolera haya caído y esgrime que el año 2008 fue el de mayor inversión de la última década, con 2150 millones de dólares.
Sin embargo, un análisis de las cifras de la empresa confirma lo apuntado por LA NACION. En 2008 la inversión de YPF fue de 7043 millones de pesos, superior a los 6187 millones de pesos del año anterior, pero mucho más baja en relación con el flujo neto de fondos destinados a actividades operativas. Es decir, en relación con los fondos disponibles, invirtió más en 2007 que en 2008, aunque la cifra sea menor. Por otra parte, en 2009 se verifica una nueva caída de la inversión, que fue de 5603 millones de pesos, tanto en términos absolutos, como en relación con el flujo neto de fondos con respecto a 2007.
La publicación del editorial, cuyo contenido LA NACION ratifica en todos sus términos, motivó la solicitada de YPF en la que se sugiere que el diario aplica una "política extorsiva".
La dificultad que exhibe la cultura política predominante para distinguir la esfera pública de la privada en el orden de los negocios es una de las limitaciones más importantes que encuentra el desarrollo de una economía abierta y competitiva en la Argentina.
En las últimas semanas, el Gobierno ha ofrecido nuevos y más graves ejemplos de esta carencia. La maquinaria regulatoria y administrativa del Estado está funcionando para que algunos amigos del poder puedan desembarcar en empresas como Telecom, Metrogas o Edesur.
En todos los casos se repite un mismo curso de acción con la misma matriz mafiosa. Los funcionarios acorralan de manera arbitraria a accionistas de una determinada empresa, en especial si son extranjeros, para que, al cabo de un tiempo, no encuentren otra salida que desprenderse de su propiedad. Esa forma de operar con graves desvíos de poder deteriora el valor de los activos, allanando todavía más el camino de acceso a los nuevos dueños. El dispositivo por el cual se fuerza la venta puede variar, según la compañía. En el caso de Telecom, por ejemplo, se utilizaron resoluciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de la Secretaría de Comunicaciones, que fueron luego invalidadas por la Justicia. Mientras tanto, de manera informal, desde lo más alto del poder se les fueron "recomendando" a los italianos distintos compradores a los cuales transferir sus acciones.
Para Metrogas se eligió el método de asfixiar a la compañía con un congelamiento en sus ingresos que se prolongó ya más de una década. Durante ese período se pesificaron las tarifas, aumentaron los costos y se aceleró la inflación. Ese cuadro de dificultades impidió a Metrogas hacer frente a sus deudas, lo que le sirvió de excusa al Gobierno para introducirse en ella a través de una vidriosa intervención. Ahora, los funcionarios apadrinan a un par de empresarios amigos para que se queden, a bajo precio, con las acciones de British Gas, una de las dueñas de la empresa. Entre esos candidatos figuraría Electroingeniería, la compañía de Gerardo Luis Ferreyra -ligado desde antaño al secretario legal y técnico, Carlos Zannini-, que ya controla el 50 por ciento de Transener gracias a la presión que, en su momento, ejerció el Poder Ejecutivo sobre Petrobras, la antigua socia de esa transportista de electricidad para que se desprenda de este activo.
Petrobras acaba también de ser forzada a desprenderse de una refinería y una cadena de estaciones de servicios. El factor determinante fueron aquí los precios regulados por el Gobierno. El pase de manos fue a favor de otro mimado del poder, el zar local del juego Cristóbal López, titular de una de las fortunas de crecimiento más vertiginoso en estos años.
En el sector energético es un secreto a voces que encumbrados funcionarios del Ministerio de Planificación están ejerciendo su influencia para que López se quede también con las acciones de Petrobras en la distribuidora de electricidad Edesur, a pesar de que la venta de ese activo se venía negociando desde hace mucho más de un año con otros grupos económicos.
Telecom, Metrogas y Edesur son sólo tres ejemplos de una misma forma de ejercer el poder público para enriquecer a privados. Ese modus operandi se trasladó también a las relaciones con Venezuela, como se está advirtiendo, no sin escándalo, en estos días. Coinciden los métodos y también se repiten los nombres. Electroingeniería es una de las empresas al servicio de las cuales operó y opera la diplomacia paralela bolivariana.
Esta subordinación del sector público al privado está favorecida en la Argentina por una aberración institucional y por un extravío ideológico. La aberración institucional, que esta página editorial no se cansará de denunciar, es la confusión entre Estado y gobierno, gobierno y partido, partido y caudillo. Dicha identificación malsana, que recorre la historia argentina desde antiguo, supone que los ciudadanos que llegan, por elección o por delegación, a ocupar la función pública, pueden apropiarse de la ley y regular la vida de los otros según su capricho. Privatizada la norma, se extienden luego los beneficios de esa privatización a sus amigos o benefactores. Esta deformación, que es la matriz de la corrupción, se soporta en un desvarío conceptual que consiste en entender la propiedad privada como una asignación graciosa del poder público.
Esta visión anida en el subsuelo cultural de buena parte de la sociedad argentina y, sobre todo, de parte de su dirigencia. Para ella la riqueza es un beneficio que concede el caudillo. Los empresarios son, por lo tanto, concesionarios en el sentido más pleno de la palabra.
Es habitual que estas desviaciones y prejuicios se escuden en algunos lugares comunes que son aceptados, en general, sin discusión. Uno de ellos es que resulta más conveniente que los negocios sean desarrollados por empresas nacionales. Es un criterio muy discutible. Sobre todo porque renuncia de antemano a la capacidad, autoridad y autonomía del Estado para establecer y hacer valer reglas generales, es decir, válidas para autóctonos o foráneos.
Pero ese punto de vista se vuelve más controvertido cuando la sociedad en la que se lo promueve carece de especialistas en la producción de bienes o en la prestación de servicios que se está asignando con el criterio de la nacionalidad. Es lo que se ha verificado en estos tiempos de Kirchner. La supuesta ventaja del empresariado nacional sirvió como pretexto para otorgar responsabilidades delicadas, sobre todo en los servicios públicos, a un empresariado que no ofrecía antecedentes de idoneidad. Esa anomalía suele envolverse, para esconder su mala índole, en la engañosa bandera de la "argentinización".
La urgencia por contar, como sea, con una "burguesía nacional" no sólo presenta deficiencias lógicas. En estos años, tampoco ha funcionado en la práctica. Tal vez el caso más notorio sea el de la transferencia de una parte de YPF a Petersen Energía, una sociedad de propietarios argentinos, la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz y otros bancos provinciales.
La razón última por la que se había alentado la venta de esos activos a un grupo local fue que, de ese modo, se incrementaría la inversión petrolera. Pero sucedió todo lo contrario. YPF viene invirtiendo, si se comparan rentabilidades y precios de productos, mucho menos que en los años 90. Además, los socios se reparten en dividendos la mayor parte de las utilidades, sobre todo para que el grupo argentino pueda pagar con esos dividendos las acciones que compró. La antítesis del riesgo empresarial.
La superposición del supuesto interés nacional con el interés de un grupo de empresarios allegados al Gobierno tiene efectos nefastos para la construcción de una economía libre y pujante, porque amenaza seriamente la propiedad privada y deprime el clima de negocios e inversión.
El empresariado prebendario que se desarrolla bajo el imperio de estas prácticas adquiere vicios difíciles de desarraigar. En vez de estar atentos a las demandas de sus clientes y usuarios, los responsables de las compañías se vuelven más perceptivos a las expectativas y necesidades de los funcionarios, ya que son ellos, y no el mercado, quienes les asignan su porción de riqueza. El mérito es sustituido por los contactos y el emprendedor se transforma en lobbista.
Este régimen de prácticas les ha impuesto a muchos inversores internacionales la necesidad de contar con un socio local para moverse entre nosotros con menos dificultades. Se trata de uno de los signos más elocuentes del repliegue de nuestro país hacia el aislamiento. Indica que la Argentina ha renunciado a manejar su vida pública con arreglo a las pautas que rigen la economía civilizada. Supone que se trata de una sociedad en la que, para realizar operaciones convencionales, hace falta un traductor de códigos cifrados.
Este capitalismo de amigos, que oculta mal su fondo extorsivo, obliga a la ciudadanía a hacer frente a precios altísimos. En principio, porque el riesgo político que supone estar a merced del capricho de los funcionarios aumenta mucho el costo del capital y, por lo tanto, encarece las prestaciones que, de un modo u otro, paga siempre el público usuario o consumidor.
Pero hay un daño menos tangible. Las prebendas del empresariado, su contubernio con el poder político, refuerzan un viejo prejuicio nacional: la presunción de que, detrás de la creación de riqueza por parte del empresario hay algo espurio, hay un pecado. Tal vez sea ésa la mayor barrera que debe sortear la Argentina para, de una vez por todas, superar el ignominioso escándalo de la marginación y la pobreza de muchos de sus habitantes.
Perfil
La petrolera Repsol-YPF publicó hoy en la prensa una solicitada en la que acusa al diario de los Mitre de una "política extorsiva", luego que el diario había cuestionado una transferencia de acciones al sector privado y falta de inversiones. YPF divulgó que el presidente de La Nación S.A. le solicitó a través de dos cartas el retorno de publicidad para el diario. En los escritos, el matutino "acusaba de discriminación" y "amenaza de libertad de expresión" a YPF, según reveló esta empresa, por una medida que no aplicaba en otros medios escritos también críticos con el Gobierno.
El motivo de la falta de anuncios de la petrolera en La Nación surgió como respuesta a una reciente editorial titulada " Capitalismo de Amigos" (10 de julio) que publicó el diario. En el extenso artículo de opinión, La Nación acusó a los Kirchner de utilizar la "misma matriz mafiosa" en las grandes compañías de servicios y estatales para hacer entrar a sus "empresarios amigos".
El matutino cuestionó esa emergente "burguesía nacional" al servicio de la Casa Rosada y apuntó que "el caso más notorio es la transferencia de una parte de YPF a Petersen Energía, una sociedad de propietarios argentinos, la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz y otros bancos provinciales".
En ese caso, La Nación advirtió que "la razón última por la que se había alentado la venta de esos activos a un grupo local fue que, de ese modo, se incrementaría la inversión petrolera. Pero sucedió todo lo contrario. YPF viene invirtiendo, si se comparan rentabilidades y precios de productos, mucho menos que en los años 90".
A todo esto, Repsol-YPF señaló que "se ve obligada a responder los agravios editoriales" y encuadró el editorial de La Nación como "claro ejemplo de cómo el diario denigra a quienes no le son fieles avisadores". En el escrito la petrolera negó la disminución de inversiones en una serie de artículos e incluso aseguró que "el año 2008 fue el de mayor inversión de la última década".
